Por: Signy Fiallos
Edición: Emy Padilla
Portada: Reynaldo Raudales
Fotografías: Fernando Destephen
Gráficos: Guillermo Burgos
Tegucigalpa.- Un reciente informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señala que más de 144 millones de estudiantes de Latino América y el Caribe tienen más de siete meses sin asistir físicamente a los centros educativos debido a la pandemia del Covid-19 y durante este tiempo los niños, niñas y adolescentes han enfrentado tres problemas: el cierre prolongado de las escuelas, el encierro por el confinamiento y la pérdida de la seguridad económica.
“El choque triple tiene repercusiones en el corto y largo plazo que comprometen el desarrollo de toda una generación. Si bien los gobiernos de la región han puesto en marcha estrategias de educación a distancia que buscan mantener cierta continuidad en el aprendizaje y bienestar de los niños y adolescentes, estas soluciones han llegado de manera desigual y pueden agudizar aún más las brechas educativas que existían en la región antes de la pandemia” asegura el informe, que fue dado a conocer a principios de octubre.
Honduras, por ser uno de los países más pobres de América Latina el impacto es mayor. A finales de julio anterior Lea Beaudry, especialista en protección infantil de Unicef, manifestó que el impacto en la educación fue severo, que de los más de 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes, solo un el 36 % tenía acceso a internet, el 67 % a televisión abierta y 45 % a televisión por cable, pero que el 70 % de los estudiantes no tenían acceso constante a estas modalidades y eso significa que 1.4 millones, o sea, un 44 % de niños y niñas no pudieron continuar sus estudios.
Otro de los puntos que los defensores de derechos de la niñez y juventud señalan es que el confinamiento incrementó la violencia y la población viviendo en la calle de este grupo vulnerable. Al inicio de la pandemia sólo en las principales ciudades (Tegucigalpa y San Pedro Sula) ambas situaciones incrementaron en un 4 %.
Los defensores estiman también que la educación para el 44 % de la niñez y juventud será mucho más difícil para los próximos años, debido al incremento en los niveles de pobreza producto del impacto de la pandemia e incluso, alertan que este grupo poblacional se sumará masivamente a la vida laboral.
Criterio.hn, a través de una serie especial de reportajes de profundidad que se denomina “Los marginados de siempre viviendo en pandemia”, revela en esta segunda entrega la situación de la niñez y adolescencia hondureña: niños que abandonaron sus escuelas porque no tenían las herramientas tecnológicas para continuar, falta de alimentos, la violencia en el hogar o el tener que trabajar para ayudar al sostén de la familia.
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TECNOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN, UN PRIVILEGIO DE POCOS
Lizeth le preguntó a su madre ¿por qué mis tías dicen que perdí el año si fui unos días a la escuela mamá? La niña de siete años es una de las 1.4 millones de niñas, niños y adolescentes hondureñas que se vieron afectadas por la crisis sanitaria acaecida por el Covid-19. Esta pequeña reside en la colonia 14 de Marzo de Comayagüela y estudiaba en la Escuela Canadá de ese sector. Su madre se llama Juana (27), ella es madre soltera, se dedica a la venta de tortillas y debido a que no contaba con suficiente dinero para alimentar a sus tres hijos y darles educación, tuvo que sacrificar la educación de todos. La opción de Juana era darles de comer o comprar internet y WhatsApp para que sus hijos realizaran las tareas. Ella optó por darles de comer.
El director ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Jóvenes, Adolescentes y sus Derechos (Coiproden), Wilmer Vásquez, dice que existen denuncias de centros educativos con un alto número de deserciones, situación que se da porque los padres tienen que tomar una decisión, entre llevar alimentos a la casa o comprar los paquetes de internet o WhatsApp, y en este punto los padres han tomado la decisión de garantizar el mínimo de alimentación a su familia.
Wilmer señala que el hecho que los estudiantes no cuenten con un paquete de internet, con un teléfono móvil de alta tecnología o con una computadora para poder recibir las clases, los excluye automáticamente del sistema educativo establecido durante este confinamiento y que muchos menores no sólo han tenido que abandonar la escuela, sino que han salido huyendo del país en busca de mejores condiciones de vida y su forma de hacerlo es a través de las varias caravanas que de Honduras han salido con rumbo a México, para buscar el “sueño americano” y llegar a los Estados Unidos.
“Ellos buscan nuevas oportunidades más allá de las fronteras hondureñas, aunque esto represente jugarse la vida en el camino, pero prefieren morir en el intento a quedarse en un país donde definitivamente ellos no tienen ninguna oportunidad”, expone Vásquez.
NIÑEZ POBRE LA MÁS AFECTADA
El director de Coiproden manifiesta no haber visto hasta este momento una estrategia clara desde la Secretaría de Educación que “nos indique a nosotros que se está teniendo un abordaje más integral en el sistema educativo a nivel nacional, por el contrario, lo poco que se ha hecho hasta el momento ha sido una iniciativa de los docentes para poder garantizar el tener un mínimo de comunicación directa con los estudiantes haciendo uso de sus propios recursos y con aquellos pocos que tienen acceso a internet, a un teléfono móvil o una computadora”.
Lo que expresado por el defensor de la niñez y juventud también lo reitera el informe presentado por Unicef, que señala que el acceso desigual a los recursos necesarios para el aprendizaje y a modalidades de educación a distancia de buena calidad, hace que las pérdidas en capital humano estén concentradas en los grupos más vulnerables de la población.
El informe precisa que los niños y jóvenes en zonas rurales con baja conectividad son los que tienen menos acceso a modalidades de educación a distancia efectivas; seguidos de los niños en hogares pobres que tienen dificultad para asegurar una alimentación básica o un espacio para estudiar, o que aún en zonas con acceso a internet, no cuentan con dispositivos electrónicos suficientes para acceder a la educación remota por medio de herramientas digitales.
El tercer grupo son los niños en hogares monoparentales (niños creados por un solo padre) o con bajo nivel educativo que imposibilita que los padres pueden ofrecer acompañamiento o un ambiente propicio para el estudio, y finalmente están los niños de poblaciones indígenas y aquellos en condición de discapacidad que también se verán afectados de manera desproporcionada en la medida en que las soluciones de educación a distancia no se ajusten a su lenguaje o necesidades para el aprendizaje.
LAS RECOMENDACIONES
Wilmer Vásquez considera que el gobierno está en la obligación de garantizar una educación de calidad a todos los niños, niñas y adolescentes, como lo estipula la Constitución de la República y una de las alternativas, a su juicio, es la aprobación de internet gratuito para los niños, niñas y jóvenes más pobres y para los centros educativos públicos. La aprobación de esta medida ha quedado en la nube de la información que almacena el Congreso virtual, pues no se tomó en cuenta una iniciativa de ley presentada en ese sentido por el diputado opositor, Jari Dixon Herrera. La propuesta del congresista es factible porque el Estado es dueño del espectro radioeléctrico.
“Pero no ha habido avance y la propuesta de ley no ha sido aprobada y ni siquiera se tiene la certeza que se haya tomado una decisión para el 2021, que garantice el acceso de los niños, niñas y adolescentes a los centros educativos, que las escuelas y colegios cuenten con todas las medidas de bioseguridad, pero que además de eso se pudiese pensar que para el otro año el sistema educativo sea semipresencial, debido a la prevalencia de la pandemia”, expone el defensor de la niñez y adolescencia.
Vásquez aclara que lo de semi-presencial quiere decir que todas aquellas familias que se pueda comprobar que tienen acceso a un teléfono móvil, que tienen acceso a una computadora o que tienen facilidades para poder optar a un internet, los niños puedan seguir recibiendo la educación a distancia y los que menos posibilidades tengan, puedan hacerlo dentro de los centros educativos, pero que esto implica tener toda una estrategia que reciba a los niños y niñas en el sistema educativo y que se generen metodologías pedagógicas adaptadas a lo virtual.
El informe de Unicef apunta que la atención de la emergencia educativa requiere que los gobiernos centren sus esfuerzos en garantizar el aprendizaje y bienestar de la niñez y adolescencia, y trabajen en cuatro ejes prioritarios: planear la reapertura de escuelas con sentido de urgencia, desarrollar una estrategia que asegure el aprendizaje de todos los estudiantes en medio del nuevo contexto en el que no todas las horas de instrucción sean de manera presencial, mantener el rol protector de la escuela y garantizar servicios que han sido interrumpidos y asegurar el bienestar emocional de la comunidad educativa (profesores, familias y estudiantes).
Asimismo, implementar las acciones de manera oportuna requiere proteger los presupuestos de educación en la región, promover la cooperación entre países y la articulación entre la educación y otros sectores.
Esta crisis puede ser una oportunidad para repensar y construir un sistema educativo que cierre las brechas y contribuya a desarrollar el máximo potencial de todos los niños y adolescentes de la región. Para ello, se debe manejar la emergencia con visión de largo plazo, de manera que las inversiones estén encaminadas a reconstruir un sistema educativo que asegure el aprendizaje de los estudiantes, particularmente los más vulnerables, refiere el informe.
PARRICIDIO Y VIOLENCIA FAMILIAR, UN CASO ACTUAL
Rousvelth Rodríguez (2) no tenía conciencia de lo que pasaba a su alrededor, sin embargo, desde que nació era víctima de la violencia de su padre que lo golpeaba al igual que a su madre y hermana de cinco años. El niño perdió la vida el pasado 27 de octubre, tres días después de haber sufrido una golpiza de su progenitor.
Su madre, Ana Zúniga, una adolescente de 18 años, relató ante medios de comunicación—con el dolor reflejado en su rostro y embarazada de su tercer hijo—que su pareja Rousvelth Antonio Rodríguez Salgado (24) y padre de sus hijos, golpeaba al niño desde que tenía dos días de nacido, argumentando que el pequeño no era de él, por tal razón, no lo quería.
La joven madre narró que a los 12 años decidió vivir en unión libre con Rousvelth, pero “desde esa edad le vengo sufriendo golpes, maltrato, humillaciones. Me trataba siempre con amenazas y llegó al punto de matar a su propio hijo, era demasiado violento”, dijo.
Ana, quien reside en la colonia Pradera número 1 de Danlí, El Paraíso, al oriente de Honduras, manifestó que su pareja era drogadicto y celoso, que cuando se drogaba en la casa, por cualquier cosa, golpeaba a los niños.
El pequeño Rousvelth era el blanco de sus rabietas y el pasado 27 de octubre murió, tres días después de la paliza que recibió. Fue llevado de emergencia al hospital Gabriela Alvarado de Danlí, pero por su gravedad lo remitieron al Hospital Materno Infantil de Tegucigalpa donde estuvo en cuidados intensivos hasta su muerte. La autopsia reveló que el niño murió por un trauma encéfalo craneal severo a causa de golpes.
Rodríguez Salgado fue detenido bajo cargo de parricidio contra su hijo y maltrato familiar agravado y violencia doméstica contra su pareja. Fue remitido al centro penitencial de máxima seguridad “La Tolva”, ubicado en el municipio de Morocelí, en el departamento de El Paraíso.
Este caso es considerado por expertos en violencia y organizaciones de mujeres y feministas, como resultado del confinamiento y toque de queda establecido en el país desde el inicio de la pandemia del Covid-19. Las estadísticas reveladas por Lea Beaudry, especialista en protección infantil del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) indican que el alto nivel de estrés en la niñez es de un 43 % de los 9.3 millones de hondureños y que muchos niños tienen que convivir con el agresor.
El director de Coiproden atribuye que casos como el ocurrido con el parricidio del infante se deben al hacinamiento en el que viven las familias y específicamente al hecho que los menores, en edad escolar, no estén yendo a los centros educativos, que en muchas ocasiones son un escape, no solo para las familias por el cuidado de los niños, sino para los mismos niños que se ven mucho más protegidos en el entorno escolar.
“Tener encerrados a los niños con sus padres en una unidad familiar los expone mucho más, no sólo al contagio por el Covid-19, sino a la violencia doméstica e intrafamiliar como lo ha dado a conocer la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público”, dice Wilmer Vásquez.
Según los datos de una encuesta realizada por Unicef y el Gobierno de Honduras en el 2017, establecen que 44 % de las niñas y el 37 % de los niños han sufrido violencia física, sicológica y sexual, en algún momento de su vida y con el confinamiento, los especialistas y defensores de derechos humanos y de la niñez, sostienen que se ha duplicado.
NIÑEZ TRABAJADORA EN LA CALLE
Zuni es una jovencita de 14 años que trabaja vendiendo verduras en la Plaza Central de Tegucigalpa, ella cursaba el octavo grado antes del confinamiento por la pandemia, su papá murió hace unos años y ella vive con su mamá y su hermana mayor. Para sobrevivir todas tienen que trabajar, pues sólo de alquiler, de una pequeña habitación en la que viven, pagan dos mil lempiras.
“Es duro porque tenemos que hacer el pisto para pagar el alquiler del cuarto y hacer el pisto para la comida y todo lo que ganamos se va en el alquiler”, narró a Criterio.hn la adolescente, quien también relató que es duro trabajar vendiendo en la calle porque todo el día se expone a los rayos del sol y al contagio de Covid-19 porque para poder vender se tiene que acercar a la gente.
Contó que antes del confinamiento iba al colegio durante la jornada matutina y que en las tardes se incorporaba a las ventas en la calle. Pero, lamentablemente cuando las clases presenciales fueron suspendidas se retiró porque no podía pagar el servicio de internet.
Zuni es un adolescente muy locuaz y dinámica, en su relato expresó que en las calles hay muchos peligros a los que se tiene que enfrentar, “uno anda trabajando, pero siempre hay gente mala y morbosa que nos persiguen a las cipotas que vendemos y nos dicen cosas y expresiones vulgares y como andamos sin adultos solo nos queda caminar rápido o correr”.
Como parte de sus vivencias relató que una vez cuando se encontraba cerca de un restaurante de comidas rápidas, “me salió un hombre que me dijo: ¿cuánto la hora? Yo le dije, no soy una ramera y él me contesto: pero vas a ser mía querrás o no. Yo me fui corriendo y ahí lo dejé, pero sentí mucho miedo porque creí que ese hombre lo decía en serio”, comentó.
El informe del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) de 2018 señala que 475,000 niñas, niños y adolescentes trabajan en Honduras. En las calles de las principales ciudades trabajan limpiando vidrios de carros bajo los semáforos y vendiendo dulces, verduras y otros productos en las calles. También son usados para la mendicidad forzada, realizando piruetas para recibir limosna.
En las ciudades con mayor movimiento, como Tegucigalpa, San Pedro Sula, y La Ceiba, también laboran en el sector de la construcción y en el peor de los casos, son explotados al ser usados para la prostitución o pornografía infantil. Asimismo, en el área rural la mayoría de los menores de edad son obligados a trabajar en la agricultura y ganadería.
El director de Casa Alianza, José Guadalupe Ruelas, dice que la niñez es un asunto de interés público y así lo refiere la Constitución cuando establece que el Estado es el responsable de la educación de la niñez y aunque no existan padres o madres de familia, el Estado tiene que proveer a cada niño y niña salud, educación, alimentación, protección y oportunidades de desarrollo.
NIÑEZ EN LA CALLE
Por otra parte, el confinamiento por la pandemia del Covid-19 incrementó el número de niños, niñas y adolescentes viviendo en la calle. Según los datos de la Secretaría de Seguridad antes del confinamiento había 15,000 niños, niñas y adolescentes en situación de calle en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula y sólo en los primeros días del cierre de la economía se reportó un incremento de unos 600, es decir, un 4 % más.
En abril un grupo de organizaciones interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo a favor de los niños, niñas y adolescentes que sobreviven en condición de calle, por el riesgo permanente de muerte que corre este sector de la población.
Para el director de Casa Alianza, lo que más afecta a los menores de la calle durante la pandemia es la indiferencia social, que permite que los niños se encuentren en condiciones de insalubridad, hambre, bajo el sol y la lluvia
Con respecto a la educación, Ruelas manifiesta que la situación se ha complicado porque muchos niños que antes compartían la escuela con sus actividades en las calles ahora han desertado porque no tienen la posibilidad de conectarse al internet. Aunque, aclaró que la mayoría de la niñez en situación de calle nunca ha tenido acceso a educación.
En cuestión de salud por el Covid-19 la niñez y adolescencia han sido muy afectados. Su situación es bastante compleja, por lo que el gobierno tiene una deuda histórica con estos grupos que son parte de la vulnerabilidad.
Antes de la pandemia Honduras ya tenía uno de los índices de pobreza más altos de Latinoamérica. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el 2018 el 61.8 de los hogares hondureños eran pobres y de ese porcentaje, el 38 % eran extremadamente pobres.
Para el mismo período, el INE reflejaba en sus estudios que el 19.7 % de los hogares hondureños, sobrevivían con un dólar al día. Estos indicadores después de siete meses de pandemia no son los mismos, han empeorado.
El economista Hugo Noé Pino, dijo en una entrevista reciente con Criterio.hn que las estimaciones realizadas indican que el porcentaje de pobreza puede aumentar hasta en un 5 %. Además, sostuvo que al mes de junio el Banco Central de Honduras establecía un decrecimiento económico de alrededor del 10 %, debido al incremento del desempleo y la falta de ingresos en los hogares, como resultado de los impactos de la crisis sanitaria.
Las condiciones de pobreza han hecho que la pandemia haya venido a afectar de manera más directa a las poblaciones de mayor vulnerabilidad.
Hasta el 31 de octubre, de los 97,404 casos positivos de Covid-19 reportados en el país, 33,232 correspondían a niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 0 y 30 años, es decir el 34.11 % del total de los casos. El total de casos de jóvenes era de 26,347. Mientras que en la niñez se habían presentado 6,885 casos positivos que equivalen a un 7.06 % del total y de los cuales 3,658 eran niñas y 3,227 niños.
Del total de casos recuperados, 14, 648, que equivalen al 15.03 %, 11,752 eran jóvenes y 2,896 niñas y niños. Los decesos reportados eran 82, el equivalente al 0.08 % de letalidad y de esos, 55 eran jóvenes de 19 a 30 años y 27 niñas y niños de 0 a 18 años.
El director Ejecutivo de Coiproden, Wilmer Vásquez, considera que si los datos de Honduras se comparan con el resto de los países se verá que lo que está pasando localmente está fuera de contexto, porque siempre las poblaciones que están más afectadas son las que se encuentran en condiciones de mayor pobreza.
Vásquez considera que, debido a los altos niveles de pobreza, en Honduras no funciona el distanciamiento social para frenar la pandemia porque un fuerte sector de la población que vive en la indigencia tiene que salir a pedir a las calles y exponerse al contagio.
