Es erróneo llamarlo Congreso paralelo porque es legal y no creará nueva crisis política

Ismael Moreno vaticina que similares circunstancias se darán en el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas.

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.-Abogados y líderes sociales coinciden que la sesión extraordinaria instalada el pasado miércoles 24 de junio por 67 diputados no representa un Congreso paralelo y que tampoco será un ingrediente que repunte una nueva crisis política.

Sin embargo, para el abogado Raúl Pineda Alvarado, la sesión del Congreso del pasado jueves podría ser la antesala de una nueva crisis política, y que lo aprobado tiene legitimidad política, pero no sustento legal.

El miércoles 24 de junio los 67 diputados, que participaron en la sesión extraordinaria, fueron convocados por cinco congresistas quienes, para llevar a cabo dicho acto, se ampararon en el artículo 191 de la Constitución de la República.

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En esa sesión extraordinaria, los congresistas aprobaron la abrogación del nuevo Código Penal que violenta derechos fundamentales como la libertad de expresión, entre otros y establece medidas para favorecer a los corruptos, narcotraficantes y violadores sexuales, que serán beneficiados con la reducción de condenas y el desaparecimiento de delitos.

Pero contrario a lo que piensa Pineda Alvarado, hay otros juristas, como  Joaquín Mejía, Omar Menjivar y Abencio Fernandez, que están seguros que la sesión extraordinaria del Congreso fue legal, y que no podría causar una nueva crisis política, sino una manifestación más de los graves problemas permanentes que vive el país desde el golpe de Estado del 2009.

Para Joaquín Mejía, experto en derecho internacional, esa sesión  legislativa, desarrollada por 67 diputados del Congreso Nacional es legítima. Y además considera que es un error llamarlo Congreso paralelo.

Asegura, que es el Congreso Nacional el que se reunió ese día con 67 diputados y diputadas que fueron elegidas en  las elecciones generales del 2017. “Entonces me parece que llamarlo de otra forma es deslegitimarlo y es como pensar o decir que hay otro Congreso que sí es legítimo”, afirmó.

Dejó claro, que ese Congreso instalado por la oposición tiene legitimidad porque la Constitución de la Republica establece dos requisitos para que las sesiones extraordinarias sean legítimas. Primeramente, que sean convocadas por un mínimo de cinco diputados y diputadas y luego, que exista una situación que impide la celebración de una sesión en el Congreso Nacional.

Y en ese sentido puntualiza que se cumple el primer requisito porque la sesión fue convocada por 5 diputados y que en segundo lugar sí había un impedimento para celebrar sesiones, “porque el Congreso Nacional presidido por Mauricio Oliva se ha convertido en la cuna del autoritarismo, donde es él el que decide quien habla y quién no.

Planteó, que el artículo 192 de la Constitución de la Republica establece  claramente que las sesiones del Congreso Nacional se van a instalar cuando se reúnan la mitad más uno y la Asamblea legislativa la conforman 128 diputados, donde la mitad más uno son 65. Y por lo tanto, expresa que es una sesión parlamentaria constitucional y legítima del Congreso Nacional, donde no estuvo el oficialismo que es el que ha estado impidiendo que se realicen las sesiones.

Además, sostuvo que esa acción solo podría generar violencia de parte de quienes tienen la violencia en sus manos, de los que controlan la policía y a los militares, que son, el jefe de Gobierno, Juan Hernández; el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y el sector oficialista, que desde el 2009 se ha mostrado represivo con la población incluso en este momento de la pandemia.

Apuntó, que los diputados oficialistas ya presentaron una denuncia en el Ministerio Público acusando criminalmente a sus compañeros que desarrollaron la sesión extraordinaria del Congreso Nacional. Y que espera que la Fiscalía actué de la misma manera “diligentemente, como lo hizo con denuncias contra el fraude electoral y las violaciones de los derechos humanos”.

En ese sentido también mencionó, que en enero del 2014 el Congreso manejado por Oliva, aprobó ilegalmente cuando ya no estaba en funciones, la Ley del Poder Legislativo para protegerse de las acusaciones por corrupción y que esa legislación, también favorece ahora a los diputados que ellos están acusando.

La denuncia contra estos diputados es por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, pero a juicio de Mejía, la abogada que representa el Congreso “es un poco lenta la pobre”, porque entre otras cosas acusa a los diputados de abuso de autoridad, un delito que ya no existe porque el nuevo Código Penal, que ellos dicen que ya está vigente, no lo contiene. 

Especificó, que derivado de las actuaciones del Congreso, existen dos actos jurídicos válidos. Primero la entrada en vigencia del nuevo Código Penal que es legal y luego, la abrogación que hizo el Congreso Nacional, en la sesión del miércoles 24 de junio, que también es legítima. Pero aclara, que solo está vigente una, porque la abrogación no ha sido sancionada por el Poder Ejecutivo, una situación que demuestra la hipocresía de Juan Hernández y Ebal Díaz, cuando dicen que hay que derogar ese Código.

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Se preguntó, “¿Por qué no lo vetaron? o ¿por qué no sancionan la abrogación?, son unos sinvergüenzas, lo que tienen que hacer es terminar con el proceso constitucional de promulgación y sanción de la Ley, el Congreso ya aprobó la abrogación y lo envió al Ejecutivo y lo que sigue de acuerdo con la Constitución es que en el término de 10 días lo sancione o lo vete” sentenció Mejía.

Reiteró, que la situación si podría generar mayor profundización de la crisis que desde el 2009 no ha sido resuelta, pero no una nueva crisis social o política, porque desde ese momento se ha deteriorado la institucionalidad democrática y se ha creado mayor desconfianza en las instituciones públicas.

Consultado sobre el mismo tema, el abogado,  Abencio Fernandez,  afirma que la crisis del país ya está planteada entre una facción  que representa al gobierno y otra encarnada en los intereses del pueblo y de la sociedad  en general, que rechaza a un nuevo Código Penal, que por un lado y criminaliza la protesta y  la oposición y por otro reduce las penas y favorece a los criminales.

A juicio de Fernández, el Congreso instalado por la oposición no es paralelo, porque la misma Constitución les da la potestad de reunirse de esa manera y que los nacionalistas y sus aliados no estuvieron, porque son los que han estado violentando esa obligación de reunirse como Congreso.

Sostiene que  no es un Congreso de la oposición sino el Congreso Nacional, porque tiene toda la legalidad para convocar a sesión extraordinaria.

Según Fernández, la represión del Estado ya ha iniciado desde el momento en que presentaron la denuncia al Ministerio Público. Y no descarta que en esta ocasión, el Fiscal General,  Oscar Chinchilla si actué para presentar el requerimiento. Sin embargo, señala que el gobierno solo se sostiene por las armas porque carece legitimidad y de credibilidad y que por esa razón es difícil que siga abriendo más frentes de oposición.

“Ahorita no tenemos presidente y no creo que esté enfermo”, dice Fernández,   lamentando que Juan Hernández, no haya nombrado a uno de sus designados para que lo cubra en su puesto y que resuelva la crisis, “pero es un canalla un cobarde que se fue a esconder cuando hemos tocado fondo”, insistió.

Coincide en que el Código está vigente, pese al discurso hipócrita de Juan Hernández  y del Ministro de la Presidencia,  Ebal Díaz, cuando dicen que van a derogar algunos artículos o abrogar esa legislación. Criticó que Hernández tuvo la oportunidad de vetarlo en el 2019 cuando el Congreso Nacional se lo envió después de aprobarlo. Pero no lo hizo, sino que lo sancionó y “ahora me parece hipócrita y oportunista, que dice eso  para desviar la atención del robo de los 100 mil millones de esa pandemia terrible, que la gente está tirada en el suelo y se está muriendo”.

Por su parte, el abogado penalista y ex Fiscal del Ministerio Público, Omar Menjívar, manifiesta en torno al tema, que mucha gente se refiere a la sesión extraordinaria celebrada por la mayoría de los diputados de asamblea legislativa, como un Congreso paralelo. Sin embargo, esa es una de las posibilidades que establece la Constitución de la República cuando las sesiones del Congreso se ven interrumpidas por el Poder Ejecutivo o la Junta Directiva.

Reveló, que la Constitución señala que cinco diputados pueden convocar y se instalará la sesión extraordinaria con la mitad más uno. Y en esa sesión participaron 67 congresistas opositores del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y por eso los nacionalistas y sus aliados rechazan los acuerdos.

Menjívar explica, que no es que los diputados de la oposición hayan elegido otra Junta Directiva para suplantar a la de Oliva, sino que esa sesión tenía que ser presidirla por alguien y que alguien debía recoger  los acontecimientos y que por esa razón nombraron a un presidente, un secretario y los demás secretarios que eran necesarios.

Advirtió que de acuerdo con la Constitución, en estas sesiones solo puede tratarse de un punto específico y los diputados que se reunieron así lo hicieron, tratando el tema de la abrogación del Código Penal, una acción que ya no representa ningún peligro para el país.

Ratifica que la abrogación del Código Penal es legítima, pero que no será vigente si el Ejecutivo no la sanciona y manda a publicar. Y claro está que no lo van a hacer porque Ebal Díaz ya mandó la nota al Congreso Nacional solicitando reformas profundas o la derogación de esa Ley. Menjívar dice que si el Presidente tuviera voluntad lo único que tiene que hacer es sancionar y publicar lo ya aprobado por los diputados.

Estimó que el desconocimiento que hace el Ejecutivo del acuerdo de abrogación del Código es una falta  para la Asamblea y la idea de mandarle un mensaje a la población de que ellos son los que mandan y que si derogan esa Ley es porque ellos así lo quieren.

Sobre el particular, CRITERIO.HN también consultó la opinión del sacerdote jesuita y director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno, quien no descarta un repunte, pero de la crisis sin resolver que mantiene Honduras desde el golpe de Estado del 2009. Apreció que lo acontecido en el Congreso no conducido por la oficialidad de la extrema derecha, representada por Mauricio Oliva es la expresión de la ingobernabilidad existente en el país.

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El sacerdote dice, que el Estado ya no tiene la capacidad para producir procesos nacionales, porque el sector que lo ha conducido desde el golpe de Estado está deteriorado por la voracidad de robar y porque ya perdió todo tipo de credibilidad y aunque a veces digan la verdad la inmensa mayoría no les cree. Y pronosticó, que expresiones como la ocurrida en el Congreso Nacional se van a seguir dando en otras instituciones como el Ministerio Publico, la Corte Suprema de Justicia, en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas.

Porque “esta ingobernabilidad nos ha llevado a un país de las sorpresas y cualquier cosa puede ocurrir”, apunta Moreno, quien insta a la formación de  una amplia alianza con todos los sectores políticos, sociales y los movimientos que luchan por la tierra, el medioambiente y empresarios honestos para recuperar el proceso electoral y conducirlo con garantías limpias o para recuperar la patria sacando a Juan Hernández de la Presidencia.

No obstante, afirma que el proceso electoral también es incierto y que es difícil que esa unidad de la oposición pueda sobreponerse a las acciones criminales de quienes están decididos a volver a utilizar las elecciones como un  instrumento más para avanzar hacia la consolidación de una dictadura.

Entre tanto, el sociólogo y catedrático universitario, Eugenio Sosa,  es del criterio que la crisis política solo podría generarse si  los diputados nacionalistas deciden mantenerse unidos contra los 67 parlamentarios de la oposición que se instalaron como Congreso para abrogar el nuevo Código Penal.

Sustenta, que las perspectivas son amplias porque podrían pasar de una junta directiva provisional a una junta directiva permanente y provocar la crisis. No obstante,  piensa que la oposición carece de la capacidad para mantenerse sólida y de soportar ese poder, pese a que sí existe un apoyo en la ciudadanía.

Instó, para que el próximo martes, cuando la sesión del Congreso Nacional sea presidida por Mauricio Oliva, que estos diputados de la oposición vuelvan a tocar el tema y abroguen de nuevo ese Código Penal. 

Percibe, que la situación motivada por la sesión del miércoles anterior no dejara mayores consecuencias, porque el Ejecutivo no ha sido contundente en la petición enviada al Congreso  y que por lo tanto no habrá mayor tensión. Que la Corte Suprema asume que la ley está vigente y que los jueces están recepcionando casos en su aplicación.