Tegucigalpa. Con el rechazo del conservador Partido Nacional, el Congreso Nacional derogó 19 fideicomisos lesivos contra la administración pública, adjudicados a bancos del sector privado, los fondos ahora pasarán a ser administrados por la Secretaría de Finanzas a través de la caja única de la Tesorería.
La subsecretaría de finanzas, Elizabeth Rivera, reveló que al menos 13 mil millones de lempiras son administrados mediante fideicomisos en los que no existe transparencia ni se conoce en qué se gastó parte del erario que se adjudicó, en su mayoría, a bancos nacionales.
En horas de la madrugada de este viernes, el Congreso aprobó con 76 votos a favor, 31 en contra, 1 abstención, 5 no votaron, derogar varios decretos legislativos que permitieron la creación de 18 fideicomisos que eran administrados por la banca.
Entre las normativas eliminadas está el Decreto Legislativo 205-2005 de la Ley de Tránsito que creó el Fondo de Seguridad Vial adjudicado al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).
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Además, el Decreto Legislativo 278-2013 y las reformas bajo el Decreto 290-2013 contentivas del aumento del 12 al 15% del Impuesto Sobre la Venta (ISV) que dio paso al fideicomiso de Reducción de la Pobreza, sin embargo, en la actualidad el 74% de la población vive en pobreza y de estos el 53,6% vive en extrema pobreza.
También, se eliminó el artículo 30 y 31 del Decreto 105-2011 contentivo del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional de la Tasa de Seguridad, el impuesto que se cobra a hondureños por diversas transacciones no se elimina solo que los fondos recibidos no serán administrados por bancos.
Asimismo, se derogó el Decreto 11-2020 del fideicomiso del Instituto de la Propiedad; el Decreto 15-2015 del Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño administrados al Banco Central de Honduras (BCH); el artículo 40 y 41 del Decreto 98-2007 que constituyó el fondo para el manejo de áreas protegidas y vida silvestre; el articulo 31 y 42 del Decreto 135-2008 del fondo para el fomento de la micro, pequeña y mediana empresa.
Otros fideicomisos eliminados son el de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras bajo Decreto 155-2015; el artículo 1 y 3 del Decreto 171-2018 referente al fideicomiso de mejoramiento de infraestructura y servicios públicos en Islas de la Bahía; artículo 2 del Decreto 158-2008 que administraba fondos de la Alternativa Bolivariana para América (ALBA); entro otros.
“En Honduras los fideicomisos han sido utilizados para saquear el Estado porque crean mecanismos paralelos a la Ley de Contratación del Estado, eludiendo las responsabilidades que establecen las leyes de carácter público”, expresó la congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena.
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En la nación centroamericana, los fideicomisos se convirtieron en la herramienta para malversar los fondos públicos, la compra fraudulenta de los siete hospitales móviles y siete plantas de tratamientos de residuos médicos que representó un perjuicio mayor a los 1,200 millones de lempiras se realizó mediante fideicomiso.
Otro caso que está vigente es la concesión a la Empresa Energía Honduras (EEH) que debía reducir las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por el contrario, las incrementó al 33%, sin embargo, se pagan millones de lempiras a través del fideicomiso.
“Los bancos ganaban millones de lempiras por administrar fondos del Estado, aquí el Partido Nacional les entregó el Estado a los bancos, los bancos se apoderaron del país, del gobierno, de nuestro dinero producto del pago de nuestros impuestos. Ya el negocio del Partido Nacional con la banca privada se terminó”, aseveró el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera.
El decreto de ley que se aprobó en el Congreso Nacional se presentó por parte del ministro de la Presidencial, Rodolfo Pastor de María, aprobado en Consejo de ministros del Poder Ejecutivo para extinguir los fideicomisos que menoscababan la administración central.
La Comisión de Presupuesto del Poder Legislativo dictaminó favorable la normativa que se aprobó con el rechazo de la bancada del Partido Nacional quienes justificaron que “no conocían del decreto” al tiempo que cuestionaron su aprobación en horas de la madrugada.
Invocando el Decreto Legislativo 8-2022 que declara emergencia fiscal y financiera del sector público, la normativa se aprobó en un único debate para permitir al gobierno de Xiomara Castro acceder a los fondos de los fideicomisos y la crisis heredada de la administración de Juan Orlando Hernández, que enfrenta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos.
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Según datos de la Secretaría de Finanzas existen unos 70 fideicomisos que se aprobaron durante los doce años de gobierno del Partido Nacional siendo el de Vida Mejor uno de los más lesivos al gastarse más de 40 mil millones de lempiras con la supuesta finalidad de reducir la pobreza que más bien incrementó.
La compra de los hospitales móviles que consumó una nueva estafa y por lo cual los actores materiales fueron declarados culpables de delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios se asignó a través de Bac-Credomatic, pago que realizó de manera directa la Secretaría de Finanzas al mando de la entonces ministra Rocío Tábora.
Una vez entre en vigencia la derogación de los fideicomisos, los fondos deberán ser administrados por instituciones públicas y no por entidades bancarias privadas siendo trasladados a la caja única del tesoro de la Secretaría de Finanzas.
Por su parte, la bancada del conservador Partido Libera exigió se nombre una Comisión Especial para que investigue y presente un informe detallado de quiénes manejaron esos fideicomisos, cómo y cuáles fueron las ganancias.
En tanto, el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, se comprometió que en las próximas semanas se nombrará la comisión con la intención que la ciudadanía conozca la verdad del manejo del erario a través de bancos.
