Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- Rafael Jerez, asesor jurídico de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), dijo este martes a Criterio.hn que el presidente del Ejecutivo de Honduras, Juan Hernández, tiene la discrecionalidad de decidir qué se investiga en el país y que no se investiga, después que creara la Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia (SDT), formada a última hora para manejar la información sobre las compras y ayudas internacionales tras el paso de la tormenta Eta.
La Secretaría de Transparencia tendrá, entre otras cosas, la tarea de “coordinar, facilitar, promover e institucionalizar la implementación de la Política Nacional de Probidad, Integridad y Prevención a la Estrategia de Transparencia y Anticorrupción”, según se estableció en el Decreto Ejecutivo PCM-111-2020, publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado viernes 6 de noviembre.
Para Jerez era realmente innecesaria la creación de la SDT, en función de que ya existía, incluso el mismo decreto lo menciona, que esta Secretaría de Transparencia viene a coadyuvar a lo que ya se tiene. El abogado advirtió, además, sobre el peligro de que instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ministerio Público (MP), incluso en Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), algunas de estas dependencias que estaban anteriormente en coordinación de gobierno, se adscriben a esta nueva Secretaría.
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“Es como, prácticamente, lo que se estaba haciendo en una secretaría, ahora se hará en otra; esta concentraría todas estas dependencias, que dicho sea de paso no han mostrado los resultados esperados porque naturalmente se encuentran adscritas a un Poder Ejecutivo, que ha sido altamente cuestionado por corrupción. Entonces qué pasa, uno de los temas que nosotros analizamos es la independencia, que la SDT, al estar adscrita al Poder Ejecutivo, responde al presidente de la República; entonces, cuando se trata de prevenir y combatir corrupción, es muy difícil que se pueda hacer sin el visto bueno del presidente (Juan Hernández) que de alguna u otra manera ha sido cuestionado en sus dos periodos”, manifestó al profesional del derecho.
Agregó que hay algunas actividades que se le atribuyen, como el de dar seguimiento a las iniciativas internacionales de combate a la corrupción, por ejemplo, el cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la declaración de Estado abierto, que se requiere de mucha voluntad para darle cumplimiento. Y en años anteriores el Estado no ha tenido buen desempeño. Se crea una instancia de diálogo entre distintos sectores de la sociedad, que es algo que ya se ve en la Asamblea Nacional del Consejo Nacional Anticorrupción y, también, se atribuye competencias a una secretaría que posiblemente no va a cumplir.
Explica que la creación de la Secretaría de Transparencia es para el cumplimiento de indicadores, ya que el Gobierno busca mostrar (ante organismos nacionales e internacionales) un aparentemente cumplimiento con la creación de esta institución. Pero que obviamente su efectividad, en realidad, es la que se debe evaluar y valorar, y no sólo su creación misma.
“Se ejecutarán seguramente grandes cantidades de dinero en el marco de las adquisiciones que se puedan hacer, frente a las consecuencias del Eta y sin mencionar que podría haber compras todavía con el tema del Covid-19. Una Secretaría de éstas por sí sola no puede hacer cumplir la ley. Porque ya hay instituciones constitucionales que están para estas funciones. Es muy importante reflexionar que tendremos un año electoral en el que solo en las primarias de marzo próximo se pueden gastar mil millones de lempiras, y luego vienen las generales. Lo lamentable es que entramos en una etapa en la que se requiere mucho gasto público”, expresa.
Sobre si participarán o no como veedores en esta nueva secretaría, Jerez manifiesta que ASJ debe estar presente, porque “en el tema de adquisiciones, siempre hemos tenido la disponibilidad de ser auditores sociales. Tenemos que ver cómo se están haciendo las cosas, conscientes de que se paga un precio alto con la opinión pública. Con el caso de Invest-H se pudo hacer las auditorías, y, al momento de denunciar, se hizo. Tenemos que comprobar que las denuncias que se hacen son reales”, puntualizó.
