Por: Hugo Noé Pino
La política fiscal en Honduras está más que desorientada, realmente no tiene rumbo, excepto el de beneficiar a la élite política y económica que la impulsa. A la tremenda inequidad tributaria, se agrega una asignación del gasto que perjudica el crecimiento económico y profundiza la pobreza al reducir la cantidad y calidad de los bienes públicos. Los indicadores nacionales e internacionales de educación, salud, seguridad social, competitividad, violencia, corrupción, etc. así lo muestran.
A estas tendencias negativas se suma la venta de los activos públicos, la cual se hacen muchas veces a través de las denominadas alianzas públicas-privadas. Las alianzas público-privadas no son en sí mismas negativas, bien planificadas y abiertas al escrutinio público pueden convertirse en instrumento para aumentar la inversión de un país.
Sin embargo, las concesiones que se han vendido realizando bajo esta modalidad constituyen ventas de activos nacionales que suman a la serie de desatinos del ilegal e ilegítimo gobierno actual. Los contratos negociados y aprobados a la carrera hacen que muchos de las condiciones firmadas se puedan revertir en contra del fisco nacional ya que, en vez de seguir pautas internacionales, se han realizado con mucha opacidad. El Fondo Monetario Internacional cree, ingenuamente, que exigiendo la apertura de una oficina de “contingencias fiscales” en la Secretaría de Finanzas, podrá reducir o eliminar estos riesgos. Esto es desconocer, o querer desconocer, como se toman las decisiones en este país.
Las concesiones de la carretera CA-5, de la Empresa Nacional Portuaria, del Centro Cívico Gubernamental, del Corredor Seco, del Corredor Turístico, entre otros, presentan serios riesgos para Honduras en el futuro cercano. De hecho, la compañía encargada del Corredor Turístico ya está lista para entablar un juicio en contra del estado de Honduras por incumplimiento de contrato, lo cual sin lugar a dudas, representará un pago enorme de recursos a los contribuyentes. Pero eso no le importa al “desgobierno” actual dado que serán los gobiernos futuros los que se encargarán de pagar estas obligaciones, al igual que la enorme deuda pública acumulada.
Ahora se habla que el siguiente activo nacional en venta será el puerto de Henecán, debido al abandono en que se encuentra. ¿Adivinen quiénes han estado dirigiendo el país en los últimos 9 años y, por lo tanto, responsables de este abandono? Los mismos que nos desgobiernan. En los últimos años ha sido práctica declarar a las instituciones en crisis antes de proceder a intervenirlas o venderlas bajo la figura de concesión.
De acuerdo con las leyes nacionales, proyectos mineros e hidroeléctricos deben someterse a consultas para determinar si se ejecutan a nivel local (por lo menos es lo que dicen las leyes). Lo mismo debería hacerse a nivel nacional. ¿Cómo es posible que un bien como un puerto o carretera se otorgue en concesión por 20 o 30 año a través de contratos poco conocidos y aprobados a la velocidad del rayo en el Congreso Nacional? Esto solo se puede dar una democracia de fachada en donde los negocios están por encima de los intereses nacionales.
Una auditoría internacional mostraría la serie de errores e irregularidades que se han venido cometiendo en el otorgamiento de estos contratos por COALIANZA y pararía la política de despojo que hasta hoy viene realizando gobiernos recientes y el actual de facto.
