Tegucigalpa. En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte (NALS, por sus siglas en inglés), más de 70 organizaciones de sociedad civil exhortaron a los presidentes Andrés Manuel López Obrador, México; Joe Biden, Estados Unidos; y al primer ministro Justin Trudeau, Canadá; poner en el centro de sus conversaciones una visión regional de la migración, de los derechos humanos y de la protección humanitaria.
A través de una carta dirigida a las tres administraciones, las agrupaciones pidieron a los países trabajar de la mano para que «amplíen las oportunidades de acceso a la protección internacional y crear rutas alternas en la región, sin obstaculizar ni restringir el derecho a solicitar asilo en las fronteras y puertos de entrada».
Esta actuación, manifestaron debe a la vez complementar esfuerzos para resolver las causas de la migración regional, que incluyen temas que van desde derechos humanos, corrupción y violencia contra grupos vulnerabilizados como la niñez, mujer y las poblaciones LGBTIQ+, afrodescendiente e indígena, así como quienes sufren el impacto del cambio climático.
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Las organizaciones firmantes se mostraron preocupadas porque pese a compromisos declarados por las administraciones en relación a favorecer una gestión de migración segura, humana y ordenada que defienda y apoye el respeto de los derechos humanos; «las políticas y prácticas migratorias recientes de Estados Unidos y México son muestra de un sistema cruel, ineficiente e ilegal basado en la disuasión que viola y menoscaba el derecho internacional de los derechos de las personas solicitantes de asilo y los derechos humanos».
Para el caso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, señalaron que ha seguido los pasos de su antecesor Donald Trump, al continuar usando de «manera indebida la salud pública como pretexto para continuar con las expulsiones bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos»; obstaculizando ilegalmente a las personas la solicitud de protección en los puertos de entrada, regresándolas a una situación de peligro en México y en sus países de origen, en lugar de permitirles tener acceso a la protección en Estados Unidos.
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En la misiva, remarcaron que las organizaciones de sociedad civil han dado seguimiento a más 7,647 reportes de secuestros y otros delitos violentos contra personas a quienes se les bloqueó su derecho a solicitar protección o que fueron expulsadas bajo el «Título 42», todos números de la administración Biden.
A esto sumaron, los vuelos de expulsión a Centroamérica y Haití, violentando derechos nacionales e internacionales. Solo de personas haitianas, calcularon la expulsión de unas 8,500 personas en más de 80 vuelos desde finales de septiembre, la mayoría bajo el «Título 42». Así como los casos recientes de abuso y conductas indebidas por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y de las autoridades migratorias mexicanas y agentes de seguridad.
En resumen, manifestaron que expresar y reconocer la necesidad de proteger los derechos humanos y la seguridad de las personas migrantes, sin dedicar acciones concretas para ese fin es un mal común en la región, que resulta particularmente desalentador viniendo de Estados Unidos y las intervenciones que ha realizado en países como Haití a lo largo de los años.
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La Cumbre de Líderes de América del Norte se realiza en medio de una creciente frustración hacia la administración Biden por parte de las organizaciones con respecto al tratamiento de las personas que buscan protección en la frontera de los Estados Unidos y la continuación de las políticas fronterizas de la era Trump.
