Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó el miércoles una queja formal contra el Estado de Honduras por la violación a los derechos humanos cometida por funcionarios y exfuncionarios involucrados en la compra de los hospitales móviles.
El documento de 13 páginas, titulado La verdad oculta de los supuestos hospitales móviles, fue entregado al Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh).
Entre los señalados por el CNA está el exdirector de Invest-Honduras, Marco Antonio Bográn, quien entre marzo y abril de 2020 realizó la compra de siete hospitales móviles a la empresa de origen norteamericano Elmed Medical Systems Inc, sin contar con la autorización del Consejo Directivo.
La adquisición de los módulos hospitalarios representó para el Estado un perjuicio económico de más de mil 174 millones de lempiras, que representa el 69 por ciento del valor total desembolsado en favor de Axel López, intermediario y representante de Elmed Medical Systems.
Diez meses después de la compra millonaria, que se realizó sin las garantías correspondientes, fue instalado el primer módulo de atención en los predios del hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, pero debido a que no cumplía con los estándares para ofrecer un servicio médico especializado fue necesario hacerle algunas modificaciones en su estructura y distribución.
Aún así, su capacidad de atención es de apenas 63 camas y no 91, como se había prometido.
Los hospitales móviles adquiridos por Invest-Honduras “no fueron diseñados para el tratamiento de pacientes Covid-19 y no cumplen con los requerimientos mínimos de bioseguridad, ni justifican la suma desembolsada para su adquisición”, señala el CNA.
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A la fecha, solo uno de los siete hospitales está en funcionamiento, pero “no está cumpliendo con la finalidad por la cual se adquirió”.
Los otros señalados por el CNA son los miembros de la Comisión Interventora de Invest-Honduras, José Ernesto Leva, José Gustavo Boquín y José Alberto Benítez, por “sus participaciones en calidad de encubridores en el marco de las acciones irregulares” cometidas por Bográn con la adquisición de los hospitales que “intentaron vender como una solución” pero que “resultó ser lo contrario”.
Lo único que los interventores quieren “es delegar la responsabilidad en la Secretaría de Estado en los despachos de Salud, evadiendo la persecución penal” de Bográn y el empresario López “mediante argumentos o informes de rendición de cuentas maquillados para justificar un fraude multimillonario evidente”.
A Bográn y a los interventores se les supone “responsables de atentar contra los derechos de la población hondureña, personal médico y sanitario”, dice el escrito del CNA.
La compra de los hospitales móviles, calificada por el CNA como “uno de los desfalcos más grandes identificados en Honduras”, se realizó en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno en febrero de 2020 con motivo de la pandemia.
Un comentario
Cómo será con esos robos de los que no hemos tenido noticia? La corrupción de este gobierno es espantosa, horrorosa, no tiene límite, estamos indefensos e impotentes ante esta narcodictadura