Tegucigalpa.- Once organizaciones nacionales e internacionales expertas en la defensa de derechos humanos presentaron un escrito amicus curiae a favor de los ocho defensores de los ríos Guapinol y sector de San Pedro, quienes permanecen bajo prisión arbitraria desde hace más de 26 meses.
El documento dirigido a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechaza «la injusta y extensa detención preventiva de los activistas de derechos humanos» y defensores de las fuentes de agua del Parque Nacional Carlos Escaleras, amenazado por la implementación ilegal de las minas de óxido de hierro a cielo abierto.
La abogada del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, Claudia Hermannsdorfer, dijo a Criterio.hn que el amicus curiae presentado abarca temas relacionados a estándares internacionales sobre garantías judiciales y derecho de defensa, y es en apoyo al expediente de amparo que presentó la defensa de los defensores del río Guapinol.
«Como todos y todas saben, desde los inicios de esta acción penal contra los defensores, que es una criminalización de la protesta, está ha estado plagada de una serie de violaciones al debido proceso sobre todo. Y esas violaciones al debido proceso penal han sido ratificadas por la Corte de Apelaciones de Jurisdicción Nacional», compartió la abogada Hermannsdorfer.
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La profesional del derecho explicó que actualmente el amparo presentado por la defensa está en manos de la Sala de lo Constitucional. A través del amicus curiae las organizaciones involucradas presentan ante dicha Sala, «argumentos jurídicos para que enmiende todas estas violaciones que se han dado y que se dé una debida protección jurídica a los defensores y que tengan acceso a los recursos legales en debida forma».
ARGUMENTACIONES DEL AMICUS CURIAE
El amicus curiae argumentó que la extensa detención preventiva ha violado los derechos humanos constitucionales e internacionales de los defensores. Pese a ello, los tribunales hondureños han rechazado repetidamente los intentos de liberar a los defensores, como ocurrió recientemente mediante una decisión del Tribunal de Sentencia de Trujillo del 27 de octubre de 2021.
La argumentación del amicus resaltó los hallazgos del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que investigó el caso y encontró que la detención de los Defensores de Guapinol carece de base legal, viola las normas internacionales y debe ser revertida inmediatamente.
Sin embargo, pese a estos hallazgos, el Poder Judicial de Honduras ha hecho caso omiso de estas conclusiones y está tratando de criminalizar la protesta social legal en un esfuerzo por restringir las libertades de expresión política y de reunión colectiva.
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El documento resaltó que el Ministerio Público de Honduras no ha presentado pruebas que conecten a los defensores con los supuestos delitos ocurridos durante la protesta, lo que supone una violación de sus derechos a la protección judicial y al debido proceso.
«La prolongada detención preventiva viola el principio internacional de que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Esto se debe a que la detención irrazonablemente extensa y sin juicio, es una condena avanzada a los Defensores antes de que se les conceda una oportunidad de defenderse en un tribunal», lee el comunicado.
Sumado a esto, el amicus señaló que los defensores de Guapinol «fueron acusados erróneamente de incendio agravado en virtud de una versión caduca del código penal de Honduras», con el propósito de «aplicar ilegalmente delitos con sentencias más largas para justificar su extensa detención preventiva».
A manera de cierre el documento remarcó que la Sala de lo Constitucional debe revisar estos cargos para que Honduras cumpla con los principios internacionales, «con la esperanza de que Honduras, actual Estado miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, comience a reconocer sus obligaciones internacionales en la materia y remedie la injusticia que se ha impuesto a los Defensores Ambientales de Guapinol».
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¿QUÉ SIGUE?
El juicio contra los ocho defensores de Guapinol está programado para ser conocido por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba a partir del 1 de diciembre de 2021, luego que los jueces Ricardo Rodríguez Barahona, Henry Duarte Zaldivar y Franklin Marvin Arauz Santos decidieron trasladar la sede del juicio de Tocoa, Colón, a La Ceiba, Atlántida.
La acción fue decidida por el Tribunal alegando que las consignas de los manifestantes interrumpieron la audiencia de revisión de medidas y bajo el considerado que el Tribunal de Tocoa solo tiene un acceso. Una acción que la organización Guapinol Resiste tiene como propósito impedir la protesta pública destinada a exigir publicidad, transparencia y garantías del debido proceso.
Las organizaciones que respaldaron el amicus curiae son: International Human Rights Clinic, University of Virginia School of Law; CIVICUS; Equipo Jurídico por los Derechos Humanos; Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ); Clínica de Derechos Humanos, Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa; Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR); la Fundación Para el Debido Proceso; Protección Internacional Mesoamérica; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -Dejusticia; Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el FIDH, en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos; y el Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
