Tegucigalpa.- La lucha por mantener la democracia en un país carcomido por la corrupción y el crimen organizado es el mayor reto que tiene Honduras, ya que, desde el 2009 han presentado irregularidades en el proceso electoral primario y el general que esta por realizarse.
En un informe del Proyecto para la Integridad Electoral calificó las elecciones del 2017 como de baja calidad. Esto producto del entorno que se ha construido dentro del proceso, es decir, el irrespeto al estado de derecho, la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional y la figura de la reelección.
Las irregularidades fueron evidenciadas por las misiones de observación electoral al punto que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, pidió que se repitiera el proceso, algo fuera de lo común en un organismo internacional.
Además, en ese mismo año se implementó una legislación electoral hondureña con la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a partidos y candidatos conocida como Política Limpia.
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De acuerdo con el informe publicado por el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), sobre las propuestas la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, los vacíos políticos de la ley se establecen en cuatro ámbitos: la prohibición de las fuentes financieras ilícitas; la prohibición de fondos públicos, la publicidad electoral y las deficiencias que presenta la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Asís Castellanos, investigador del Cespad, mencionó a Criterio.hn que el impacto que tuvo la Unidad de Política Limpia en las elecciones generales del 2017 fue limitado, no contó con el presupuesto necesario afectando la capacidad de instalación logística, por otra parte, el papel que tuvo esta unidad responde a un diseño institucional de la misma unidad y a una decisión política del partido de gobierno.
Este tipo de acontecimientos ha despertado a organizaciones que pretenden llevar un mejor control de las elecciones como es el caso del Frente Nacional para Elecciones Limpias, organismo que cuenta con 12 organizaciones y mediante un comunicado manifestaron que su principal visión es ser el auditor social electoral.
“Esta alianza, aunque no trae la solución ante los graves problemas que aquejan a Honduras, sienta las bases para que con confianza y credibilidad sigamos sumando esfuerzos para fortalecer el proceso electoral y profundizar nuestra democracia” expresó el representante del FRENAEL, Guillermo Valle.
Se estima que para mejorar las áreas de acción de la Unidad de Política Limpia es necesario una supervisión independiente del financiamiento de los partidos políticos y, principalmente, asegurar el cumplimiento de la Ley de Política Limpia, por parte de los partidos políticos y candidatos, en el ámbito de rendición de cuentas y levantar el secreto bancario para los partidos políticos y sus candidatos/as.
Además, la ley establece que los candidatos deben abrir cuentas bancarias de uso exclusivo para el financiamiento de sus campañas, con el objetivo de conocer el destino y gasto de los fondos utilizados, pero, esto no garantiza un proceso transparente ya que en muchas ocasiones los aspirantes ni siquiera cuenta con un registro tributario para constatar los fondos con que se financia su campaña.
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La investigación del Cespad también detalla que la Unidad de Política Limpia sigue presentando las mismas dificultades que las elecciones pasadas y solo, “dos mil cien de los cinco mil precandidatos/as a cargos de elección popular cumplieron el requisito de bancarización. Ante el incumplimiento de la ley, y la ausencia de mecanismo para que se acate la disposición, la Unidad se vio en la obligación de ampliar el plazo de registro del 28 de febrero al 8 de marzo”.
En octubre de 2019 la periodista Thelma Mejía escribió: “Hasta ahora, la Unidad de Política Limpia no nos ha dicho cuánto costó la campaña electoral de 2017, ha entregado certificados de cumplimiento de gasto de campaña, según la tabla por ellos estimada, pero esos costos parecen irrisorios en función de lo que trasciende”. Esa afirmación sigue teniendo vigencia porque el mencionado informe nunca se dio.
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El analista sociopolítico, Rafael Jerez, mencionó al medio que la ley logró generar un efecto disuasivo cuando fue creada, porque los candidatos que compitieron no estaban familiarizados con el alcance y la fortaleza administrativa de la unidad.
“Realmente no sabían que tanto se les iba a fiscalizar y sancionar, pero ya para este proceso electoral, los candidatos conocen bien cómo funciona la unidad y como no se ha impuesto una sanción y se ha comprobado la debilidad institucional, digamos que ese temor por ser sancionados disminuyó” expresó, Jerez.
“Las elecciones las pagamos todos cuando salen mal es como si desperdiciamos un bien público en procesos electorales que no sirvieron para elegir representantes”, enfatizó Jerez.
En los últimos meses el Congreso Nacional aprobó mil millones de lempiras al CNE para el manejo de la transmisión de resultados, lo que hace aun más caro el proceso eleccionario de noviembre próximo.
Por otra parte, un punto clave para tener elecciones transparentes y eficaces es la forma en que se pueda organizar el CNE el día de las elecciones y además contar con un plan que logre mitigar cualquier irregularidad que se podría presentar en el proceso de elecciones.
Jerez finalizo diciendo que, el problema es la parte de la fiscalización, las empresas concesionarias del Estado que tiene conflicto de interés o que reciban pagos de servicios pueden financiar campañas y eso permite continuar teniendo contratos en sectores públicos como en la energía, por ejemplo, e inclusive en el manejo de hospitales.
