Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- “El corazón de la corrupción política radica en el financiamiento ilícito de las campañas electorales”, dijo este jueves el director del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, durante el evento virtual Propuestas de Reformas sobre el Financiamiento Político.
Ese financiamiento ilícito promueve, entre otros, la competencia desleal entre partidos políticos y produce partidos cooptados por los intereses de elites corruptas “cada vez más distantes de los reales intereses del electorado”.
Como consecuencia, los resultados de los procesos eleccionarios no responden a los intereses y necesidades de la ciudadanía, sino a una mafia que ha convertido al Estado en el administrador de sus negocios, dijo Irías.
El director del Cespad, dijo que se han identificado tres fuentes de evidencias de estas fuentes ilícitas de las campañas políticas; la primera corresponde a los casos denunciados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) tales como Pandora, narcopolítica, IHSS y corrupción sobre ruedas en los que se ha señalado fundamentalmente al partido Nacional, pero también al Partido Liberal e incluso a un pequeño partido como es el Faper.
La segunda, los juicios en Nueva York, “que apuntan al financiamiento que partidos y políticos han recibido por lo menos en los últimos diez años de parte del narcotráfico, de parte de los varones de la droga”. Irías consideró que “más allá de los rumores tenemos evidencias constatadas en las sentencias que se van generando en estos juicios”.
Y la tercera fuente de evidencia son los informes de observación electoral sobre el uso de fondos públicos, especialmente de la Unión Europea, que habla de cómo parte de los recursos del Estado revestidos de legalidad son utilizados para campañas políticas, sobre todo en los rubros que tienen que ver con campañas publicitarias y programas de asistencia social.
Este contexto que el Cespad presentó en un estudio anterior es el que ha permitido avanzar con una propuesta de reformas al marco jurídico que tiene que ver con la regulación del financiamiento político electoral en el país, dijo el economista.
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Recordó que el surgimiento o la existencia de este marco jurídico y el funcionamiento de la Unidad de Política Limpia es un avance en la institucionalidad electoral y fueron impulsados por la Maccih, cuya agenda fue bloqueada permanentemente por las elites y al final esta normativa surgió “con algunas deformaciones”.
No obstante, la Unidad de Política Limpia “de alguna manera responde a las demandas de la ciudadanía” expresada en las calles en las movilizaciones de los indignados en 2015.
LAS PROPUESTAS DE REFORMA
Al presentar las propuestas de reforma, once en total, el sociólogo e investigador del Cespad, Asís Castellanos, recordó que en las elecciones primarias solamente el 33% de aproximadamente cinco mil precandidatos y precandidatas cumplieron el requisito de bancarización.
“Eso es grave porque la ley no establece sanciones” por el incumplimiento de este requisito.
La bancarización, en el marco de la normativa, es un mecanismo para evitar el lavado de activos y los delitos electorales, además forma parte inicial del proceso de auditoría documental; sin embargo, solo un tercio cumplió con este requisito.
De allí que la primera propuesta del Cespad esté encaminada a extender la fiscalización del financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos.
“La Unidad de Política Limpia continúa arrastrando las dificultades que presentó en las elecciones generales de 2017. Es decir, además de que se debe continuar y ampliar la socialización de la ley que es una necesidad formal del proceso, lo más grave acá es que la unidad carece de autonomía y de capacidad para fichar y sancionar el incumplimiento de las disposiciones de la ley, que no solamente tiene que ver con cumplir un requisito de bancarización sino que con otros requisitos”.
Al final, la Unidad no tuvo otra opción más que dar prórrogas tras prórroga a los precandidatos que no habían cumplido con la bancarización.
La segunda propuesta tiene que ver con ajustar los límites de gasto de campaña electoral en los tres niveles electivos.
La tercera, bloquear las fuentes financieras ilícitas, que pueden ser públicas o privadas; “sin embargo, en el sector público la ley tiene un gran vacío y tiene que ver con la participación de ejecutivos, directivos o socios de empresas mercantiles con contratos de concesión con el Estado de Honduras”.
Castellanos dijo que esta prohibición está ausente en la Ley de Política Limpia, “sin embargo hay que mencionar y debemos recordar que esa prohibición de aportes de empresas mercantiles con contratos de concesión con el Estado fue removida”, después que el Congreso Nacional pasó a finales de 2016 una reforma a la ley electoral vigente en el artículo 83 y cambió el registro de esa prohibición en la ley.
“Ese registro, ese cambio, esa reforma en la ley electoral fue copiada e integrada en la Ley de Política Limpia, es decir de esa manera intencionalmente se permite que empresas mercantiles con contratos de concesión con el Estado puedan participar y aportar a los partidos políticos”.
La carta propuesta de reforma del Cespad es mejorar los mecanismos de de prohibición de fondos y recursos públicos en campaña electoral y la quinta, mejorar los mecanismos de prohibición de la publicidad estatal durante el período de campaña electoral.
“Desde la mirada del Cespad deben superarse algunas contradicciones y limitaciones que hay en el articulado de la Ley de Política Limpia, específicamente entre el artículo 30 y el 32”, que tienen que ver con la publicidad estatal.
Otro punto toral es el seis, que tiene que ver con el establecimiento de controles para la regulación de la utilización de instrumentos financieros. Castellanos recordó que en 2013, cuando no había Ley de Política Limpia, el Partido Nacional utilizó la llamada tarjeta cachureca, un financiamiento indirecto que puede ser usado de nuevo en el marco del actual proceso.
En ese sentido, Castellanos dijo debe haber un control para evitar que estos instrumentos financieros se vuelvan a utilizar en procesos electorales. Además, la empresa privada aporta indirectamente a las campañas y esos recursos no son registrados.
La propuesta número siete es sobre fijar controles de competencia equitativa e igualdad de oportunidades en el acceso a publicidad electoral y medios de comunicación. “La ley de Política Limpia desde la perspectiva del Cespad debe superar en términos publicitarios la alta inequidad que existe en las campañas electorales, que es un indicador además de la baja calidad de la democracia hondureña”, dijo Castellanos.
También dijo que los medios de comunicación deben cumplir un papel de “obligado solidario” en la rendición de cuenta que entrega información porque las tarifas en procesos de elecciones que ofrecen estos se mueven con alta discrecionalidad.
Mejorar los mecanismos de transparencia y acceso a la información es la octava propuesta orientada a cumplir con el derecho ciudadano a tener información.
La novena propuesta del Cespad es fijar delitos electorales en relación con el financiamiento político; la décima, establecer un mecanismo de trabajo conjunto a nivel de protocolo de protección de denunciantes y de sanciones por denuncias falsas, con el Ministerio Público; y la undécima, fijar un procedimiento de acompañamiento a la Unidad de Política Limpia con el propósito de desarrollar investigaciones conjuntas con el Ministerio Público y otros entes estatales en asuntos de financiamiento ilícito.
