Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-La tan anhelada reelección de los nacionalistas del actual presidente Juan Hernández, como que cada día se viene abajo y se desmorona como castillo de naipes, o como decimos los catrachos “como que le salió el tiro por la culata”.
Además de los sectores opuestos a la reelección y los pronunciamientos de juristas nacionales, lo que levantó el polvorín han sido las declaraciones que la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Silvia Santos, donde ha afirmado categóricamente que, “la reelección no está aprobada, que lo que ellos aprobaron fue la despenalización de poder hablar del tema sin ser requerido por la justicia”.
Santos agregó, “en ningún momento la sala constitucional se ha pronunciado sobre la reelección de nadie, solo el pueblo puede reelegir a alguien y para ello hay que ir al Congreso nacional porque es el órgano facultado para aprobar un referéndum o plebiscito en donde el pueblo se pronuncie si quiere reelección o no”.
Los diputados José Oswaldo Ramos Soto, Oscar Álvarez Guerrero Antonio Cesar Rivera Callejas, José Tomás Zambrano, José Celín Discua Elvir, Mario Alonso Pérez, Welsy Vásquez, Juan Carlos Valenzuela, José Francisco Rivera, David Chávez Madison, Miguel Edgardo Martínez, Milton Puerto Oseguera, Rodolfo Irías Navas, Edwin Roberto Pavón, Román Villeda Aguilar, Juan Carlos Valenzuela acudieron a la sala constitucional a solicitar que se despenalizara el poder hablar de la reelección al igual que Rafael Leonardo Callejas Romero y sobre esa petición fue el fallo emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras el 22 de abril de 2015 a favor del recurso interpuesto por el expresidente Rafael Leonardo Callejas sobre declarar inaplicable el artículo 239 de la Constitución de la República, dando así vía libre a la reelección presidencial en el país, titularon los medios de comunicación, haciendo una pésima interpretación del fallo o siguiendo el juego del actual mandatario que los tiene controlados.
El fallo abarcó el recurso que presentaron 16 diputados para borrar el párrafo 2 del artículo 239, que criminalizaba hablar sobre la reelección presidencial.
Por su parte el jurista, Félix Ávila, dijo que lo que pidieron los recurrentes (diputados peticionarios) fue que se expulse del ordenamiento jurídico las penas establecidas en el segundo párrafo del artículo 239 y del numeral 5 del artículo 42 de la Constitución de la Republica y en consecuencia que se derogue el artículo 330 del código penal por vulnerar derechos y garantías como la libertad de expresión, libertad de conciencia y el debido proceso.
“Justamente, esto es exactamente congruente con lo expresado por la exmagistrada Santos, que expresa que no compete a la sala de lo constitucional reformar o derogar artículos de la Carta Magna”, acotó Ávila.
Según Ávila, lo que ha ocurrido es un manejo mediático queriéndole hacer a la sociedad hondureña que el artículo 239 se encuentra derogado y que por lo tanto la reelección es viable y eso no es cierto.
Lo expresado por la exmagistrada Silvia Santos, es correcto lo que falto hacer fue que ella debió emitir por escrito su voto donde se expresara sobre esos aspectos que relata en la entrevista que brindó a los medios.
El Claustro de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) también fijó su posición al pedir que se declare nula la acción y que se deduzca responsabilidad a quienes la adoptaron.
En sus fundamentos, para emitir su postura, los catedráticos señalan que “los preceptos autorizantes para conocer de la garantía de inconstitucionalidad establecidos en la ley sobre Justicia Constitucional, no facultan a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para declarar la expulsión, derogación o inaplicabilidad de una norma constitucional y en particular aquellas normas que el Constituyente estableció como pétreas”. La declaración de inconstitucionalidad solo recae sobre leyes, conforme a los artículos 184, 185 y 313.5 de la Constitución de la República.
En su pronunciamiento de esa fecha manifestaron que basados en argumentos legales, los profesores de la Facultad de Derecho, expresan que la Sala de lo Constitucional, conforme a la Constitución de la República y a la Ley sobre Justicia Constitucional, no tiene facultades para decretar la inaplicabilidad de una norma constitucional en virtud que sus atribuciones y competencias, están limitadas a conocer la inconstitucionalidad de preceptos que no son de orden constitucional.
Asimismo que la sentencia emitida por la Sala Constitucional adolece de vicios de nulidad absoluta, en tanto que decreta la inaplicabilidad de normas constitucionales cuyo control no le corresponde, y mucho menos las normas pétreas, dado que ésta atribución se reservó como facultad exclusiva de la Asamblea Nacional Constituyente, de lo que se deriva que el fallo es ilegal e inaplicable.
Con el fin de proteger el imperio de la Constitución de la República, y como uno de los blindajes que le otorgó el Constituyente, de conformidad al artículo 375 constitucional, ésta no pierde su vigencia, ni deja de cumplirse por actos de fuerza o cuando fuere supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio y procedimiento distinto al que ella misma dispone, añade el pronunciamiento.
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La semana recién pasada la mesa patriótica, compuesta por varios ciudadanos dirigentes de distintas organizaciones políticas y sociales, advirtieron que el país podría desembocar en una nueva crisis política de dimensiones aun no predecibles, si los que andan promoviendo la reelección presidencial insisten en desarrollarla.
La advertencia fue hecha en el marco de un plantón frente al Ministerio Público, realizado por los integrantes de esta mesa que están convocando al pueblo hondureño a unirse en “cruzada democrática” para evitar que el país caiga en una dictadura, advirtieron.
Salvador Nasralla quien también es miembro de la Mesa Patriótica, advirtió de la posible convulsión política y social que se avecina si el gobernante Juan Orlando Hernández y su partido insisten en continuar promoviendo la reelección.
Mientras que Eduardo Facussé reclamó a los medios el silencio que guardan sobre el tema y la tergiversación maliciosa que hacen del fallo al afirmar que la reelección está abierta o aprobada.
