Tegucigalpa. –La reactivación del llamado Fondo Departamental está causando polémica entre los mismos diputados, unos que aseguran que existen acuerdos para que estos dineros sigan siendo manejados por ellos, mientras el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, niega que se pretenda asignar los recursos financieros y asegura que su trabajo se encamina su derogatoria.
La polémica ha surgido luego que el diputado suplente del Partido Libre, Octavio Morales, revelara que se pretende otorgar un millón de lempiras a cada diputado propietario y medio millón a los diputados suplentes para ejecutar obras y proyectos sociales en sus comunidades, afirmación que confirmó el diputado propietario de ese mismo instituto político, Mauricio Rivera.
“Antes de salir de Semana Santa, en reunión de bancada, la junta directiva de la bancada anunció que se ha aprobado un fondo para los 128 diputados propietarios equivalentes en un millón de lempiras para obras y para los suplentes medio millón de lempiras para proyectos, esto va para los liberales, cachurecos, Partido Salvador de Honduras (PSH), Democracia Cristiana (DC), para todos; me imagino que también para la Junta Directiva”, expresó el también periodistas Mauricio Rivera en un espacio noticioso que conduce en el canal UneTV.
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Los fondos departamentales se consignan en la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Redición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, aprobada por el Congreso Nacional en octubre de 2019 durante la gestión presidida por Mauricio Oliva.
Lo anterior implica que mientras la normativa no sea derogada los diputados podrán solicitar recursos que, según los antecedentes, son fuentes de corrupción, apreciación que el presidente del Congreso, Luis Redondo, comparte.
El problema de los Fondos Departamentales va más allá de las contradicciones que pueden surgir entre los diputados que afirman se volverá a asignar fondos y los que lo niegan, debido a que el Congreso Nacional del periodo anterior aprobó el Decreto Legislativo 116-2019 que contempla la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Redición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales.
La normativa permite a diputados, funcionarios, directores, corporaciones municipales, Organizaciones No Gubernamentales, y cualquier persona natural o jurídica solicitar fondos con la supuesta finalidad de obras, proyectos o programas sociales, siendo el TSC el encargado de ejecutar las auditorías para el control de los recursos asignados.
Para blindar la ley, el conservador Partido Nacional aliado con el Partido Liberal, estableció, en el artículo 21, que cualquier reforma o derogación se requiere la votación de dos terceras partes de los diputados, es decir, 86 votos.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dijo este martes a periodistas, en horas del mediodía, que este año él mismo presentó un proyecto para que se derogue el Decreto 116-2019, “con el cual se ha hecho corrupción en el Congreso Nacional”. Pero, “para derogarlo, yo necesito o el pueblo necesita 86 votos, es decir, todos los votos de las bancadas o de parte de algunas de las bancadas para poder derogarlo”.
Aunque no brindó detalles, aseveró que para proceder a la derogación de la normativa ya ha pedido la opinión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Redondo aseguró que los diputados no seguirán manejando recursos, sin embargo, anunció la aprobación de una ley para que los congresistas se conviertan en gestores de proyectos que serán ejecutados por el Poder Ejecutivo.
Pese a que el mandato del Poder Legislativo se aleja de las ejecutorias de obras por ser una función especifica del Poder Ejecutivo, el presidente del Legislativo dijo escuetamente que los proyectos de servicio social que sean gestionados por los diputados “serán conocidos por todos. No va a ser que el diputado va a manejar dinero o va a comprar algo, pero si ser gestor de ese proyecto”
Mediante un mensaje en redes sociales el presidente del Poder Legislativo dijo en horas de la mañana que la asignación de desembolsos a través del Fondo Departamental era “falso” al considerarlo fuente de corrupción al tiempo que arremetió contra la administración anterior.
“¡No mentirás! octavo mandamiento. No se ha hecho ni se hará ningún desembolso a los diputados. ¡Fondo Departamental siempre fue corrupción! Aquí no es el mismo Congreso que criminalizó estudiantes. ¡Tampoco hay ni habrá desembolsos para tarifados!”, respondió sobre el tema.
El Fondo Departamental se creó en 2006, durante la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales, siendo Roberto Micheletti presidente del Congreso Nacional y se contempló en el presupuesto de la república.
Red de Diputados fue el primer caso de corrupción que presentó la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) en el que sindicó a cinco congresistas por haber desviado recursos del Fondo Departamental a cuentas personales y de familiares.
La investigación del ente anticorrupción detalló que los diputados se apropiaron de fondos públicos mediante el Fondo Departamental transferidos por medio de ONG´s.
Como artimaña para proteger la red de corrupción de los congresistas, se aprobó bajo Decreto Legislativo 141-2017 la reforma al Presupuesto General de Ingresos de 2018 y a la Ley Orgánica del Congreso Nacional que imposibilitó al Ministerio Público investigar a diputados, funcionarios, ONG´s, entre otros que manejen recursos públicos mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no emitiera un informe que confirmara si existe o no responsabilidad penal.
Lo anterior permitió que el caso Red de Diputados fuera engavetado hasta no tener un informe del TSC, situación que molestó al exvocero de la MACCIH, el peruano Juan Jiménez Mayor, quien develó que más de un centenar de diputados estarían involucrados en el desvío de fondos públicos por medio del Fondo Departamental, incluyendo a Mauricio Oliva, expresidente del Congreso (2014-2018 y 2018-2022).
El titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, en reiteradas ocasiones ha demandado del Congreso Nacional la derogación del Decreto 116-2019, calificado como un pacto de impunidad y corrupción, porque de lo contrario no se podrá avanzar en la investigación y judicialización de casos.
