Tegucigalpa. –Tras las denuncias del festín de corrupción y abusos con los bienes en posesión de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), durante la administración del conservador Partido Nacional, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, considera que la dependencia debe volver a ser parte del Ministerio Público y no seguir adscrita a la secretaría que él rectora.
La OABI se creó en 2002 cuando el Congreso Nacional aprobó la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos siendo una dependencia del Ministerio Público (MP) con la facultad de velar por el cuidado y administración de bienes, productos o instrumentos producto de delitos.
Mediante Decreto Legislativo 113-2011, siendo Juan Orlando Hernández presidente del Congreso Nacional, se reformó la normativa y se estableció a la OABI como dependencia del Poder Ejecutivo bajo el mando de una secretaría de Estado que designe el presidente; posteriormente, se aprobó el Decreto Legislativo 144-2014 y se instauró como dependencia de la Secretaría de la Presidencia.
El nuevo titular de la OABI, Jorge Gonzales, denunció que en la administración del exdirector Francisco René Flores Bonilla, afín al conservador Partido Nacional, se ejecutó un festín de actos de corrupción y mal manejo con los bienes incautados producto de actividades delictivas.
Entre las denuncias se resalta que no existe documentación física ni digital de los últimos tres años.
Al respecto el exdirector de la OABI Francisco René Flores Bonilla dijo que la documentación se encuentra en la Unidad de Archivos, salvo la que ha sido requerida por los tribunales de Justicia.
Otra las denuncias del nuevo director de la institución es que se encontró 21 expedientes mediante los cuales Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, ordenó la venta directa de los bienes, evadiendo las dos subastas que manda la ley.
Otro hecho es que el exsecretario general de la OABI, el abogado Melvin Cerrato se quedó con siete vehículos de 13 que se incautaron durante un operativo, por lo que se presentó una denuncia en su contra en el Ministerio Público.
Gonzales afirmó también que se realizó la venta ilegal de crías de animales del zoológico Joya Grande que era propiedad del cártel “Los Cachiros”, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, a particulares con montos que superan los 40 mil dólares.
Además que el exviceministro de seguridad y exembajador de Honduras en Estados Unidos, Luis Suazo, con la supuesta justificación de “desarrollar un trabajo con la Secretaría de Seguridad”, solicitó un bien inmueble que al final utilizó para fines personales.
Asimismo, utilizó 59 bienes de todo tipo de los cuales regresó 19 utilizando el poder que se concentra en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que otorga poder absoluto al presidente de la república y a quienes lo integran.
DEMANDAS SOLICITANDO DEVOLUCIÓN DE BIENES
La OABI ha sido objeto de al menos tres demandas por bienes que han sido solicitados por sus dueños, pero no se conoce su paradero.
“La ley establece un procedimiento que si el bien fue vendido se entrega el producto por el que se vendió y si no existe ni lo uno ni lo otro, entonces el Estado tendría que responder al final”, manifestó Gonzales.
Los bienes de los cuales no se conoce paradero alguno son un vehículo y un producto financiero propiedad de la poderosa familia Rosenthal. Los primos Yani y Yankel fueron condenados en Estados Unidos por delitos relacionados con la narcoactividad, sin embargo, cumplieron su pena y retornaron a Honduras.
OABI DEBE VOLVER A LA FISCALÍA
El titular de la Secretaría de la Presidencia concuerda que se debe retornar la OABI a las riendas de la fiscalía al considerar que durante el régimen de Hernández se cometieron abusos y actos de corrupción.
“Coincido con esa propuesta que la OABI debería de retornar a su cause y origen institucional, no tiene nada que estar haciendo adscrita a la Secretaría de la Presidencia, dijo Rodolfo Pastor de María en una entrevista con Criterio.hn.
“En el momento de la dictadura, se utilizaba, en algún momento, para tener algún tipo de influencia sobre esa oficina y ese ya no será el caso. No tengo ningún interés que esto siga adscrito a la Secretaría que me han encargado, sino que tiene todo el sentido del mundo que regrese a fungir como una institución que tiene a su cargo eso de administrar bienes que han sido Incautados como resultados de un proceso de investigación y justicia y que esa administración de esos bienes sea transparente, sea eficiente, que busque hacer un uso racional de esos recursos”, expresó el funcionario.
Según Pastor, en su administración no habrá injerencia alguna más que hacer las transferencias de los fondos, al tiempo que recordó que durante los gobiernos de Hernández “la OABI se prestó para todo tipo de abusos y para utilizar esos recursos para beneficios oscuros, discrecional del poder”.
Para el ministro asesor en materia de transparencia y combate de la corrupción y exfiscal de la república, Edmundo Orellana, “lo importante no es de quien dependa la OABI sino quien la administre”.
CONGRESO NACIONAL PODRÍA NOMBRAR COMITIVA
El congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, anunció que presentará una moción para nombrar una comisión especial que investigue la situación de la OABI tras el rosario de denuncias.
“Esa OABI fue una piñata que hicieron y causará muchas demandas y acá habrá que investigar a los funcionarios y a los beneficiarios de semejante corrupción… hechores y corruptos tienen el mismo peso”, reprochó.
Entre tanto el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, indicó que se debe fortalecer la OABI por su responsabilidad de confiscar bienes y administrarlos, pero someter a sus funcionarios a controles más severos para reducir los actos ilegales.
Asimismo, manifestó que esperará las medidas que establecerá el Poder Ejecutivo frente a la malversación de los bienes en la administración anterior y, de esa manera, con un diagnóstico la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional pueda, a través de reformas, fortalecer la institución.
Cabe indicar que el pasado 31 de marzo el Ministerio Público acusó a Flores Bonilla por cuatro delitos de violación de los deberes de los funcionarios por negarse a cumplir resoluciones judiciales en las que se ordenó entregar bienes asegurados a terceros.
