Por: Redacción CRITERIO.HN
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La resolución de la Corte de La Ceiba que declara sin lugar la apelación para que los defensores de Guapinol se defiendan en libertad expresa la voluntad política y administrativa del Estado al servicio de la estrategia extractivista de Inversiones Pinares/Ecotek, denunció en un comunicado la parroquia San Isidro Labrador, en el municipio de Tocoa, al norte de Honduras.
Esta situación es injusta y con muchos vicios de legalidad, señala la proclama en la que se le recuerda a MiAmbiente e Inhgeomin que no pueden otorgar licencia ambiental ni concesiones sin antes informar y consultar a la población, con la participación efectiva de las organizaciones y comunidades locales, tal como manda la Ley General del Ambiente.
No obstante, las oposiciones ciudadanas presentadas en enero y septiembre de 2020 en los expedientes de licenciamiento ambiental de Inversiones Los Pinares y de Inversiones Ecotek, su nueva figura jurídica con la que procesará su hierro, “dan evidencia del incumplimiento de esta normativa y de prácticas fraudulentas” que vulneran el derecho a la consulta.
También se le recuerda a las autoridades que “no pueden otorgar licencia ambiental ni concesiones en el Parque Nacional de Botaderos Carlos Escaleras a proyectos mineros que tienen notorio rechazo social y conflicto abierto y agudo de público conocimiento”.
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En ese sentido, los personeros de MiAmbiente e Inhgeomin constataron el número significativo de personas, representantes de las organizaciones y comunidades que se oponen al proyecto minero por el impacto que está teniendo en sus fuentes de agua.
Las dos instituciones públicas tampoco pueden ignorar que “en la montaña de Botaderos se localizan 34 microcuentas” que abastecen de agua a los municipios de Tocoa, Sabá, Gualaco, Olanchito, Bonito Oriental y San Esteban.
El comunicado con fecha 7 de febrero recuerda también que en cabildo abierto el 29 de noviembre de 2019 se declaró al municipio libre de minería, por lo que piden al alcalde y a la corporación municipal asegurar el cumplimiento y respeto de este instrumento jurídico municipal.
La actitud y el modo de proceder de las instituciones del Estado y la empresa Los Pinares/Ecotek con el caso de guapinol y los defensores privados de libertad son expresión de la injusticia que permea en el Estado, agrega.
La parroquia hace un llamado a la población, iglesias, organizaciones nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos y el ambiente para expresar y reforzar la presión popular en defensa del agua y los territorios y por la liberación de los defensores, siete de los que llevan 17 meses en prisión y uno preso desde hace más de dos años.
El Parque Nacional Montaña de Botaderos fue declarado área protegida en 2011, por lo que Inhgeomin rechazó la solicitud de una concesión minera presentada tres años después.
Sin embargo, en 2014, el Congreso Nacional aprobó esa concesión tras reducir la zona núcleo y ampliar la zona de amortiguamiento. Un año después los pobladores notaron que el río empezó a cambiar de color y empezó una lucha por la que los defensores han sido criminalizados.
