Tegucigalpa.- Luego de que el Tribunal de Trujillo, Colón, determinó que los ocho defensores de Guapinol continuarán bajo detención ilegal, familiares y organizaciones involucradas en la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro denunciaron la complicidad del presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, con la empresa Inversiones Los Pinares y su propietario Lenir Peréz.
Durante la conferencia de prensa, la defensora del agua y pareja de uno de los detenidos, Juana Zúniga, recriminó: «Argueta nos muestra la complicidad con la empresa Inversiones Los Pinares» y lamentó que la misma mantenga en prisión a sus compañeros.
Mientras que a los jueces Franklin Marvin Arauz Santos, Ricardo Geovanny Rodríguez Barahona y Henry Geovany Duarte Zaldivar del Tribunal de Trujillo, reprochó no tener «el valor para salir al frente y decirnos a los familiares cuál había sido la resolución. Es lamentable cuando gente así, corrupta nos sigue gobernando».
Esto en relación a que esperaron dos días para emitir la resolución, pese a conocer cuál sería la misma y que legalmente debieron emitir una resolución un día después de la audiencia de revisión de medidas, según señaló previamente el abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tabora.
Zúniga dijo que anteayer -miércoles, 27 de octubre- «fue un día de felicidad al ver a nuestros compañeros con sus madres» y familiares. Con la «esperanza de que por fin existiera justicia, que por lo menos ellos podrían defenderse en libertad». Sin embargo, «hoy nos demuestra este Tribunal de Sentencia, la corrupción que se anida en nuestro país. La complicidad con la empresa Inversiones Los Pinares».
La defensora declaró que el Estado hondureño ha infringido «profundas heridas» y dolor al mantener la medida de prisión «preventiva» contra los ocho defensores de Guapinol. No solamente por quienes guardan un encarcelamiento ilegal sino también por las madres que lloran a sus hijos y sus propias hijas que lloran por su padre.
«Aquí estoy de frente y esas lágrimas que mis hijas han botado hoy, me van hacer más fuerte para seguir luchando por nuestros compañeros», manifestó Zúniga a los medios durante la conferencia de prensa realizada en Olanchito, Yoro, donde guardan detención arbitraria los ocho defensores.
Más tarde, la organización Guapinol Resiste mediante un comunicado reforzó la acusación de confabulación entre Rolando Argueta y Lenir Pérez como el motivo detrás de que se mantenga a los defensores en detención ilegal, mediante una sentencia que calificaron «sin ningún fundamento jurídico».
«El fallo, que llega con un día de retraso después de una audiencia de revisión de medidas de prisión preventiva, muestra una vez más no sólo la falta de independencia judicial sino la profunda complicidad entre las más altas instancias del poder judicial hondureño y los intereses económicos ligados a la élite gobernante y al poder ejecutivo», lee el comunicado.
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Los ocho defensores del agua perjudicados por la decisión judicial son: Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnold Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz.
Todos en detención ilegal desde hace 26 meses, excepto Jeremías Martínez Díaz, quien ya cumplió 35 meses. El Ministerio Público les acusa por los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad en perjuicio de la minera Inversiones Los Pinares S.A. de C.V. y Santos Hernández Corea.
ARGUMENTOS JURÍDICOS QUE NO CUADRAN
El abogado Edy Tabora del Bufete Justicia para los Pueblos, una de las organizaciones involucradas en la defensa de los ocho ambientalistas, declaró durante la conferencia de prensa que los argumentos emitidos por los jueces del Tribunal de Trujillo, Colón no convencen ni cambian el criterio «de que los compañeros están en una detención ilegal, en una detención arbitraria»
Primero porque la resolución emitida violó el derecho a que se resuelva con celeridad las peticiones de una persona sometida a un proceso judicial. Segundo, porque sin importar quienes sean los jueces o el escenario, estos siempre evitan pronunciarse sobre los planteamientos realizados por la defensa legal de los ocho defensores.
Tampoco se refirieron -dijo Tabora- a por qué guardan prisión «preventiva» cuando los acusados se presentaron de forma voluntaria. «En innumerables casos las Cortes de Apelaciones, los Juzgados de Letras, los Tribunales de Sentencia, han resuelto que la sola presentación voluntaria es un elemento suficiente para eliminar el peligro de fuga».
Menos aún tomaron en cuenta la resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas que «ordenó tres cosas al Estado de Honduras: que los dejen en libertad, que reparen el daño causado por las ilegalidades y que además investiguen a los funcionarios públicos, jueces y fiscales, que han promovido y mantenido la prisión preventiva a los compañeros durante 26 meses», expresó Tabora entre otros argumentos.
Honduras recientemente fue postulada y elegida Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una contradicción que se esperaba presionaría al cumplimiento de resoluciones postergadas, como la de Guapinol.
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A criterio de Tabora, el Juzgado de Trujillo, Colón, «en una grave omisión a sus obligaciones constitucionales, emitió una sentencia anticipada» al argumentar que la pena a imponer a los ocho defensores «es sumamente alta y que por lo tanto no se van a presentar al juicio».
Esto, de acuerdo al profesional del derecho indica que «no existe ninguna garantía judicial para realizar un juicio que está programado del 1 al 10 de diciembre de este año 2021».
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Finalmente, en el comunicado de Guapinol Resiste, la organización señaló que la próxima semana se celebrará la Cumbre Mundial del Clima (COP26) donde se espera que Honduras solicite Fondos Climáticos Verdes. Sin embargo, subrayó que para tomar medidas efectivas contra el cambio climático, «Honduras debe empezar por proteger a las personas defensoras del medio ambiente y su esencial labor de protección de los recursos naturales y los bienes comunes amenazados por el extractivismo, no encarcelarlos».
