Tegucigalpa. La Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento definitivo dictado contra un agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y un expolicía, quienes son acusados por los delitos de inutilización de registros y falsificación de documentos públicos destinados a servir como medios de prueba en la investigación del asesinato de la ambientalista y líder indígena, Berta Cáceres.
Se trata del agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Juan Carlos Cruz, y el expolicía, Miguel Arcángel Rosales Izcano, a quienes en junio pasado se les favoreció con sobreseimiento definitivo tras la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Sin embargo, la Corte revocó la sentencia y ordenó continuar con el proceso en contra de Cruz y Rosales Izcano.
Ambos acusados fueron asignados a la investigación del crimen de la ambientalista Berta Isabel Cáceres y de acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ), intentaron adulterar el curso de las circunstancias que rodearon el hecho en las primeras investigaciones.
Según la FEEFS-SJ, tanto Cruz y Rosales Izcano fabricaron pruebas, siendo una de ellas la declaración de un supuesto testigo protegido y la adulteración de una grabación, según publicó mediante un comunicado el Ministerio Público.
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El documento recordó que tras el asesinato de la ambientalista en marzo de 2016, se informó que «el móvil del crimen estaba vinculado al robo». Sin embargo, las investigaciones realizadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) descartaron ese extremo luego que se realizaron las primeras capturas que incluyeron la del gerente de la empresa Desarrollo Energéticos SA (DESA), Roberto David Castillo, hoy condenado a titulo de coautor del asesinato de Cáceres.
Según la información proporcionada por el Ministerio Público, las investigaciones de la ATIC está sustentada a través de pruebas técnicas científicas al realizar los análisis y pericias respectivas al arma con la cual le quitaron la vida a la líder indígena, así como las relacionadas a la interceptación de comunicaciones con control jurisdiccional.
El Ministerio Público destacó en su comunicado que a la fecha -a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la ATIC- se reportan la condena de ocho personas implicadas en el asesinato de la ambientalista. De la cual, señaló que la última fue el gerente de DESA, Roberto David Castillo Mejía.
Es importante resaltar que mientras el Ministerio Público considera a Castillo Mejía el «autor intelectual del crimen», el Tribunal de Sentencia le condenó culpable a título de coautor del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. Un detalle importante, especialmente cuando el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) ha declarado que el juicio contra Castillo es el inicio del juzgamiento contra autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres.
A más de cuatro meses del fallo condenatorio contra David Castillo, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal sigue sin dictar condena. Por lo que tanto el Copinh como la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres han urgido al Tribunal a que emita la sentencia conforme al fallo condenatorio.
