Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. – El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez Coello, fue multado nuevamente por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por ocultar información del ente de pensiones de los comunicadores, en el que se ha revelado el despilfarro de fondos y compra sobrevalorada de propiedades.
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Rodríguez Coello fue sancionado por el IAIP con una multa de tres salarios mínimos un poco más de 29.000 lempiras, en su condición de presidente de la junta directica del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública al negarse a publicar en el Portal Único de Transparencia, información administrativa y finaciera del ente de pensiones de los periodistas.
El presidente del CPH rechaza tenazmente publicar la información del ente de pensiones o entregarla a afiliados que la han solicitado amparados en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, llegando el IPP incluso a presentar más de ocho recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en contra de resoluciones del IAIP que le ordenaron suministrar información financiera y administrativa solicitada por periodistas miembros del sistema.
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Rodríguez Coello es un violador consuetudinario de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública al negarse sistemáticamente a publicar la información administrativa y financiera en el Portal Único de Transparencia por lo que el IPP ha sido calificado en seis evaluaciones con cero por ciento por incumplir la ley del IAIP.
Los directivos de los periodistas se han gastado más de 500.000 lempiras en pagar consultorías de reconocidos abogados, entre ellos un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, un ex Fiscal General, un ex magistrado del Poder Judicial, y otros profesionales del derecho para presentar los recursos de amparo, que tienen un costo cada uno de 30.000 lempiras, de acuerdo al arancel de los abogados.
“Si no tienen nada que esconder lo más sencillo sería que entregaran la información solicitada, pero los periodistas directivos del IPP han preferido gastar cantidades millonarias en pagar abogados para ocultar la información”, dijo a CRITERIO el periodista Gustavo Palencia, que desde el año 2015 solicita información, con poco éxito, a los dirigentes del ente de previsión gremial.
Los directivos se gastan fondos del IPP en pagar abogados, en un sistema en el que la mayoría de las pensiones se encuentran entre poco más de 2.000 y 4.500 lempiras y le ofrecieron una jubilación de 1.000 lempiras al periodista Mario Valladares, tras más de 20 años de aportar al ente.
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CRITERIO, en un proceso de investigación desde 2015, ha publicado el despilfarro de fondos en el ente de pensiones, las míseras jubilaciones de los afiliados, la firma de contratos con una operadora bancaria de pensiones en la que los periodistas recibirían como pensión únicamente el producto de sus cotizaciones personales y, también, se ha denunciado la compra sobrevalorada de terrenos en casi 3 millones de lempiras.
La sanción pecuniaria impuesta a Rodríguez Coello, por parte del IAIP, el órgano responsable de velar por la transparencia en los poderes del Estado y entes de gobierno centralizados y descentralizados y organismos que captan fondos públicos, es la segunda aplicada al dirigente, desde abril de 2018, por violar la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La resolución, que sanciona a Rodríguez Coello, fue aprobada por las comisionadas del IAIP, Suyapa Thuman Conde y Gaudy Bustillo Martínez, que ocuparon esos cargos hasta el 10 de septiembre de 2019.
La multa anterior impuesta a Rodríguez Coello fue de tres salarios mínimos, poco más de 26.000 lempiras. La nueva sanción pecuniaria fue impuesta después de la convocatoria a dos audiencias conciliatorias a las que no asistió.
En una audiencia celebrada el 14 de marzo de 2018, las autoridades del IAIP y Rodríguez Coello alcanzaron un acuerdo en el que el periodista “reafirma la voluntad de firmar un acuerdo de buena voluntad entre el IAIP y el IPP para subir dicha información”, pero el dirigente del ente de pensiones no se presentó a audiciencias convocadas para el 6 y el 13 de noviembre de 2018, en las que se esperaba concretar el compromiso.
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El IAIP, debido al incumplimiento por parte del IPP de la publicación en el primero y segundo semestre de 2017 y al no poder localizar a Rodríguez Coello en las oficinas del ente de pensiones, procedió a imponer la sanción pecuniaria.
Rodrīguez Coello, jefe de Redacción de diario La Prensa en Tegucigalpa, se opone no solo a entregar información a los afiliados que la solicitan y a publicar la información financiera y administrativa, sino también a una auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
El IPP es el único ente de previsión en Honduras, que nunca ha sido auditado por la CNBS, escudándose los directivos del CPH, que a su vez integran la dirigencia del ente de pensiones, en un inconstitucional decreto que les aprobó en el año 2000 el Congreso Nacional, excluyendo de la aplicación de leyes en materia de control, supervisión y vigilancia al ente de previsión de los periodistas.
Rodríguez Coello es el segundo presidente del CPH y a su vez de la junta directiva del IPP, en ser sancionado pecuniariamente por el IAIP por violar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su afán de ocultar las operaciones administrativas y financieras del ente de pensiones de los periodistas.
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DESOBEDIENCIA
El dirigente se encuentra en estado de desobediencia por no entregar información a afiliados sobre las operaciones financieras del instituto, similar condición que la del ex presidente del CPH y de la junta directiva del IPP, Eduin Natividad Romero García, a quien el IAIP le impuso a principios del año 2016, una sanción pecuniaria de un salario mínimo, 8.000 lempiras, por negarse a entregar información solicitada por el periodista y afiliado al ente de pensiones, Gustavo Palencia.
Rodríguez Coello es presidente del CPH y de la directiva del IPP desde enero de 2017, mientras que Romero García ocupó esos mismos cargos entre 2015 y principio de 2017, pero continúa como directivo de ambos organismos por ser presidente del Tribunal de Honor del CPH.
Romero García y Rodríguez Coello se afanan por evitar someterse a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), audite la administración y finanzas del IPP que ha operado cientos de millones de lempiras desde 1987 en que inició operaciones.
