Texto: Aimée Cárcamo
Fotografías: Fernando Destephen
Diseño gráfico: Guillermo Burgos
Tegucigalpa. –El caso de la estudiante de 17 años Riccy Mabel Martínez puso en el ojo público la violencia más extrema que sufren las mujeres en Honduras, el femicidio.
El pasado 13 de julio se cumplieron 30 años de la muerte violenta de la estudiante de la desaparecida Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, violada y asesinada con saña por militares en un caso en el que también primó la impunidad.
“Fue el femicidio que marcó un precedente, sobre todo para la lucha en contra de las muertes violentas de mujeres”, dijo a Criterio.hn la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de Mujeres (CDM), Helen Ocampo.
No obstante, estos crímenes “con los años se han ido normalizando más”, agregó.
Entre 2011 y 2020 se registraron 4,707 muertes violentas de mujeres, según el CDM.
“Es un dato escalofriante y enorme”, además de que estos hechos “se han seguido normalizando en los medios y no se está haciendo nada al respecto”, lamentó Ocampo.
Más bien, el Congreso Nacional disminuyó en el nuevo Código Penal, vigente a partir de junio de 2020, las penas por delitos contra mujeres, entre ellos el femicidio, cuyo castigo se redujo de entre 30 y 40 años de cárcel a entre 20 y 25.
“Eso lo que evidencia es cómo se prioriza o no se prioriza dentro del Estado el bienestar de las mujeres” y en lugar de “eficientar los procesos de investigación y de justicia se reducen las penas”, expresó la defensora del CDM.
Queda evidente entonces la “poca voluntad política” que hay para atender las necesidades de este segmento de la población, incluyendo la justicia, la educación, la salud y las posibilidades para desarrollar una vida “un poco más plena”, amplió.
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Para la abogada Gracia Bertrand, con la reducción de las penas por agresiones y femicidios el nuevo Código Penal violenta “el principio de progresividad de los derechos humanos” y también las conquistas históricas de las mujeres.
La violencia contra estas debe juzgarse con perspectiva de género, la cual no quiere decir que se está discriminando a los hombres, explicó la exjueza de Sentencia.
Históricamente han sido marginadas por la sociedad, por el machismo, por la misma violencia estructural y los operadores de justicia deben tener esa conciencia social a la hora de investigar y juzgar esas conductas, en cuya penalización se debe avanzar, “no ir disminuyendo las penas y eso es lo que pasó con este código”.
Para la profesional del derecho esta es otra consecuencia del machismo y de la violencia estructural que están arraigados en la sociedad hondureña, además de los “paradigmas insertados por la religión”.
La tasa de femicidios en Honduras es la más alta de América Latina, con un 6.2 % por cada cien mil mujeres, indica la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Le sigue El Salvador, con 3.3 %.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y VIOLENCIA
Para la feminista Helen Ocampo, del Centro de Estudios de Mujeres, “los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la manera en que se normaliza y se sostiene la cultura de violencia contra las mujeres”.
Se refirió a titulares como “hombre celoso apuñala a su esposa” o “por andar con otro hombre asesina a su esposa”, los cuales son constantes en los medios.
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“Eso es normalizar la violencia y justificar la muerte violenta de una mujer”, dijo Ocampo, para quien la manera en que se construyen esos mensajes es una muestra de “una intención política” y de “una visión subjetiva de cómo consideramos que deben ser abordadas las muertes violentas de mujeres”. Además, de cómo debe “priorizarse o no el bienestar de estos seres humanos”.
En ese sentido, cada actor, entre ellos los medios, debe adoptar su papel para prevenir y reducir la violencia en vez de normalizar y sostener esa cultura contra las mujeres, apuntó la feminista.
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES
La violación representa entre el 6 % y el 7 % de los delitos de mayor frecuencia en Honduras, según datos del Poder Judicial que entre 2018 y 2020 registra 2,022 casos en los juzgados de Letras de lo Penal a nivel nacional.
En ese mismo lapso, el Ministerio Público registra 6,778 delitos de índole sexual, incluyendo la violación.
Sin embargo, los números se quedan cortos ante la realidad, debido a que muchas mujeres no denuncian este tipo de violencia, señala el CDM en un informe.
La violencia sexual pasa desapercibida por la mayoría de la población “e incluso se naturaliza”, señala el documento Violencia Sexual en Honduras: el impacto de las políticas de negación de los derechos de las mujeres.
El informe señala que los hechos de violencia sexual pasan desapercibidos por la mayoría de la población e incluso se naturalizan. Y agrega que estos hechos no son noticia en la prensa escrita.
“La comunicación juega un rol impresionante, las personas aprenden más de los medios de comunicación que de sus propios hogares, (…) es parte de la época en la que nos ha tocado vivir”, dijo a Criterio.hn la historiadora y feminista Anarella Vélez Osejo.
“Entonces los medios de comunicación son los que forman opinión a través de diferentes maneras, símbolo visual, lenguaje escrito y lenguaje oral” que son utilizados para denigrar a las mujeres y mantener una visión de estas “como mero objeto sexual”.
“Cuando los hombres violan a las niñas siendo sus hijas o siendo sus nietas, detrás está esa visión de que las mujeres son su propiedad y pueden hacer con ellas lo que quieran”, agregó.
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REDUCCIÓN DE DENUNCIAS DURANTE LA PANDEMIA
En 2019 se atendieron 2,763 denuncias de violencia sexual, dijo a Criterio.hn Helen Ocampo, del CDM. Estos datos tienen como fuente al Ministerio Público.
Mientras que, en 2020, se registraron 2,129 casos. “Igual pasó en Medicina Forense, que hubo una reducción de casos”, amplió la defensora.
No obstante, Ocampo no cree que se trate de una disminución del delito sino más bien de la denuncia debido a la pandemia.
“Tuvimos cuatro meses de confinamiento absoluto” y “la única forma que las mujeres tenían para realizar denuncias de violencia fácilmente y sin romper el confinamiento era el 911” ya que no podían acudir a las postas policiales o al Ministerio Público.
En ese tiempo, “las mujeres no tenían condición alguna” para denunciar porque tampoco se generó un “mecanismo especializado y distinto en el marco de la pandemia” para tal fin.
En julio de 2020, cuando la circulación estaba restringida por terminación en la cédula de identidad, hubo denuncias de mujeres agredidas que no fueron atendidas por policías porque no les tocaba salir ese día, “aunque tenían orden y tenían que atender la denuncia sin importar las circunstancias”, dijo Ocampo.
Situaciones como esa, en las que los operadores de justicia no recibieron denuncia “cosa que es totalmente arbitraria a la ley” puede explicar esa disminución en las estadísticas, lo cual “no significa que hay una disminución de delitos contra las mujeres”, resumió.
La defensora se refirió también al papel de los medios en los casos de violencia sexual contra la mujer.
“Cuando han agredido mujeres sexualmente, se refieren a la forma de vestir, esa es otra forma de justificar la violencia y los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad de cómo se está normalizando la violencia”, enfatizó.
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AGRESIONES OCURREN EN TODAS LAS ETAPAS DE LA VIDA
En 2019, las evaluaciones médico legal por delitos sexuales fueron 3,137, para un promedio de 261 denuncias al mes, detalla un informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
De ese total, 2,751 (87.7 %) son mujeres y las víctimas tenían edades entre los 10 y 19 años.
El 78.6 % de las personas atendidas identificaron al agresor como alguien cercano: en el 36.0 % eran conocidos y en el 42.6 % eran las parejas, exparejas o un familiar.
Solo el 21.4 % de los agresores eran desconocidos o indeterminados y en seis casos, el agresor fue un agente de seguridad del Estado.
El documento señala también que “la evidencia estadística reflejó que las mujeres sufren agresiones sexuales en todas las etapas de su vida”.
Y que “las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual son en su mayoría mujeres pobres; porque en ellas se sintetizan todas las exclusiones”, a la educación, a la salud y a la seguridad. Sin mencionar que muchas se convierten en madres solas producto de esa violación.
