Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. -En un foro sobre corrupción, el exvocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, fue claro y contundente al afirmar que luego de la expulsión de la Misión, Honduras no logró avanzar en la lucha contra la corrupción e impunidad.
Y es que el flagelo está más vivo que nunca, ha logrado instaurarse en la institucionalidad gracias al poder y control de políticos y élites sobre toda la estructura estatal.
LA FRASE:
Durante su exposición en el foro, Jiménez Mayor, sostuvo “han pasado tres años desde que nos fuimos de Honduras y creo que las cosas han retrocedido, entonces diría que lo que estamos viendo francamente es decepcionante”, puntualizó Jiménez Mayor.
VEA LA COMPARECENCIA COMPLETA DE JUAN JIMÉNEZ MAYOR
JuventudUnidaHN – Foro Especial Sobre la Corrupción con la participación de Juan Jiménez Mayor, ex jefe de la MACCIH en Honduras y Salvador Moncada, el científico más renombrado de nuestro país. https://t.co/EjWD4OtTC3
— LUIS REDONDO (@Lredondo) March 6, 2021
Jiménez Mayor también criticó que desde la oficialidad se haya legislado para beneficiar a los involucrados en los actos de corrupción, prueba de ello es la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, herramienta que se convirtió en el pase de impunidad para los funcionarios salpicados por los casos presentados.
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Juan Jiménez tiene razón al afirmar que la salida de la Misión sentó un retroceso en la lucha contra la corrupción e impunidad, pues más del 90 % de los judicializados por los casos presentados por la MACCIH, ya han sido absueltos de manera definitiva.
LOS APORTES DE LA MACCIH
La MACCIH se instaló en Honduras el 22 de febrero de 2016, luego que en el 2015 se denunciara el desfalco millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y cerró sus operaciones el 19 de enero de 2020, en virtud de que el Congreso Nacional, en colusión con el Poder Ejecutivo, se negó a extender su periodo de vigencia.
La Misión se convirtió en un problema que incomodaba al oficialismo, tanto así que sus investigaciones fueron suficientes para que desde el Partido Nacional y un sector del Liberal se emprendiera una campaña para sacarla de circulación.
En su estadía acompañó a la también desmantelada Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) en el procesamiento de 133 personas y en la judicialización de 14 casos.
Como parte de su trabajo la MACCIH asesoró al Ministerio Público en el diseño de estrategias procesales y en la construcción de los casos, destacando los referentes al desfalco del IHSS y al asesinato de la líder ambientalista, Berta Cáceres, este último seleccionado por su alto impacto en la sociedad y por su relación con actos de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico (Gualcarque) al que se opuso Cáceres.
A finales de 2017, la UFECIC presentó los resultados de sus dos primeras investigaciones en conjunto con la Misión, el de Red de Diputados y Caja Chica de la Dama, ambos de gran envergadura, en los que se mencionó la participación del actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y también a Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
El caso la Red de Diputados, presentado en diciembre de 2017, acusó a cinco legisladores de distintos partidos políticos de haberse apropiado ilegalmente de 8.3 millones de lempiras.
La MACCIH acompañó casos como Planeta Verde y Pandora, en los que se involucró a diputados en el saqueo a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), teniendo como principal cómplice a la hermana de Juan Hernández y a su fallecida hermana, Hilda Hernández, quien se desempeñó como titular de las secretarías de Desarrollo e Inclusión Social y Comunicación y Estrategia. (Descargue aquí los informes presentados por la MACCIH).
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IMPUNIDAD A FAVOR DE IMPUTADOS
El procesamiento de los 14 casos que involucraron a 133 personas, entre ellas personas particulares, funcionarios, incluidos diputados y de otras dependencias del Estado, muchos ya han sido absueltos definitivamente por la justicia hondureña.
Del total de los procesos, al menos en cuatro, los acusados han sido sobreseídos, por ejemplo, el Pacto de Impunidad, Patuca III, Pandora y Caja Chica del Hermano. Actualmente se mantienen abiertos los casos: Licitación fraudulenta en el IHSS, Arca Abierta, Fraude sobre el Gualcarque, Corrupción sobre Ruedas, todos en juicio oral y público.
Del total de los procesados, solo el exministro de la SAG, Jacobo Regalado, Miguel Pastor y Darío Roberto Cardona permanecen en prisión.
El caso Red de Diputados fue el primero que presentó la MACCIH el 11 de diciembre de 2017, este proceso involucró a varios exdiputados por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos destinados a proyectos de inversión social.
En el caso se involucró a los exdiputados Augusto Cruz Asencio, Héctor Padilla, Audelia Rodríguez, Denis Sánchez y Eleazar Saravia, a quienes se les acusó de desviar cerca de 8 millones de lempiras de las arcas públicas.
Luego del juicio oral y público, los acusados fueron absueltos de responsabilidad penal, fue hasta septiembre de 2020 que la Fiscalía presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para retomar la causa. Por el momento el reinicio del caso se mantiene en suspenso.
Por su parte el caso Caja Chica de la Dama que involucró a la esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa, Rosa Elena Bonilla, ha tenido varias etapas, como el beneficio obtenido por la imputada luego de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, gracias a eso solicitó la repetición del juicio oral y público en su
Entre tanto el caso Pacto de Impunidad involucró a los diputados nacionalistas Tomás Zambrano, Antonio Rivera Callejas, Román Villeda y Sara Medina.
El requerimiento señaló que cuando se celebró la audiencia inicial contra los exdiputados del caso Red de Diputados, el Poder Legislativo, modificó por adición la Ley de Presupuesto aprobada en el año 2017.
La decisión del juez natural fue sobreseer definitivamente a Tomás Zambrano, Antonio Rivera y Sara Medina, mientras que se está a la espera de juicio oral y público contra el diputado Román Villeda Aguilar.
Mientras que el caso Pandora que involucró a 38 funcionarios, entre ellos diputados, a quienes se les acusó de desviar 232 millones de lempiras de la SAG, solo cuatro de ellos quedan en auto de formal procesamiento y uno está en prisión.
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EL RETROCESO ES EVIDENTE Y REPUDIABLE
Para analistas y diputados de la oposición, el retroceso es evidente y lamentable, pues este fenómeno afecta con profundidad el desarrollo de un país.
El abogado y analista Heriberto Baquedano, considera que el control gubernamental de Honduras sigue en manos de políticos corruptos y que seguirán legislando para garantizarse impunidad sobre los actos ilícitos que cometen.
“Jiménez Mayor hizo mucho, y creo que tiene razón al decir que hemos retrocedido, incluso recuerdo cuando él advirtió que el propio presidente del Congreso estaba involucrado en estos casos”, interpretó Baquedano.
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El analista explicó el impacto que deja la corrupción: “es evidente porque mucho dinero se ha robado de las finanzas públicas, eso implica que ha sido devastador para nuestro país, este fenómeno sigue en la impunidad gracias al control que tienen del poder institucional”.
El diputado suplente del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD) Andrés Benedith, cree que la lucha ciudadana contra la corrupción fue violada por los políticos hondureños, cuando expulsaron a la Misión en 2019.
“La Maccih viene del clamor popular del pueblo, muchas personas salimos para que se generara un cambio en el país desde el caso del IHSS, sin embargo, en el Congreso Nacional se legisló para expulsar a la Misión”, dijo Benetih.
Desde el punto de vista del legislador, la expulsión de la MACCIH también fue un golpe a lo poco que funcionaba de la institucionalidad hondureña, “le dieron un tiro de gracia a la Misión y por ende contra la justicia de nuestro país, lo que se está dando es que los actos de corrupción a nivel general han incrementado, por eso vemos a personas salpicadas por la corrupción y el narcotráfico”.
Por su parte el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) y exfiscal del Ministerio Público, Jari Dixon, apunta que la llegada de la MACCIH es porque el sistema de administración de justicia de Honduras no sirve y que mientras el país siga dominado por “políticos corruptos, muy difícilmente el país va a sustituir a una misión internacional”
“Se necesita voluntad política, pero vemos que en Honduras la legislación es a favor de la corrupción e impunidad y no en promoción de la transparencia y rendición de cuentas”, finalizó diciendo el congresista.
