Tegucigalpa. Más de ciento veinte horas han pasado sin que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) se pronuncie en relación a las reformas al Código Penal que aprobó el Congreso Nacional y que están enfocadas a encarcelar hasta por diez años a la ciudadanía que ejerza el derecho a la protesta por cualquier circunstancia.
En comunicación telefónica con Criterio.hn, la titular del CONADEH, Blanca Izaguirre manifestó que había un pronunciamiento redactado que aún no había sido divulgado debido a que se encontraba fuera del país. Cabe destacar que las publicaciones institucionales desde redes sociales relacionadas a capacitaciones, reuniones, alertas sobre la falta de pago al personal del Registro Nacional de las Personas y atentados contra figuras políticas han continuado.
Sin embargo, no hay una sola mención sobre la hermética sesión virtual en la que el Congreso Nacional aprobó el pasado jueves 7 de octubre -durante el feriado morazánico y a pocas horas de un partido de fútbol- una avalancha de reformas que atentan contra los derechos ciudadanos y favorecen la impunidad en Honduras.
Contraviniendo de esta forma su mandato y atribuciones dictadas por la Constitución de la República en su artículo 59 que dicta que el CONADEH debe «garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución”. La misma Constitución que en su artículo 3 avala el derecho del pueblo a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.
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Más temprano, el Ministerio Público emitió un pronunciamiento parcial refiriéndose únicamente a las enmiendas relacionadas al delito de lavado de activos, dejando a un lado el resto de reformas, especialmente las que atentan contra los derechos de la ciudadanía.
El experto en derecho constitucional y derechos humanos, Joaquín Mejía, planteó a Criterio.hn que mediante este comunicado «el MP solo está planteando lo que le afecta», quien debe pronunciarse sobre la vulneración a los derechos humanos es el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH).
