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El machismo institucionalizado en Honduras produce leyes sin equidad de género

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Texto: Aimée Cárcamo

Fotografías: Fernando Destephen

Diseño Gráfico: Guillermo Burgos

Tegucigalpa. –La infancia y adolescencia de Sofía transcurrieron en un hogar acomodado de Tegucigalpa, en el que la violencia doméstica era un secreto de familia. 

Esta diseñadora gráfica de 30 años, cuyo nombre ha sido cambiado para preservar su privacidad, creció viendo junto a sus tres hermanos los malos tratos que sufría su mamá.

Los gritos y golpes, incluso amenazas de muerte de su papá, son recuerdos que están presentes desde que Sofía tiene uso de razón.

“Era una situación bien desagradable porque había violencia por todos lados”, contó a Criterio.hn.

Aunque no la violentaba de la misma manera que lo hacía con su mamá, “era grosero conmigo” y también era un padre irresponsable, recuerda. En aquel entorno de violencia, sus hermanos empezaron también a copiar las actitudes agresivas del progenitor, un comerciante cuya familia “tuvo mucho dinero en su tiempo”, pero que conservaba importantes contactos en la sociedad y que, incluso, llegó a participar en política con el Partido Nacional, compartió Sofía.

La joven profesional recuerda la vez que su mamá lo denunció ante las autoridades, “creo que (fue) una experiencia muy complicada para ella porque dentro de todo el ciclo de violencia no tenía amigos, ni nadie que la apoyara”.

De allí que “fue muy difícil para ella hacerlo y al final (a) mi papá solo le dieron como unas semanas de trabajo comunitario”, pero como tenía contactos “donde sea” al final se las quitaron. Tras 26 años de matrimonio, su madre finalmente tomó la decisión de abandonar a aquel hombre violento.

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mujeres Honduras
Durante las protestas realizadas el Día de la Mujer hondureña, el 25 de enero pasado, las mujeres demandaron mayor inclusión en la toma de decisiones. (Foto: Fernando Destephen).

AUMENTAN DENUNCIAS EN 2021

La violencia doméstica es uno de los delitos más comunes en Honduras, según se puede deducir de las estadísticas oficiales y de las de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

De hecho, representa el porcentaje más alto de denuncias realizadas en 2020 en los juzgados de lo Penal, con un 27 %, según la Unidad de Estadísticas del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ). Le siguen posesión y portación ilegal de armas (20 %) y narcotráfico (13 %).

De enero a mayo de 2021 se registran 21,862 denuncias con base en los datos de la línea de emergencia 911, “que es mayor en relación a los años anteriores”, dijo Helen Ocampo, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).

En ese mismo lapso, el Ministerio Público reporta 3,750 denuncias, mientras que durante 2020 fueron 12,880.

Ese mismo año, los juzgados de Letras y de Paz en materia de violencia doméstica de los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Atlántida registraron en suma 13,903 casos ingresados y se emitieron 4,407 resoluciones “con lugar”, siendo el principal tipo de violencia declarada por el juez la psicológica, seguida de la física, la patrimonial y, por último, la sexual.

En promedio la justicia hondureña tarda nueve meses en resolver un caso de violencia doméstica, según la CEDIJ. 

 

Mujeres en Honduras
Las investigaciones por violencia contra las mujeres fueron paralizadas en el Ministerio Público durante las primeras semanas de confinamiento por la COVID-19. (Foto: Fernando Destephen).

LEY SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO

No obstante, de que es un delito frecuente, el nuevo Código Penal vigente desde junio de 2020 contempla una reducción de penas para los casos de violencia contra la mujer.

Mientras el código anterior establecía de dos a cuatro años de cárcel, el actual impone de uno a cuatro años con una multa. 

“Esa pena de la violencia contra la mujer en el (artículo) 209 ya no se puede conmutar, pero sí se puede reemplazar”, dijo la exjueza de Sentencia Gracia Bertrand.

Eso quiere decir que cuando las penas sean menores de cinco años, los jueces van a poder mandar al imputado a trabajar a favor de la comunidad, explicó.

“Y hay algo que es sorprendente, porque (la ley) dice que al imputado que ya fue condenado por violencia contra la mujer se le puede decir que trabaje a favor de la víctima, pero si él se opone porque mira que es indigno (…) él va a poder optar a no cumplirla”, amplió Bertrand.

“Eso me parece un absurdo porque no son cuestiones que quedan a criterio del imputado, sino que son precisamente sanciones para que esa persona reflexione de su error y se resocialice o se readapte a las normas jurídicas”, consideró la profesional del derecho.

Para Bertrand, de nada sirve que se le estén imponiendo penas de cuatro, tres o dos años a sujetos violentos si no se les hace terapia o un examen psiquiátrico para determinar si es necesario someterlo a medidas de seguridad más drásticas, como la prohibición de que se acerque al domicilio y al trabajo de la víctima o la imposición de un régimen de visitas más limitado con sus hijos “porque hay hombres que son pésimo ejemplo para sus niños”.

Entonces, “no hay esa perspectiva de género” ni se visualiza a la mujer “como históricamente desprotegida”, opinó.

Esto puede dar como resultado la “revictimización” de la mujer que “continuamente sigue sufriendo ataques o visitas de esa misma persona en su casa y entonces eso es lo que vuelve a la violencia un círculo vicioso”.

Dijo que hay mujeres que han tenido cinco procesos contra el mismo agresor y la Fiscalía de la Mujer “sigue catalogando eso como simple violencia doméstica (…) cuando ya pone en riesgo inminente” su vida. Esto pasa debido a que no hay una perspectiva de género, insistió.

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VIOLENCIA PATRIMONIAL

Otra de las formas de violencia contra la mujer tiene que ver con la irresponsabilidad paterna, es decir, cuando los hombres no se hacen cargo de sus hijos.

El año pasado, en los juzgados de Letras de Familia ingresaron 1,398 demandas de alimentos, mientras que entre enero y mayo de este año ya suman 1,175, según el CEDIJ. Y es que la pandemia generó retrasos en estos procesos, ya que los registros de 2019 y 2018 dan cuenta de 5,395 y 4,113 demandas de alimentos, respectivamente.

Las demandas de alimentos representaron en 2020 el mayor porcentaje de ingresos en los juzgados de familia, con un 22 %, seguido del divorcio contencioso (21 %) y divorcio por mutuo consentimiento (19 %).

Para Helen Ocampo, la Ley Especial para la Maternidad y Paternidad Responsable, más conocida como la Ley de Paternidad Irresponsable, es bastante laxa “y les da bastante libertad” a los hombres, quienes encabezan las demandas por alimentos

Aunque en América Latina la familia está concebida en su estructura más tradicional y formal que se entiende como mamá, papá, hermanos y hermanas, en realidad esta no es la configuración familiar tradicional.

Esto, sobre todo, en los países del Triángulo Norte debido a factores como la emigración y la irresponsabilidad paterna, lo que da como resultado familias diversas en las que, por ejemplo, son abuelos y tíos los que crían a los menores. 

Y en la mayor parte de los casos son mujeres que no son madres solteras sino que asumen una maternidad solas no necesariamente porque no tenga pareja sino porque solo se traslada la responsabilidad a las mujeres para la crianza de los hijos.

Enfatizó que la crianza de los hijos “se nos traslada a las mujeres estemos con pareja o estemos sin pareja” debido a que la cultura machista enseña que es la mujer quien se hace responsable de los hijos aun cuando viva con el padre de estos.

“Obviamente, cuando ya se separan esa irresponsabilidad paterna es todavía mayor”, agregó Ocampo.

Dijo que, aunque se han logrado crear algunas leyes y algunos procedimientos como la demanda de alimentos, donde se deberían garantizar requerimientos mínimos para que un hombre se haga responsable de su paternidad, no siempre se aplica como se debe.

Una de las razones es porque algunas mujeres, “precisamente por la cultura machista que nos han enseñado, piensan que no es necesario e indispensable exigir la manutención a los hombres porque pueden hacerse cargo solas” y porque prefieren mantenerse distanciadas de sus exparejas, sobre todo cuando ha habido violencia doméstica.

“Entonces algunas veces, las mujeres deciden, en detrimento de su propio bienestar, no exigir la manutención”, señaló.

Pero, por otro lado, cuando una mujer se decide a presentar una demanda de alimentos no siempre el procedimiento es efectivo por el sistema de justicia y porque en Honduras el empleo informal es del 67 %, dijo Ocampo, citando datos del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh).

“Y la estructura de manutención está construida de tal manera que se puede embargar los sueldos en espacios formales, pero eso implica tener trabajo formal que no es la constante en el país”, precisó.

Además, dijo que no siempre se le da a estos casos el seguimiento adecuado para que se garantice la manutención como corresponde.

Entonces, “tenemos una legislación que no se adecúa a la realidad nacional y que no siempre responde a las necesidades, en este caso de la mujer y de los hijos e hijas (…) porque al final (…) si hay una paternidad irresponsable hay una mujer con sobrecarga de trabajo”.

Código Penal Honduras
El Código Penal de Honduras vulnera los derechos de las mujeres, incluso favorece la violencia hacia ellas.

La Ley Especial para la Maternidad y Paternidad Responsable ha sido una lucha por años en el Congreso Nacional, dijo por su parte la abogada Gracia Bertrand. 

“Lo que se ha logrado es en el Código Penal insertar un delito” cuando el padre no hace caso a la sentencia de alimentos dictada por el juzgado de familia.

Bertrand mencionó que muchos diputados del Congreso Nacional que “tienen regados hijos por diferentes partes del país” han sido cuestionados por desobedecer estas pensiones alimenticias.

“No les interesaba legislar en ese sentido, entonces obviamente esto es consecuencia del problema que vivimos”, dijo en relación al machismo institucionalizado que en lugar de promover penas más duras para castigar con mayor severidad los delitos contra las mujeres más bien las reducen.

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PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES

Para reducir la violencia de género se requiere que los operadores de justicia respondan ágilmente a las denuncias, pero también que se dejen de reproducir mensajes en donde la mujer no solo es víctima, sino que también se la responsabiliza de esta, dijo Helen Ocampo. En ese sentido, “como sociedad tenemos una gran deuda”, añadió.

En espacios como las escuelas, los medios de comunicación, la iglesia y a través de la música, “tenemos un reforzamiento constante de una visión patriarcal”, según la cual los celos son una medición de amor y no de una forma de violencia; además, se alienta a sostener una relación a pesar de las dinámicas de agresión. 

“Vanagloriamos y exaltamos a una mujer luchadora porque atiende y resuelve las necesidades de sus hijos, en lugar de evidenciar toda la irresponsabilidad de un hombre (…) reforzamos de manera constante esa idea en donde justificamos y normalizamos las formas de violencia”, reflexionó la integrante del CDM.

Si cada actor de la sociedad no empieza a hacer su parte, será imposible reducir las cifras de violencia.

Y es que “aunque tuviéramos un sistema de justicia robusto” que redujera la impunidad existente, la violencia es también un asunto cultural que se sostiene a través de prácticas y mensajes que no priorizan el bienestar de la mujer en función de las relaciones de pareja y en los que “el centro de la vida y de la sociedad” son los hombres.

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