Tegucigalpa. En su último pronunciamiento titulado «Clientelismo: El Lucro Político que Convive con la Pobreza», el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) deja claro que el problema en Honduras no es la asistencia social sino el clientelismo político, disfrazado del primero y cuyo gasto suele dispararse en el marco de los procesos electorales.
Para el caso, el Fosdeh ejemplifica el problema con la situación actual donde hay una clara disyuntiva entre bienestar social y el clientelismo. Programas en los que se esperaría que fuesen dirigidos a departamentos que a lo largo de la historia presentan mayores niveles de pobreza, son concentrados en los departamentos que poseen mayor carga electoral favorable al gobierno de turno, como la zona centro y sur del país.
«La proximidad del proceso electoral enfatiza en la regionalización de programas hacia aquellos departamentos que poseen mayor carga electoral favorable al gobierno», plantea el Fosdeh. En pocas palabras, subraya las contradicciones estructurales en la dirección de los programas asistenciales y cómo la población votante se antepone a la población vulnerable.
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Un ejemplo de este accionar, apunta la organización de sociedad civil es el programa Bono Vida Mejor, el cual para el primer trimestre de 2021 mostró cifras que alcanzaban un monto de L. 22,470.73 millones de inversión en Francisco Morazán; sin embargo, departamentos como Gracias a Dios y Ocotepeque con limitado desarrollo económico se ven excluidos de estas iniciativas.
Y este enfoque no cambió a partir de los desastres naturales. De hecho, el Fosdeh elaboró un cuadro en el que muestra cómo al programa de Bonos Vida Mejor del Gobierno nacionalista de Juan Hernández, en el que se ejecutó un total L 108,998.49 millones, destinó un 21% al departamento Francisco Morazán, seguido Yoro con 15% y Cortés con un 12%.
INCREMENTOS IRREGULARES DEL GASTO SOCIAL EN PERIODOS ELECTORALES
El clientelismo político no es nuevo, ni fue inventado por el actual partido gobernante aunque no se puede negar que desde 2010 la iniciativa ha crecido y transformado.
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Los datos del Fosdeh indican que a partir de 2010 los montos destinados al gasto social han ido en incremento año con año; principalmente en aquellos períodos que contemplan la proximidad de un nuevo proceso electoral.
«En el año 2013, contiguo a un nuevo proceso electoral, el gasto social alcanzó el 30.3% del presupuesto aprobado para este año. Posteriormente en el año 2017 se realizó una inversión de L 50,352,60 millones, es decir un (22.02%)», al final el Fosdeh lanza la interrogante «¿es gasto o inversión social?».
Este cuestionamiento toma especial importancia más adelante cuando Fosdeh subraya que en «el año 2021 se da la mayor inversión social en términos nominales que se ha realizado en los últimos 10 años, esto debería dar indicios de las mejoras en el desarrollo del sector educativo, sanitario y laboral». Sin embargo, denota que «a simple vista» se evidencia que esta no fue favorable en 2021.
LA INEFICIENCIA DE LOS PROGRAMAS INSTRUMENTALIZADOS Y POSIBLES SOLUCIONES
En su conclusión, el Fosdeh indica que los programas y proyectos son precisos para el desarrollo social y humano del país, pero no así cuando estos son instrumentalizados como un medio de campañas político-partidistas recurrentes.
«La instrumentalización del gasto social para campañas político-partidistas se muestra como un fenómeno recurrente; dado que, la medición del alcance de los programas no ha examinado como parte de sus proyectos la generación de indicadores consistentes, pese a que son más de 20 los programas a nivel nacional; esto brinda una idea de lo ineficiente que se vuelve el gasto sin calidad de inversión», cita el documento.
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Entre sus recomendaciones, el Fosdeh aconseja la creación de un mecanismo de seguimiento a los programas de asistencia social, en conjunto con la realización de estudios enfocados a identificar aquellas zonas del país que requieren un mayor monto en el gasto social; con el fin de erradicar los rasgos clientelares en los beneficios otorgados a la población.
Asimismo, promueve la creación de un sistema de información integrado que proporcione los mecanismos de participación ciudadana necesarios en la valoración de los programas asistenciales y su utilización como medida para el desarrollo humano.
