Por: Edmundo Orellana
No le gusta al gobernante consultar al pueblo. Es más, da la impresión de temerle (¿o despreciarlo?). Por eso, ha evitado consultarle cada vez que debe hacerlo.
Desde que se aprobaron los mecanismos de consulta popular, como el plebiscito y referéndum, es posible consultarle al pueblo sobre temas, por cuya trascendencia, es conveniente no dejarlo al criterio (capricho, mejor dicho) de aquellos en quien éste ha delegado el ejercicio del Poder. Por estos mecanismos, según el criterio dominante, se puede hasta consultar sobre la pertinencia de los famosos “artículos pétreos”; de modo que, por esta vía, se pueden derogar o reformar si esa es la decisión del soberano, para quien no hay obstáculo alguno en manifestar y hacer efectiva su voluntad, dentro o fuera de la Constitución. Sin embargo, no ha sido posible utilizarlos porque el gobernante se opone.
El tema de la constitucionalización de la policía militar fue uno de los más notorios. El gobernante insistía que se reformara con la simple mayoría de los diputados, esta mayoría, sin embargo, consideró que por la importancia del tema era preferible someterlo a consulta popular, iniciativa que no prosperó porque el gobernante se opuso ferozmente, con argumentos, que siempre aduce cuando alguien se opone a sus caprichos: se oponen, dijo en esa ocasión, por sus vínculos con el crimen organizado, especialmente el narcotráfico. De eso acusó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que inconstitucionalmente destituyó por su temor a que ampararan a su contendiente en las elecciones, quien pedía un recuento de las elecciones “voto por voto”. En ambos casos, las imputaciones fueron falsas, porque de haber tenido el mínimo fundamento habría accionado el MP; sin embargo, nada puede restaurar su honor ultrajado, por la imposibilidad de ejercer su derecho a la reparación por la calumnia de que fueron objeto, debido la sumisión incondicional del Poder Judicial a los caprichos presidenciales.
Su afán de continuar en el Poder lo llevó a remover la prohibición de la reelección vía la Sala de lo Constitucional y no, como lo pedía la oposición, por medio de la consulta popular, consciente de que el hondureño ha sido contrario al continuismo, lo que se ilustra con los muchos ejemplos que nuestra historia ofrece, casi todos sangrientos. Eludió el pueblo porque sabe que repudia su gestión por su autoritarismo, las sospechas de corrupción desenfrenada en el manejo de los recursos públicos y su indiferencia ante los problemas sociales, causa directa del aumento de la pobreza, desempleo, discriminación y exclusión.
Ahora resulta que para despejar las múltiples sospechas de fraude que dejó este maltrecho escrutinio que irresponsablemente el TSE prolongó por más de tres semanas, y que implantara en el imaginario popular la idea de que hubo un descarado y gigantesco fraude electoral, se propone la celebración de nuevas elecciones, nada menos que por el Srio. Gral. de la OEA, advertido por sus observadores de las objeciones contenidas en su informe preliminar- que, oportunamente, hicieran públicas-, y que apuntan a que no hay certidumbre de quién es el ganador, por las deficiencias en la transparencia, en la seguridad de la transmisión de los datos, en el software y un largo etc. Razones suficientes para considerar que las acusaciones de fraude de la oposición y la diferencia de apenas 1.53% entre el Presidente- candidato y el candidato de La Alianza, no permiten certificar un ganador.
La propuesta del Srio. Gral de la OEA, que seguramente aprobará el Consejo Permanente, es la más razonable de todas las planteadas para resolver esta crisis política. Sin embargo, anticipamos que será rechazada por el Presidente por su aversión a consultar al pueblo.
Ya dio señales de ello. En lugar de elecciones, propone, en cadena nacional, un gran dialogo nacional. De estas propuestas ya hay antecedentes. Al inicio de su gobierno propuso lo mismo para calmar a los gremios, molestos por sus medidas. En esa ocasión simuló dialogar para desactivar, aprovechando la debilidad y mediocridad de los dirigentes gremiales, los mecanismos que dotaban de independencia y beligerancia a los gremios, reduciéndolos a simples cascarones. Modus operandi al que, seguramente, se apegará para anular la oposición e imponer la dictadura.
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Las opciones legales se terminan y quedan únicamente las políticas. La oposición debe tener claridad sobre esto y, particularmente, que el último recurso posible, de naturaleza política, son las elecciones. Más allá de esto, las opciones se tornan más extremas, oscuras y dolorosas.
