Por: CEDOH
El Problema
A medida que se acercan y cumplen los primeros plazos del calendario electoral, cada vez es más evidente que el país podría desembocar en una grave crisis política derivada de la falta de credibilidad, transparencia y legitimidad del proceso electoral actualmente en marcha. El frustrado esfuerzo por aprobar una debida reforma de la legislación electoral y, en consecuencia, la inevitable convocatoria oficial a elecciones internas y primarias para el mes de marzo del próximo año en base a la actual Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP 2004), son dos elementos más que se suman para volver más crispado el ambiente político y agregar combustible a la hoguera en ciernes.
Pareciera que los dirigentes políticos tradicionales están jugando con fuego, sin atender a las posibles y explosivas consecuencias. Mientras esto sucede en el escenario de la política local, la pandemia del coronavirus (Covid-19) continúa causando estragos en la sociedad, mientras el gobierno sigue mostrando su incapacidad manifiesta para gestionar con habilidad suficiente, eficiencia, eficacia y transparencia la grave crisis sanitaria que azota al país entero. El país está atravesando ya por lo que algunos llaman es decir la “momento de confluencias críticas”, hora en que confluyen de manera catastrófica la crisis del sistema de salud pública, la económico-financiera, la ecológica y, por supuesto, la de carácter político-electoral, que afecta la naturaleza misma del régimen político y acaba de deteriorar los rasgos todavía supervivientes de la democracia hondureña.
Si a esto sumamos el agravamiento escalofriante de la violencia criminal y el accionar de las redes del crimen organizado, todo ello en un marco de corrupción tan escandalosa como creciente, tendremos ante nosotros el cuadro general que refleja los problemas, retos y desafíos que enfrenta Honduras en la actualidad. El “momento de las confluencias críticas” tiene desde ya letales consecuencias para la sociedad en su conjunto y para el Estado degradado que padecemos, a punto ya de convertirse en una estructura gubernamental totalmente fallida.
El contexto
E l singular y cuestionado inicio del proceso electoral, que deberá cobrar mayor intensidad y tensión a partir del próximo año, es un indicio claro de que las cosas pueden salir mal y que el país entrará en una dinámica crítica muy arriesgada. Los dirigentes de la llamada no pare- “clase política tradicional” cen darse cuenta de la peligrosa crisis que se está gestando. Avanzan, como si fueran sonámbulos políticos, hacia el abismo que tienen por delante. Un proceso electoral, regido por normas legales obsoletas, inadecuadas para gestionar una situación cambiante y novedosa, cuya geografía electoral ha cambiado sustancialmente y en donde el antiguo sistema bipartidista y tradicional se ha trocado en uno más diverso y plural, no anuncia nada bueno. No es posible gestionar un proceso nuevo con leyes viejas, como tampoco es posible procesar democráticamente la conflictividad político-electoral con instituciones débiles, saturadas de politización partidaria y propensas a la corrupción y el fraude.
Este es, en términos generales, el preocupante contexto en que iremos a elecciones internas y primarias en marzo y a las generales en noviembre del año 2021, justo el año en que la patria deberá celebrar el 200 aniversario de su independencia formal de España. Este peligroso contexto contiene los mismos o similares ingredientes que, en suma, siniestra, han coincidido en diferentes fases de nuestra historia para mantener al país en el estado lamentable de atraso, violencia criminal y desintegración moral en que hoy se encuentra.
Las Implicaciones
La sociedad hondureña debe tomar conciencia de la gravedad de la situación en que nos encontramos. El proceso comicial, basado en la vieja legislación electoral y en un censo dudoso y cuestionado, es condición segura para que los resultados no sean transparentes y, por lo tanto, carezcan de la aceptación debida y la legitimidad deseada.
Y, si esto es así, el país entrará en una nueva fase de convulsión política y social que no nos augura nada bueno. Si a esto agregamos la situación de la pandemia y sus terribles consecuencias en la economía y el deterioro de las condiciones materiales de vida de la gente, el desempleo, la caída de la producción, el creciente endeudamiento interno y externo, el aumento de los flujos migratorios y el repunte de la violencia y la criminalidad, casi podríamos decir que tendremos todos los ingredientes para la “tormenta perfecta”.
Es necesario que tengamos plena conciencia de estos riesgos y amenazas. Como en el reciente pasado (2009), estamos viviendo un lento pero efectivo proceso de acumulación gradual de la conflictividad social y política. Cuando esa conflictividad alcance el punto máximo de su propia ebullición, la bomba de tiempo que hoy fabricamos podría estallar perjudicándonos a todos. Por el momento, iremos a elecciones internas y primarias con la Ley actualmente vigente y un censo tan provisional como dudoso. Luego, aprovechando el tiempo que faltaría para las elecciones generales, los dirigentes políticos, en particular los legisladores, tendrían la oportunidad de buscar y encontrar la fórmula legal más apropiada para hacer los cambios necesarios en la legislación vigente e impulsar y aprobar, aunque sea a medias y parcialmente, el texto de nuevas normas e instrumentos jurídicos. Una solución semejante es posible y necesaria.
Los diputados y sus líderes están obligados a crear las condiciones para que las elecciones generales de 2021 sean lo suficientemente creíbles y verificables como para despejar el panorama político y dar paso a un nuevo gobierno, más aceptable y legítimo que el actual. Si, por el contrario, los políticos y sus diputados optan por seguir dándole largas al asunto y eludiendo la necesaria aprobación de reformas electorales, ellos, entonces, serán los primeros culpables a los que la ciudadanía deberá pedir cuentas y exigir su merecido castigo político. El destino del país está en juego y la no admite ni demora “confluencia de crisis” ni descuido.
Alerta ciudadana
L a pandemia del coronavirus, al menos en sus primeras fases y estremecimientos, actúa como si fuera un inevitable factor de desmovilización social. La gente, preocupada por ponerse a salvo y eludir las consecuencias letales del virus, no piensa en otra cosa que no sea su propia salud y seguridad. No es tiempo de protestas callejeras ni de marchas colectivas. Es hora de recogimiento y encierro social, de distancia y retraimiento. Pero esta es una situación temporal.
A medida que la crisis sanitaria avanza y el sistema político y social muestra en toda plenitud sus injusticias y limitaciones, la gente va recuperando poco a poco su capacidad de reclamo y demanda. La movilización social comienza a mostrar sus energías a través de marchas callejeras, de vías públicas, reclamos “tomas” ante oficinas gubernamentales, reacciones en cadena a través de las redes sociales para denunciar y condenar los actos de corrupción, paros laborales y plantones tan variados como dispersos. Es el lento despertar de una sociedad que sale del clima de temor del comienzo para volver a convertir el miedo en coraje y reacción. Es el momento de la protesta colectiva y el reclamo social.
El objetivo de este texto es el de ALERTAR a nuestros lectores sobre los riesgos que amenazan a nuestro país y el alto precio que podríamos pagar si nos rendimos ante la inercia y el desánimo. En este “momento de confluencias críticas”, la ciudadanía debe ser más activa que nunca y hacer que las energías sociales y el impulso cívico de cada uno converjan y generen un momento distinto, el de las confluencias positivas, el de la transformación política y social de nuestro país. Honduras nos necesita como entes activos y dinámicos, lejos de la pasividad bovina de otros tiempos, distantes de la indiferencia y la pasividad de tiempos superados.
