Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-En los últimos 13 años el Poder Judicial de Honduras ha sufrido un enorme desgaste producto del control político, que hoy en día lo hace merecedor de la desconfianza del 76 por ciento de la población, cifra que podría haberse aumentado en los últimos meses de acuerdo a sus dudosas actuaciones.
Lo anterior es parte de los resultados del análisis ¿Independencia Judicial en Honduras? Balance de la situación y principales desafíos, elaborado por el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora, un abogado y máster Internacional en Protección de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá, España e investigador social.
Para la elaboración del análisis que se plasma en 40 páginas, Tábora contó con el patrocinio de la Fundación Friedrich Ebert y con los aportes del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC S-J), que mediante un estudio realizado en 2014, cuantificó que el 76 por ciento de la población hondureña desconfía de las actuaciones del Poder Judicial.
La cifra del estudio podría haberse incrementado en los últimos meses con las dudosas actuaciones de la Corte Suprema de Justicia y por las constantes denuncias de los mismos jueces y magistrados que aseguran que desde el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, se manipula la aplicación de la justicia, lo que se ha evidenciado con la separación irregular de varios jueces, que se resistieron a las presiones.
El investigador social, apuntó que el desgaste del Poder Judicial data desde el 2002 cuando se comenzó a instaurar una institucionalidad al margen de la ley, pero que poco a poco al ir ganando terreno se ha legalizado y antes lo que era una injerencia de hecho se ha convertido en una injerencia de derecho, porque ya es parte de la ley.
En virtud de lo anterior, podemos establecer que “en Honduras no hay independencia judicial por la injerencia de otros poderes del Estado”, dijo Tábora.
Añadió que actualmente el problema es grave porque esas injerencias ya están legalizadas, con la participación de la Corte Suprema de Justicia en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ya que esta estructura es una mezcla de seguridad pública, defensa nacional e inteligencia, que deben ser controlados.
Tábora consideró que esa mecánica de trabajo es una forma de concentración de poder que atenta contra la separación de poderes, el Estado de Derecho y la democracia misma.
Cuestionó que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, reúna en un solo organismo, al Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Poder Ejecutivo, a través del presidente de la República, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Poder Legislativo.
Además de lo anterior también tiene su órgano operativo a través de FUSINA y reúne a todos los entes operadores de justicia, por lo que deja de tener independencia en cualquier caso que se someta a su jurisdicción.
El también defensor de los derechos humanos, señaló que la Dirección de Inteligencia no puede estar sujeta al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, porque no tiene un controlador público, lo que hace que sus actuaciones se parcialicen con quienes ostentan el poder político.
Tábora consideró que la única manera para revertir el sombrío panorama es convocando a una Asamblea Nacional Constituyente, con la inclusión de todos los sectores o revisar ley por ley, pero este segundo escenario tardaría al menos cuatro años, por lo que la opción inmediata para instaurar el Estado de Derecho, es la primera propuesta.
Para Tábora, mientras no se celebre un pacto social a través de una Constituyente, todo seguirá igual o peor, e incluso todo seguirá siendo lo mismo con la integración de los nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, porque el proceso de selección responde a los mismos vicios del pasado, con el agravante que ahora hay un desmedido crecimiento en los niveles de corrupción.
EN HONDURAS HAY DEBILIDADES EN EL SISTEMA POLÍTICO
Por su parte, la coordinadora de programas de la Fundación Friedrich Ebert en Honduras, Jennifer Erazo, apuntó que esta institución está consciente de las debilidades del sistema político e institucional y democrático que enfrenta el país, producto del reciente golpe de Estado de 2009 y del golpe institucional que se gestó en contra de la Corte Suprema de Justicia, en diciembre de 2012, cuando se separó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Erazo consideró que la elección de los nuevos magistrados y magistradas del Poder Judicial, es un momento propicio para discutir como sociedad la necesidad de avanzar hacia una reforma integral del sistema de justicia que garantice un verdadero Estado de Derecho.
Señaló que la Fundación Friedrich Ebert le apuesta a un Estado democrático que garantice la independencia de poderes, para hacerle frente a la impunidad y a los niveles de corrupción.
Agregó que la propuesta de la Fundación ya ha sido compartida con bancadas de algunos partidos políticos y próximamente lo harán con sindicatos y otros sectores de la sociedad.
A Honduras le hace falta mucho para lograr una cohesión social que permita los cambios y transformaciones, porque siempre hay grupos apegados a sus intereses, “pero vamos caminando hacía ello”, añadió la coordinadora de programas de la Fundación Friedrich Ebert en Honduras, Jennifer Erazo, quien al mismo tiempo reconoció que con el movimiento social de los “indignados” o de las movilizaciones de las antorchas, ya se están dando algunos pasos.
No obstante, apuntó que es preocupante ver la represión del Estado en contra de aquellos grupos que protestan para reclamar sus derechos o simplemente por pedir la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad Honduras (CICIH), alejándose así la posibilidad de acercar posiciones o implementar un diálogo amplio.
