Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. – El Poder Ejecutivo sancionó el Decreto Legislativo que ratificó y amplió el escudo de impunidad del que gozan los dirigentes del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), para no rendir cuentas en el ente de pensiones de los comunicadores, que enfrenta serias denuncias de despilfarro de fondos y compra sobrevalorada de propiedades.
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El diario oficial La Gaceta publicó el Decreto No. 113-2019 aprobado en el Congreso Nacional el 25 de septiembre, que ratifica a los directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), un fuero especial que los exime del control, supervisión y vigilancia por parte de organismos auditores estatales especializados.
El Decreto No. 113-2019, que reformó el Decreto 59-2000, que ya otorgaba la inconstitucional prerrogativa a los directivos del CPH en la administración del ente de pensiones, fue publicado en La Gaceta con fecha 25 de noviembre de 2019, incorporando que los litigios contra el IPP se ventilarán en la jurisdicción de lo Civil y no en lo Contencioso Administrativo, como corresponde según su ley de creación, que lo define como ente de derecho público.
Con esta reforma – solicitada por los directivos del CPH y del ente de pensiones – y aprobada en el Congreso Nacional por los diputados del Partido Nacional y una facción del Partido Liberal, leal al ex presidente Carlos Flores Facussé, pretenden frenar la demanda de dos periodistas jubiladas ante lo Contencioso Administrativo por el cálculo de sus pensiones con una fórmula al margen de la ley del ente de previsión.
La sanción por parte del Ejecutivo de esta reforma de la ley del IPP y su publicación en el diario oficial La Gaceta pone al descubierto lo vacío de la frase del gobernante Juan Hernández, de que “en Honduras nadie está por encima de la ley”, que se contradice con este fuero especial otorgado a los dirigentes del CPH.
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CRITERIO publicó esta semana una operación en la que el ente de pensiones compró una propiedad en 2011 en Tegucigalpa por 11,252.000 lempiras, que apenas unos días antes había sido adquirida por 8,550.000 lempiras por un periodista, amigo y ex cuñado del gerente de la institución, Nelson Omar Calderón, obteniendo una utilidad de 2,720.000 lempiras.
En la operación se involucraron los miembros de la junta directiva del IPP, de ese entonces, presidida por Juan Ramón Mairena, que aprobaron la compra pese a la sobrevaloración de la propiedad en la colonia Tepeyac de la capital, pues debieron tener a la vista, al igual que el gerente, la escritura de compra que hizo el periodista Miguel Aguilar Ramos, donde se precisa el monto en que adquirió la propiedad.
El presidente del CPH Dagoberto Rodríguez, empleado de diario La Prensa, junto a los también dirigentes Ninfa Arias, de La Tribuna, y el presidente del Tribunal de Honor del CPH, Eduin Natividad Romero, empleado del gobierno, llegaron el 26 de septiembre al Congreso Nacional a abogar por la aprobación del Decreto en mención.
Rodríguez Coello, es también presidente de la junta directiva del ente de pensiones, que también integra Romero García en su calidad de presidente del Tribunal de Honor del CPH. Ambos se oponen tenazmente a la auditoría en el ente de pensiones y a entregar información de las operaciones del instituto por lo que han sido sancionados con multas por el Instituto de Acceso a la Información Pública.
El fuero otorgado a los dirigentes del gremio de los periodistas violenta el artículo 60 de la Constitución, que establece: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley”, y en el 61 dice que la Constitución garantiza a hondureños y extranjeros residentes la “igualdad ante la ley”.
El Estado a través de la institucionalidad pública renuncia, inconstitucionalmente, a tutelar el derecho de los afiliados del ente de pensiones de los periodistas y a servicios de salud, al no cumplir el papel de vigilante de la operación del Instituto para evitar se quebrante su fortaleza financiera.
El escudo de impunidad del que gozan los directivos del CPH en la operación administrativa y financiera del IPP, les fue otorgado, vía interpretación de la ley de creación del IPP, en principio en el año 2000 en el Congreso Nacional, por diputados del Partido Nacional y Liberal, y publicado en La Gaceta con la sanción del ex mandatario del Partido Liberal, Flores Facussé.
El decreto de impunidad es ahora ratificado y ampliado mediante una reforma en el gobierno del Partido Nacional de Hernández Alvarado, pese a la inconstitucionalidad al otorgar un fuero especial a los directivos de los periodistas en la administración de un ente de pensiones.
