Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. – A través del Fondo Social Departamental, entre los años 2007 al 2018, se malversaron al menos 62 millones 280 mil lempiras, dinero que, en lugar de beneficiar a la población empobrecida con proyectos sociales, paró a los bolsillos de particulares a través de su desvío por supuestas ONG.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) fue incapaz de fiscalizar el desvío de fondos y otros entes liberaron las cuantiosas sumas sin pedir los requisitos necesarios, desconociendo los proyectos y si de verdad fueron ejecutados.
Según indican las indagaciones realizadas por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), se identificaron patrones en el manejo, ejecución y el control del dinero utilizado por más de 750 diputados en los últimos años.
Entre los hallazgos se destacó que, el Fondo Departamental se ha utilizado como una estrategia política clientelar, más no para su fin verdadero de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades empobrecidas.
Resulta penoso que, de 38 informes de auditoría, solamente uno estuvo libre de irregularidades administrativas o financieras, pero el Tribunal Superior de Cuentas únicamente inculpó de responsabilidad a seis proyectos.
Lo anterior evidencia la manipulación sistemática de los entes estatales, como ser el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas y el Tribunal Superior de Cuentas a partir de estos fondos que deberían usarse para labores sociales.
El mecanismo para uso de los fondos reúne las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo; asimismo de la presidencia del Congreso Nacional y los diputados y, además, entre políticos y activistas, a la vez, entre diputados y sus votantes.
Lea también: Red de diputados corruptos en Honduras podría ser de 140 y no 60
LA EVOLUCIÓN DEL FONDO DEPARTAMENTAL
A lo largo de los 15 años de vigencia de esta iniciativa del Poder Legislativo, el Fondo Departamental ha evolucionado. El primer Fondo para el Desarrollo, se estableció durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales en 2007, pero en ese entonces no era gestionado por el Congreso.
Hasta el 2008 el Legislativo inició a controlar quien accedía a los recursos, pero el meollo del problema empieza realmente luego del golpe de Estado de 2009. En 2011, los fondos eran controlados por el Congreso presidido por Juan Orlando Hernández, él determinaba a qué partido o partidos políticos los asignaba, siendo ese el principal riesgo, utilizarlo como una de las principales herramientas de concentración de poder del Legislativo.
Luego, en 2012 el Fondo de Desarrollo Departamental contó con un nuevo reglamento de aplicación de los recursos flojo y poco riguroso, el cual mencionaba que el ejecutor (diputado) debía presentar las liquidaciones a auditoría interna lo que rompe el principio de independencia del auditor, por lo que este termina convirtiéndose en coadministrador de los fondos.
La Secretaría de Finanzas es el actor que revisa los documentos del proyecto y los trabajos para ejecutarlos, pero esta tuvo numerosos fallos al desembolsar fondos cuando las ONG o los ejecutores no cumplían con los requerimientos legales.
Por su parte, el TSC no realizó las revisiones para determinar la existencia de conflictos de interés entre la ONG y el diputado que gestionaba los fondos, si existían lazos de consanguinidad o cualquier tipo de vínculos políticos o afinidades.
En los reglamentos de aplicación de los fondos se establecía que debían ser públicos y estar a la disposición de la población en el portal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sin embargo, en los informes disponibles, no había mención sobre los Fondos Departamentales que debió publicar el Congreso.
Además, las Comisiones Ciudadanas de Transparencia a nivel municipal, en lugares donde se habían ejecutado fondos, ni siquiera tenían idea de la ejecución de algún proyecto o sobre su obligación de supervisarlos.
De esa forma, se comprobó la falla sistémica de los controles institucionales.
Lea también: Fondo Departamental está vigente mientras Congreso no derogue ley especial aprobada en 2019
CONGRESISTAS Y LAS ARTIMAÑAS PARA DESVIAR FONDOS
Los departamentos que fueron auditados a través de los proyectos ejecutados son: Choluteca con seis proyectos por un monto de L.17,550,000 lempiras; El Paraíso con siete proyectos por un monto de 9,050,000 de lempiras; Francisco Morazán con nueve proyectos por un monto de 6,750,000 lempiras; Valle con nueve proyectos por 16,580,000.00 lempiras y Santa Bárbara con siete proyectos por 12,350,000 lempiras, sumando en total 38 proyectos por 62,280,000 lempiras.
No obstante, el único departamento con informes remitidos al Ministerio Público fue Francisco Morazán, donde seis de los nueve informes fueron elaborados por la misma persona. Todos los informes de auditoría fueron firmados y aprobados por el magistrado José Juan Pineda, cuando la presidencia del Tribunal Superior de Cuentas en 2019 estaba a cargo del magistrado Roy Pineda.
En las primeras auditorías especiales aparecen diputados que habían sido investigados, imputados y, en algunos casos, sobreseídos por delitos de corrupción, además se logró identificar a los diputados gestores de los proyectos, como ser un proyecto Fumigación y combate al dengue en los municipios de Marcovia, Morolica, Apacilagua, Namasigüe, San Isidro, San José y El Corpus en el año 2013, gestionado por el expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
Se encontró que se utilizaron ONG sin experiencia en obras de infraestructura vial para llevar a cabo proyectos de más de 8 millones de lempiras, además, los ejecutores de los proyectos no presentaron evidencia, como fotografías para demostrar el antes, durante y después de los trabajos, no hubo análisis respecto a las diferencias en la ubicación de los proyectos plasmada en papel al momento de solicitar los fondos y lo presentado al momento de liquidarlos
Por si fuera poco, se ignoraron las contradicciones entre lo encontrado por los auditores en el trabajo de campo y lo plasmado en los informes de auditoría especial que exoneraron de responsabilidad administrativa, civil y penal. Puesto que, al consultar a algunas de las alcaldías, estas aclararon que los trabajos no se habían realizado.
Lea también: Justicia reactiva caso “Red de Diputados” con el que la MACCIH inició lucha anticorrupción
RED DE DIPUTADOS
Para el 2018, debido al caso de corrupción “Red de Diputados”, se reformula el Fondo Departamental, esto sirvió para proteger la corrupción de los congresistas, se aprobó bajo Decreto Legislativo 141-2017 la reforma al Presupuesto General de Ingresos de 2018 y a la Ley Orgánica del Congreso Nacional que imposibilitó al Ministerio Público investigar a diputados, funcionarios, ONG, entre otros que manejaran recursos públicos mientras el TSC no emitiera un informe que confirmara si existe o no responsabilidad penal.
La “Red de Diputados” fue el primer caso de corrupción presentado por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en diciembre de 2017. Un tiempo después el exjefe del ente, Juan Jiménez Mayor, develó que estarían involucrados más de un centenar de congresistas y excongresistas.
El caso fue reactivado hace varias semanas y, este día, al culminar la audiencia inicial, un juez de letras designado dictó auto de formal procesamiento y arresto domiciliario contra los excongresistas y los representantes de una Organización No Gubernamental, implicados por el desvío de fondos para uso personal.
Los imputados son Héctor Enrique Padilla Hernández (Libre), Audelia Rodríguez Rodríguez (Libre), Augusto Domingo Cruz Ausencio (Democracia Cristiana), Dennys Antonio Sánchez Fernández (Libre) y Eleazar Alexander Juárez Saravia (Libre).
El octavo involucrado fue el Director Ejecutivo de la ONG, llamada Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), José Napoleón Panchamé, quien falleció en 2018. Además, Jeremías Castro Andrade actuó como tesorero y Geovanny Castellanos Deras como el gestor de operaciones.
Las investigaciones detallan que, los diputados y la diputada solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, los cuales eran entregados a la ONG y, esta, enviaba los fondos públicos a los diputados.
Los congresistas implicados recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la ONG. El ente recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por 3,300,000 lempiras el 14 y 21 de diciembre de 2015. En total, se trasladó a la ONG 8,300,000 lempiras, incluyendo fondos del Congreso.
Ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) señaló que el ente de justicia sigue con su labor de acuerpar la impunidad en beneficio de sus aliados corruptos, sobre todo, al librar de responsabilidad a Geovanny Deras también imputado en el caso “Arca Abierta” y sobreseído este día por la Corte Suprema a través de un juez natural.
Sobre Deras, el beneficiado que provocó perjuicios económicos para el país, el CNA explica que se debe a que este formó parte en 2105 de la sociedad denominada Inversiones Brus S.A. de C.V., junto al actual diputado, Juan Carlos Oliva Brizio, quien es hijo del expresidente del Congreso, Mauricio Oliva. Además, Castellanos Deras tenía firma autorizada en otras ONG que recibieron recursos públicos (MISCA, VOSOACS, AJOPADIH, FUNDAHCALP, APROKOPEH Y APAP) y fue directivo de CEPRODEL y PROHFODE.
🚨¡Atención! Ante la resolución dictada por el @PJdeHonduras en el caso «Red de diputados», el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) hace saber a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/AdU37DIlE6
— CNA Honduras (@cnahonduras) April 26, 2022
La ASJ agregó a la línea de tiempo de evolución de los Fondos Departamentales que, en 2019, se publicó en La Gaceta el Decreto 116-119 para la Ley Especial de fondos públicos.
En octubre de 2019, la MACCIH reaccionó con preocupación ante esto, mencionando que los contenidos de la Ley Especial para la gestión, asignación, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas sociales erosionaba el marco jurídico e institucional hondureños para la prevención y combate de la corrupción.
Además, la Misión agregó que la conocida como “Ley de Reactivación del Fondo Social Departamental” dificultaría las investigaciones por malversación de fondos relacionados con el bienestar social. Puesto que, la ley introdujo nuevos mecanismos para retrasar hasta siete años el inicio de las investigaciones por parte del Ministerio Público.
