Por: Redacción CRITERIO
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El Icefi presentó el documento Perfiles Macrofiscales de Centroamérica número 11, que contiene el análisis de la situación fiscal de la región centroamericana al cierre de 2018 y su comparación con los períodos previos, y concluyó que las estrategias fiscales de los países de la región en los últimos años, han privilegiado la sostenibilidad de la deuda y se han alejado paulatinamente de la búsqueda del bienestar común, como lo mandan sus cartas magnas.
Conforme el documento Perfiles Macrofiscales de Centroamérica en su décima primera edición, publicado este día por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) el gasto público promedio de la región bajó al 18.3% del PIB en 2018, luego de registrar 18.4% en 2017 y 19.0% en 2016. Conforme los presupuestos aprobados por los seis países de Centroamérica, el gasto público al final de 2019 alcanzaría 18.2%, reportando el cuarto año consecutivo de disminución. Los países que han adoptado con mayor énfasis una política de austeridad son Honduras, cuyo gasto se redujo desde el 20% del PIB en 2017 al 19.1% en 2018 y estima 19.0% en 2019; Panamá que redujo su gasto desde 17.1% en 2017 al 16.6% en 2018 y Costa Rica que registró una contracción desde el 20.5% en 2017 al 20.2% en 2018. La contracción del gasto hondureño se debe primariamente a un plan de ajuste fiscal que inició en 2014 y que involucró el incremento de las tasas de impuestos, especialmente del IVA del 12% al 15%, con el fin de controlar el crecimiento acelerado de la deuda; mientras que la reducción del gasto de Costa Rica derivó del plan de austeridad implementado por recién electo Presidente Carlos Alvarado, para evitar un aumento del déficit y de la deuda que ya sobrepasa el 50% del PIB; por su parte, Panamá redujo su gasto como consecuencia primaria de serias dificultades en la ejecución de los planes de infraestructura previstos por su Gobierno y que desembocaron en una masiva huelga de empleados de la construcción en el primer semestre de 2018.
En sentido contrario, los Gobiernos que aumentaron su gasto fueron El Salvador, que incrementó el tamaño del Gobierno Central del 21.5% en 2017 al 22.2% en 2018, como consecuencia, tanto de la transparencia en los gastos vinculados al sistema previsional, como del incremento de los mismos por el proceso electoral que vivió dicho país; también Guatemala aumentó ligeramente su gasto del 12.1% en 2017 al 12.3% en 2017 y Nicaragua, a pesar de la profunda crisis política, sin precedentes en las últimas dos décadas, registró un aumento del 19.4% en 2017 al 19.6% en 2018.
La reducción del gasto regional en 2018 se manifestó en los gastos de inversión, que se contrajeron de 3.6% al 3.5% del PIB y que tendrá alguna repercusión en el largo plazo, tanto en la construcción de mejores condiciones de vida de la población, como en el aumento de la productividad de los países, lo que repercutirá en su competitividad mundial.
Es cierto que la mayor parte de los gobiernos de la región han privilegiado la sostenibilidad de la deuda como objetivo fundamental de política fiscal, incluso incluyendo en su legislación tributaria reglas fiscales explícitas que tratan de establecer condiciones de largo plazo sobre las que se debe orientar el gasto público, olvidando los aspectos fundamentales de su carta magna en la que debe privilegiarse la búsqueda del bien común, pero también es cierto, que existe una fuerte percepción de aumento en la corrupción y en el desvío de los fondos públicos, ambos factores que provocan un serio deterioro de la moral tributaria de los contribuyentes. De esa forma, conforme los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua reportaron retrocesos en su calificación, mientras que Honduras y Panamá la mantuvieron, siendo El Salvador el único país que reportó una ligera mejora en la percepción del uso de los fondos públicos durante 2018. Lo más dramático se encuentra en el hecho que Nicaragua y Guatemala se encuentran en las posiciones 152 y 144, de un total de 180 países, en el índice, lo que implica que los ciudadanos en general tiene una percepción muy profunda del mal uso de los recursos.
Dicha situación ha provocado que en los procesos electorales, Costa Rica y El Salvador en 2018 y actualmente Guatemala y Panamá, los políticos contendientes soslayen la discusión del tema fiscal, bajo el supuesto que al mejorar el uso de los recursos, se alcanzará la suficiencia fiscal y se atenderán las necesidades de los pobladores, creando la aparente paradoja entre gastar más o gastar mejor. Lo único realmente cierto es que, especialmente para los países del triángulo norte, la reducción del gasto mantendrán las condiciones sociales de largo plazo, por lo que se continuarán expulsando a millares de centroamericanos hacia otros países.
Los ingresos fiscales continuaron siendo insuficientes y decrecientes, al extremo que la carga tributaria regional pasó del 14.1% del PIB en 2017 y 2016 al 14.0% en 2018. Si se mantiene lo considerado en los presupuestos de ingresos y gastos alcanzaría 13.6% en 2019, sin embargo, dicho valor no considera los efectos de las reformas tributarias aprobadas en Costa Rica y Nicaragua. En 2018 los países que redujeron su recaudación tributaria fueron: Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panamá, siendo el caso de Nicaragua el explicable por factores exógenos (la crisis sociopolítica de dicho país), mientras que la pérdida de eficiencia recaudatoria de los otros tres, deriva simplemente de pérdidas en la capacidad recaudatoria y eficiencia administrativa. Honduras y El Salvador mejoraron su recaudación como consecuencia de pequeñas reformas administrativas que rindieron frutos en el corto plazo. Es importante destacar que en ninguno de los países existe un plan público de combate efectivo a la evasión, aunque existen declaraciones verbales de funcionarios de Honduras y El Salvador; en consecuencia, es apropiado que los entes encargados de colectar los tributos establezcan como guía principal en su plan estratégico, la reducción de la evasión y elusión tributaria, dado a que de lo contrario, aunque se aumenten las tasas o se practiquen reformas tributarias, los niveles de incumplimiento tributario seguirán siendo altos.
A pesar de la austeridad y de las reformas tributarias, la contracción de la carga tributaria produjo que el déficit fiscal creciera de 2.5% del PIB en 2017 a 2.7% en 2018, y si se cumpliera lo establecido en los presupuestos, alcanzará el 3.1% en 2019, sin embargo, estos resultados no incluyen los potenciales efectos de las reformas tributarias de Costa Rica y Nicaragua. El crecimiento del déficit ha producido que la deuda pública regional alcance 45.0% del PIB en 2018, por encima del 42.8% de 2017. Conforme los registros, Costa Rica, El Salvador y Honduras, alcanzaron los valores críticos establecidos por las instituciones financieras internacionales para la relación deuda / PIB (mayor de 40%), mientras que Costa Rica, El Salvador y Panamá exceden los valores recomendados para la relación deuda / ingresos públicos (250.0%).
La sostenibilidad de la deuda es más complicada para Costa Rica y El Salvador, los cuales, uno con reforma fiscal y el otro con contracciones del gasto y mejoras administrativas recaudatorias, están tratando de que la deuda pública no crezca, lo que Icefi percibe como probable, sin embargo, eso prácticamente descarta la posibilidad de mejorar la atención de las necesidades de la población en el corto plazo. Sobre este particular, Honduras y Guatemala presentan los casos más dramáticos, dado a que su plan de ajuste para el primer caso y la mal interpretada disciplina fiscal para el segundo, han producido el descuido de los servicios orientados a la población, por lo que no se percibe ninguna mejora en el corto y mediano plazo en las condiciones de vida de sus habitantes.
Icefi advierte que la discusión integral del tema fiscal debe ser incorporado por todos los políticos en los procesos electorales y por los Gobiernos en cada una de sus sociedades, dado a que el recorte fiscal es solo una visión unidimensional que si bien reducirá el peso de la deuda, no mejorará la situación de la población; por ello, las políticas fiscales deben comprender la adopción de estrategias permanentes de evaluación de la calidad del gasto público, para verificar su eficiencia y eficacia, destinando los recursos estrictamente hacia las actividades que redunden en beneficio de los pueblos, así como de planes concretos de combate a la evasión, elusión tributarias y los flujos ilícitos de capitales para que la disponibilidad de recursos aumente para los Gobiernos centroamericanos, haciendo viable el cumplimiento de lo establecido en las Constituciones de cada país.
