Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-Pese a que ya se ha documentado crímenes y el uso desproporcionado de las fuerzas de seguridad del Estado, la institucionalidad hondureña no responde, refiere un informe presentado este martes por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
El documento, que se comprime en 40 páginas, contabiliza 59 agresiones a la libertad de expresión durante la crisis post electoral.
El informe “Libertad de Expresión y Crisis Política 2017” destaca que, dentro de las agresiones ocurridas entre el 26 de noviembre al 26 de enero de 2018, está la represión física para la disolución de la protesta social, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, así como la obstrucción de la labor informativa.
Durante el periodo de monitoreo que conllevó a estas agresiones, se constituyó desde C-Libre un Observatorio Electoral que registró 30 agresiones a periodistas y comunicadores sociales en el país.
Asimismo, este observatorio Electoral enlistó 164 protestas a nivel nacional, lo que trajo consigo 602 detenciones, incluyendo menores de edad. En la misma línea, hubo 16 personas heridas con armas de fuego y 33 asesinatos, en claro uso desproporcionado de la fuerza, de acuerdo con datos presentados por la Coalición contra la Impunidad. En el conteo de víctimas mortales se registra dos policías preventivos.
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ESTADO DE SITIO
El análisis hace mención del estado de sitio implementado por el gobierno, el cual se instauró en los primeros días de diciembre de 2017 como una ilegalidad, puesto que fue dictado por el Designado Presidencial, Ricardo Álvarez, en compañía de otros funcionarios públicos, violentando la libertad de circulación, de reunión y de expresión.
El informe “Libertad de Expresión y Crisis Política 2017” también denuncia como autores materiales de las violaciones a derechos humanos la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), Policía Militar del Orden Público (PMOP), Secretaria de Seguridad mediante la Policía Nacional Preventiva y la Dirección Policial de Investigación (DPI).
“Después de 60 días de crisis para los derechos humanos, es alarmante comprobar como la institucionalidad no responde o reacciona ante tantos atropellos a la vida y la dignidad de las personas que se manifiesta o expresan su oposición al fraude electoral”, cuestiona el informe presentado este martes.
Descargue aquí: INFORME LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y CRISIS POLÍTICA
ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El informe habla además sobre el control mediático y la pauta publicitaria y sobre el papel de los medios de comunicación más sintonizados -digitales, televisivos e impresos y refiere que por un lado, los medios corporativos abonan en gran parte a la desinformación y la controversia, promoviendo la polarización de la ciudadanía y por otro lado, los medios alternativos y locales han demostrado un profundo interés por establecer redes y promover la denuncia de delitos electorales y también aquellos relacionados con la comunicación.
Entre las recomendaciones que plantea el informe, se insta a la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos, específicamente los 33 asesinatos de personas relacionadas con la crisis post electoral.
Asimismo derogar la Ley de Secretos Oficiales del Estado, por significar un obstáculo para el ejercicio ciudadano de la libertad de expresión, investigación, difusión, opinión de información competente para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia.
De igual forma, sancionar a los entes y/o personas que están vinculadas a las violaciones de derechos humanos, como una medida de “buena fe” por parte del Estado de Honduras, para visibilizar sus aportes en cuanto al respeto por los mismos.
Finalmente, C-Libre hace un llamado a la ciudadanía en general, a continuar el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, como un eje transversal para el desarrollo de los pueblos, investigación, opinión, consulta y difusión de información.
Como parte de sus conclusiones, el informe apunta que las masivas y constantes manifestaciones se originaron del descontento popular por el fraude perpetrado en las elecciones del 26 de noviembre del año 2017; el descontento ante el actual gobernante reelegido, Juan Hernández, y la desaprobación de los actos de corrupción en los cuales el partido de gobierno está involucrado.
Asimismo que la movilización social y las protestas de carácter pacífico se vieron gravemente reprimidas, mediante el uso desproporcionado de la fuerza y disparos de bala viva hacia los cuerpos de los y las manifestantes.
