Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- La adquisición de vacunas por parte de la administración Hernández continúa siendo un tema que genera más preguntas que respuestas, especialmente luego que el Congreso Nacional aprobó en un único debate y con mínima mayoría la ley que exime a proveedores de medicamentos de responsabilidad legal durante la pandemia de Covid-19.
El empresario y expresidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Adolfo Facussé, pidió al gobierno esclarecer cuáles son las condiciones que están exigiendo algunas compañías farmacéuticas para la venta de vacunas de Honduras, pues la población tiene derecho a saber a «que se está comprometiendo el Estado por haberse decidido muy tarde a comprar dicha protección».
Facussé ejemplificó que algunas compañías han solicitado en otros países «que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir los costos legales futuros». Mientras que otras exigieron «una indemnización adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar efectos adversos después de ser vacunados».
Las declaraciones realizadas por el expresidente de la ANDI a través de su cuenta en Twitter no son descabelladas por más que el titular en la Secretaría de Finanzas, Marco Midence, se queje de que hace demasiadas preguntas, que “calcula mal” o que está politizando la situación.
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En América del Sur, investigaciones periodísticas revelaron que la farmacéutica Pfizer pide a gobiernos utilizar activos soberanos como garantía para acuerdo de vacunas. Además, insiste en que se le indemnice por su propia negligencia, llegando a prolongar durante meses las negociaciones, como ocurrió en Perú, donde incluso pidieron se les eximiera de cualquier responsabilidad por posibles efectos adversos y demora en las entregas de los lotes de vacunas.
Por cierto, durante la aprobación de la «Ley especial de regulación del uso de vacunas y tratamientos médicos para el combate de la emergencia humanitaria y sanitaria a consecuencia de la Covid-19, por personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras», el secretario de Finanzas fue uno de los impulsores de que la misma fuese adoptada en un único debate argumentando la emergencia sanitaria.
Muchos de los detalles que podrían esclarecer el panorama de las vacunas, especialmente en la parte financiera, son desconocidos por los hondureños. Esto debido a que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) resolvió el pasado lunes 12 de abril dar lugar a la solicitud de clasificación de información pública como reservada en relación a las cláusulas relacionadas a la propiedad intelectual y los datos bancarios que contiene el contrato con la compañía de responsabilidad limitada «Human Vaccine».
Descargar aquí la resolución del IAIP
Esta acción despertó suspicacias entre algunos hondureños, quienes denunciaron la opacidad en la compra de vacunas y advirtieron sobre la posibilidad de sufrir un nuevo fraude a manos de la administración estatal. La ciudadanía ya pasó por la compra de los siete hospitales móviles, mediante la cual, el Consejo Nacional Anticorrupción calcula que se realizó un desfalco por más de 800 millones de Lempiras. Hasta el día de hoy solo uno de los hospitales se encuentra dando atención, pero no a pacientes con Covid-19.
En palabras de Adolfo Facussé cuestionar y tener acceso a información es un derecho de la ciudadanía, después de todo una de las funciones de la administración pública es rendir cuentas.
