Advierten que además de Choloma y Crawfish Rock, ya hay varias zonas identificadas
Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. –Varias regiones de Honduras se mantienen en alerta ante la acelerada construcción de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que implican la existencia de pequeños estados dentro de los 112,492 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Cortés, Atlántida e Islas de la Bahía, ya son un hecho de este proyecto extractivista que despoja poco a poco a los pobladores de sus territorios y riquezas naturales.
Aunque no solo Cortés, Atlántida e Islas de la Bahía, están en los planes, pues el proyecto podría extenderse a otros departamentos como Choluteca, Valle, Colón y Gracias a Dios, advierten defensores comunitarios.
Miriam Miranda, presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH) y férrea opositora a las ZEDE o ciudades modelo, dijo a Criterio.hn que otra zona que está en los planes de este ambicioso proyecto del capital transnacional, es “Puerto Castilla (Trujillo), que pretenden terratenientes, inversionistas y desconocidos con títulos de propiedad falsos”. Esta región concentra 24 comunidades ancestrales que corren peligro de continuar esta iniciativa, alertó.
Solo en “crisis institucional permanente y desesperación que caracteriza la política hondureña desde el golpe de Estado, a alguien se le ocurriría una cesión de soberanía como esta que también ha costado la vida de líderes y habitantes como Antonio Bermúdez, líder del poblado Punta Piedra, encontrado sin vida el 21 de junio, tras seis días desaparecido”, siguió comentando la líder de los pueblos negros de Honduras.
La situación en la península Zacate Grande, en el Golfo de Fonseca, también podría empeorar con la instalación de la primera ZEDE en la zona sur del país, manifestó Alan Torres, coordinador de la Asociación de Defensa de la Península de Zacate Grande.
Hay mucha confusión. La gente cree que se trata de un solo megaproyecto, de una obra gigantesca que va a entrar de un solo golpe a los territorios. Algo que se puede identificar claramente, pero no es así.
REALIDAD
La ZEDE ya comenzó a operar y los primeros impactos sobre territorios, bienes comunes y las poblaciones de varios municipios y 37 comunidades del departamento de Choluteca ya albergan zonas especiales de minería, energía solar y eólica de empresas de Noruega, Canadá y Estados Unidos, ha denunciado en las últimas semanas el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS-Vida).
En el proyecto de energía solar Los Prados, en el municipio de Namasigüe, Choluteca, desarrollado con capital del Fondo Noruego para Países en Desarrollo (Nordfound) a través de la empresa noruega Scatec Solar, las comunidades levantaron campamentos de resistencia por lo que 17 pobladores están acusados y esperan juicio por coacción a empleados de los inversionistas.
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En El Triunfo, siempre en Choluteca, la minera Los Lirios, subsidiaria de la estadounidense Electrum Group LLC, pretende explotar más de 1.800 hectáreas para extraer oro, bronce y plata, afectando a unas 20 comunidades de la costa, según han denunciado ambientalistas agrupados en MASS-Vida.
Y en el Corpus, la minera Cobra Oro de Honduras, subsidiaria de la canadiense Glen Eagle Resources Inc, adquirió 15 mil metros cuadrados de terreno para dar paso a sus operaciones extractivistas.
La amenaza que están viviendo en los últimos años los pobladores de la zona sur, se extiende ahora por toda la costa norte, Islas de la Bahía e Islas de El Cisne, incluyendo a los departamentos de Atlántida y Gracias a Dios. En La Ceiba, Atlántida, se instalaría un parque industrial con asesoría de la firma InSite Bavaria y una consultora alemana encargada de localizar negocios, asociada con la Universidad Técnica de Munich, confesó recientemente, Erick Brieman, propietario y promotor de la ZEDE Próspera
Entre tanto, en Gracias a Dios se daría una concesión para la exploración de petróleo. Para este propósito el 9 de abril de 2013, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, se aprobó el Decreto Ejecutivo PCM 017-2013. Este decreto fue aprobado posteriormente el 23 de mayo de ese mismo año en el Congreso Nacional, presidido por Juan Hernández.
Según investigaciones sísmicas en aguas del Caribe y tierra firme hay presencia de gas y petróleo, pero en la Ley ZEDE estos territorios figuran como zonas exclusivas de pesca.
Honduras Próspera, propiedad de Erick Brimen, registrada como Economic Development Platform y autor de la amenaza de desalojo a los habitantes de Crawfish Rock, Roatán, Islas de la Bahía; la ZEDE Morazán, en Choloma, propiedad de Centroamerican Consulting and Capital, funcionarán con estatutos diferenciados, según una publicación en inglés que destacó Criterio.hn el 29 de septiembre pasado.
Uno de los argumentos del gobierno para ceder el territorio hondureño a los inversionistas extranjeros es la generación de empleo, pero Vanessa Cárdenas, líder comunitaria de Crawfish Rock, dice lo contrario. Ella denunció ante Criterio.hn que la construcción de la ZEDE de la compañía Próspera sigue adelante, pero únicamente emplea a dos habitantes de esta localidad.
“Cuando no sabíamos qué era esto la gente protestó por empleo y salario digno, porque ni siquiera el salario mínimo estaban ofreciendo”, continuó relatando.
“Ahora estamos en lucha porque no queremos una “ciudad modelo” en este lugar, pero no podemos acceder a un juzgado a plantear nuestro reclamo porque todo se va a resolver en la ZEDE. No hay acceso al proyecto, han puesto seguridad privada y no sabemos cuál es el impacto ambiental de las obras que se construyen en el lugar”, concluyó.
Oscar Hendrix, defensor de derechos humano en la zona insular advierte que “esto se quiere resolver en un juzgado extranjero y de ahí pasaría a una instancia de arbitraje en Arizona y eso no es gratuito, son pagados por alguien”.
Antonio Trejo Cabrera, el abogado que presentó el primer recurso de inconstitucionalidad contra las ZEDE, además de ganar un juicio de conflicto de tierras a favor de grupos campesinos en el Valle del Aguán, murió acribillado en septiembre de 2014, después de recibir una llamada a su móvil que lo sacó de una iglesia evangélica donde oficiaba una boda.
La desaparición de cuatro garífunas en la comunidad de El Triunfo de la Cruz, Tela y un mes antes el hallazgo del cadáver de Antonio Bernárdez, presidente de la comunidad garífuna de Punta Piedra, tras varios días de desaparición, junto al incidente en Crawfish Rock, configuran una esfera de amenazas de rastro y sangre que fluyen de las ZEDE.
Este arquetipo económico extractivista nada tiene que ver con el enclave financiero construido por Inglaterra en Hong Kong, o con la ultramoderna Shenzhen, provincia de Cantón, China, sede del gigante tecnológico Huawei, entre otros, aquí se instaló una cepa del modelo neoliberal conocido como los “libertarios o Anarcoestado”, que data de la mitad del siglo pasado y que después describiremos.
INCONSTITUCIONALIDAD
La Ley de las ZEDE “es inconstitucional porque otorga facultades a 21 particulares que deben integrar el comité para la organización de buenas prácticas para que regulen materias, cuya competencia conforme a la Constitución de la República corresponde al Poder Legislativo, igualmente por la vulneración de diversos principios constitucionales, libertades y derechos fundamentales y un tratado internacional vigente”, advirtió recientemente el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Fredis Cerrato.
El ex Fiscal General de Honduras, Edmundo Orellana Mercado, señala que las “ciudades modelo” estilo Honduras “no es cierto que sea una panacea, no es cierto que va a ser un paraíso. En las ciudades modelo se pierde la soberanía nacional, la jurisdicción y el imperio del Estado hondureño”, destaca.
“Honduras no es un corral en el que van a hacer y deshacer con la ciudadanía, el territorio y las finanzas del Estado, lo que están haciendo estos señores es ilegal y deben responder ante la justicia hondureña”, apuntó el abogado Antonio Trejo, mediante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en febrero de 2012.
Por mayoría de votos el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Decreto Legislativo 283-2010 que creó los Regiones Especiales de Desarrolló, más conocidas como “ciudades modelo”, por considerar que violaba la soberanía, el territorio y la forma de Gobierno.
Los 15 magistrados que integraban el pleno resolvieron el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en octubre de 2011, un año antes, por varias organizaciones entre ellas Ofraneh, y la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho.
Trece magistrados votaron para que se declarara con lugar el recurso de inconstitucional y solo uno votó en contra: Óscar Chinchilla, quien fue ratificado de forma irregular a un segundo período en el Ministerio Público, y el presidente de la Corte, Jorge Rivera Avilés, que emitió un voto particular, ni a favor ni en contra, por lo que la votación resultó 13 a 1, más el voto particular de Rivera Avilés.
Pero la historia no terminó ahí. En enero del 2013 revivió el proyecto, reformando el artículo 294 de la Constitución de la República y se conoció como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Para algunos abogados como Fredín Fúnez, el nombre es el único que cambió, porque las violaciones a la soberanía, al territorio y a las formas de gobierno se mantienen.
Ese mismo año, tras un desequilibrio de poder en el Congreso, se aprobó la Ley orgánica de las ZEDE con 102 votos a favor y 26 en contra dando así viabilidad.
Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico son consideradas como un pequeño Estado dentro de otro Estado, ya que estas porciones geográficas se asentarán en territorio hondureño, pero contarán con sus propios tribunales de justicia, policía, sistema financiero, tributario y moneda.
MÁS ENTREGUISMO
Los casos judiciales de la ZEDE serían resueltos en un tribunal británico en las Islas Mauricio, en el centro del Océano Pacífico, a unos 10 mil kilómetros de Honduras; y en una comisión judicial de un Consejo Privado en Londres, como última instancia de apelación. ”Se entiende que el presidente de la Corte Suprema de Mauricio, YKJ Yeung Sik Yuen, admitió el trámite de los recursos de casación que se derivan de las ciudades modelo”, dijo en su momento la prensa internacional.
Una declaración reciente del dueño de Honduras Próspera, la ZEDE en Crawfish Rock, afirma que los juicios con las comunidades afectadas en ese sector de Roatán los ventilará una sala de Arbitraje en el Estado de Arizona, EE. UU.
Sin consultar a las comunidades que serán perjudicadas un grupo internacional de inversores y funcionarios del gobierno firmaron un Memorándum de Entendimiento en el Congreso Nacional.
Mientras tanto, en las redes sociales, prensa digital y enlaces financieros, inversionistas como Erick Brimen promovían la venta de escenarios idílicos en la ZEDE Próspera, vista como “catástrofe para Honduras”, por el expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino.
ANARCOESTADO O LIBERTARIOS
Es “el grupo de choque más agresivo y reaccionario del neoliberalismo. Militan por la dictadura del empresariado y tienen como enemigo principal al Estado. Han proliferado en los últimos años gracias al internet y las redes sociales”, asegura el economista argentino Julio Zicari.
Se destacan “con inversionistas de aparentes ideas vanguardistas, críticos al orden de cosas vigente y posturas apolíticas que vociferan para reivindicar el anarcocapitalismo: un mercado total, que nadie lo pueda regir y en el que el Estado se desvanezca. Pero que en los hechos terminan por representar la doctrina del liberalismo autoritario”, apunta el docente bonaerense.
El discurso económico además de violento es simplista, ya que nunca aparecen problemas como el subdesarrollo, restricción externa, mejoras sociales, desequilibrios productivos típicos con respecto a la deuda externa. Suponen que mágicamente estas cuestiones se resuelven achicando el Estado o dejando de emitir.
Sus expresiones discursivas no observan al viejo sujeto liberal progresista, sino un individuo reaccionario, en el cual el micro-fascismo, la prepotencia y el narcisismo devienen centrales y toda desviación a sus premisas la identifican como estatismo, una dictadura y “un camino a ser Venezuela”.
Su propio lema “no me pises” (dont treat on me) y su símbolo (una víbora atacando) lo dice todo: se sienten oprimidos por el Estado (que supuestamente los pisotea) y por eso sienten que deban atacar, justificando su agresividad.
¿OPCIONES?
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, advierte que los territorios de las Islas de la Bahía y el Caribe pertenecen al pueblo garífuna y no pueden ser entregados al capital extranjero en una acción de puro colonialismo, como la que Honduras ya vivió en la época en que sus tierras se convirtieron en enclave bananero.
Neocolonialismo como anexo de la “Carta Rolston”, la misiva con las instrucciones que Hiller Rolston, ejecutivo del enclave bananero de la United Fruit Company, redactó en julio de 1920 con las claves, duras y precisas para lograr los fines de las compañías bananeras estadounidenses a inicios del siglo pasado en Honduras.
Una hoja de ruta para ejercer el control férreo y casi total sobre la tierra, sus recursos, la gente, los gobiernos incluso las esperanzas en naciones poco desarrolladas con gobiernos volubles, serviles, autoritarios, corruptos, maleables y dispuestos a ceder a los intereses de corporaciones transnacionales.
La coyuntura ocasionada por las ZEDE deja cuatro posibles escenarios: la no derogación de la ley, la no suspensión de estos proyectos, la generación de impactos ambientales y la expropiación de tierras de los habitantes, condiciones propias para una mayor conflictividad y futuro incierto para el país.
LA REAACCIÓN DE RECHAZO
El pasado 20 de octubre Criterio.hn publicó el repudio de todos alcaldes de Islas de la Bahía, los gremios empresarial-turístico y de un diputado local que demandan al Congreso Nacional un referéndum revocatorio a la instalación de ZEDE, que amenazan la conservación del arrecife Mesoamericano, la segunda barrera de coral del mundo y que exponen como una de las joyas apetecidas por el turismo internacional.
Johan Johnsson y Paula Bonilla, representantes de la Mesa para la Defensa del Territorio de Islas de la Bahía, condenaron el “flagrante irrespeto hacia los isleños al violar sus derechos humanos, constitucionales y hereditarios”, perpetrado por las autoridades hondureñas.
El 18 de octubre los alcaldes de Roatán, Santos Guardiola, Útila y Guanaja, las Cámaras de Turismo como la de Comercio e industrias de Islas de la Bahía y el diputado al Congreso Nacional, Ron McNab, ratifican su rechazo a la ZEDE Próspera y a la postura del gobierno de impulsar dicha iniciativa sin previa consulta a las comunidades locales.
A más de un mes del desalojo de Eric Bremen y sus guardias de seguridad de Crawfish Rock, la construcción de la ZEDE Próspera en Roatán, continúa adelante a pesar de los reclamos de las autoridades y comunidad local.
Días después McNab y varios diputados presentaron ante el Congreso Nacional, una iniciativa de ley para la derogación de la Ley ZEDE y revertir esa nefasta normativa aprobada por ese poder del Estado en el 2013.
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A finales de septiembre pasado los pobladores del municipio de Choloma, departamento de Cortés, levantaron su voz de alerta y comenzaron a organizarse después que una publicación internacional anunciara que en esa zona se instalaría un enclave en el que el capital extranjero sacaría ventaja de la mano de obra barata y de arrebatar la soberanía al pueblo cholomeño.
La revista Free Private Cities reveló información de una nueva concesión del territorio hondureño para beneficiar al capital extranjero, a través del proyecto Ciudad Morazán en Choloma, Cortés.
“Tras el exitoso inicio de la primera ZEDE Próspera de Honduras (ubicada en Roatán), el gobierno ha aprobado ahora una segunda. Se llama Ciudad Morazán y está situada cerca de la ciudad de Choloma en tierra firme”, señala el escrito.
A diferencia de Próspera, el objetivo de la Zona es la manufactura de mano de obra ligera intensiva, centrándose en las familias de trabajadores de salario mínimo. Los organizadores de la ZEDE creen que son los que más se beneficiarán de un entorno más libre”.
FLUJO HUMANO
El detonante de la migración al norte del continente repunta en 2018 con la crisis económica y social, derivada del fraude electoral de noviembre de 2017 y no cesa pese al Covid-19 y a las duras leyes anti migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.
Las ZEDE avanzan en su construcción, pero su oferta de ser una solución al desempleo y pobreza sigue siendo una quimera, ya que la población sigue emigrando motivada por la inseguridad, el desempleo, falta de oportunidades y ahora las secuelas sanitarias, humanas y económicas ocasionadas por el pésimo manejo de la gestión pública.
Ante las mareas humanas que buscan cruzar las fronteras e ingresar a los Estados Unidos, el gobierno de Trump responde con amenazas de sanciones económicas y condicionamientos políticos, obteniendo con ello una actitud cada vez más servil del gobierno hondureño.
“¡Estados Unidos ha informado firmemente al presidente de Honduras que, si la gran caravana de personas que se dirige a los Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras, con efecto inmediato!”, twitteó Trump en octubre de 2018.
The United States has strongly informed the President of Honduras that if the large Caravan of people heading to the U.S. is not stopped and brought back to Honduras, no more money or aid will be given to Honduras, effective immediately!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2018
Hoy Honduras es una olla de presión con un gobierno cuestionado en su legitimidad, descalificado internacionalmente por sus vínculos con el narcotráfico, la corrupción y la violación de derechos humanos.
Presentes están los crímenes de líderes ambientalistas y comunales, desde Blanca Jeannette Kawas, Carlos Escaleras, Berta Cáceres a Orlando Morazán, en Guapinol, entre otros que ofrendaron sus vidas por defender la naturaleza, sus territorios y el patrimonio natural.
La lucha de las comunidades donde se levantan los nuevos enclaves neoliberales se mantiene, mientras los tribunales le dan seguimiento a la judicialización de casos de defensores del ambiente por oponerse a proyectos mineros, hidroeléctricos, fotovoltaicos y seguramente pronto se abrirán expedientes contra los opositores de las ZEDE.
