Coalición destaca que siguen exigiendo la CICIH y señalan que la MACCIH debe tener presente que los hondureños no confían en ellos y que la única manera de generar algún nivel de credibilidad y sentar las bases de su legitimidad, es brindando resultados inmediatos en relación con los casos de corrupción que más impacto han tenido en la ciudadanía
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- La Coalición contra la Impunidad, presentó este jueves su posicionamiento ante la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), señalando que la llegada de esta es la aceptación tácita y el reconocimiento implícito de la incapacidad del Estado hondureño para acabar con la impunidad y la corrupción.
También lamentan que la MACCIH sea un ente con facultades restringidas, limitadas a apoyar, fortalecer, contribuir, proponer reformas y colaborar activamente con las desacreditadas instituciones del Estado hondureño encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción.
Pese a esta limitante, saludan que dichas tareas estén a cargo de un grupo de jueces, fiscales, policías y otros especialistas internacionales quienes supervisarán las labores y brindarán apoyo técnico a las instituciones de justicia y exigen que la selección de tales funcionarios y funcionarias se realice de forma transparente, garantizando su absoluta independencia y sobre la base de sus capacidades técnicas, profesionales y de idoneidad.
pronunciamiento público de la coalición contra la impunidad
exigimos de la maccih independencia y compromiso en sus actuaciones
La Coalición contra la Impunidad; como espacio de articulación que aglutina organizaciones sociales, populares y defensoras de derechos humanos históricas que han aportado a la construcción de la democracia y la justicia desde la realidad de las y los más excluidos; en relación con la puesta en marcha de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), ante la comunidad nacional e internacional expresa lo siguiente:
Primero: Señalamos que la instalación de la MACCIH es un reconocimiento implícito de la incapacidad del Estado hondureño para acabar con la impunidad y la corrupción debido a las profundas debilidades de las instituciones del sector justicia y seguridad, como resultado de su extrema politización, de su débil independencia e imparcialidad, y de su falta de compromiso para cumplir con sus obligaciones de estar al servicio de los intereses generales de la sociedad y no de los poderes fácticos del país.
Segundo: Reiteramos que junto a la ciudadanía indignada nuestra apuesta sigue siendo una Comisión Internacional contra la Impunidad de carácter autónoma, independiente y con facultades para seleccionar, recibir denuncias, investigar y judicializar todos los delitos de alto impacto en relación con la corrupción y las graves violaciones a derechos humanos; acompañar y asesorar a las fiscalías del Ministerio Público y a las agencias civiles de investigación; y proponer reformas normativas e institucionales encaminadas a fortalecer el sistema de justicia.
Tercero: Lamentamos que la MACCIH sea un ente con facultades restringidas, limitadas a apoyar, fortalecer, contribuir, proponer reformas y colaborar activamente con las desacreditadas instituciones del Estado hondureño encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción. Pese a esta limitante, saludamos que dichas tareas estén a cargo de un grupo de jueces, fiscales, policías y otros especialistas internacionales quienes supervisarán las labores y brindarán apoyo técnico a las instituciones de justicia. Por ello, exigimos que la selección de tales funcionarios y funcionarias se realice de forma transparente, garantizando su absoluta independencia y sobre la base de sus capacidades técnicas, profesionales y de idoneidad.
cuarto: Consideramos fundamental la facultad de la MACCIH de seleccionar, certificar, asesorar, supervisar y evaluar a jueces que conozcan de las causas de corrupción y fiscales del Ministerio Público que recaben información y ejerzan la acción penal en la materia. No obstante, nos preocupa que dicha selección se hará de una lista propuesta por el Fiscal General del Estado o por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por lo que tememos que quienes la integren sean fiscales o jueces leales a los intereses particulares que tienen esas instituciones en la postración y se margine nuevamente a fiscales y jueces y honestos, capaces e independientes.
quinto: Valoramos que la MACCIH se plantee como resultado concreto la persecución penal de casos de corrupción y el desmantelamiento de redes de corrupción mediante la acción penal pública ejercida por el grupo de fiscales certificados. No obstante, tales fiscales se encontrarán con el gran obstáculo de la dependencia jerárquica establecido en el reformado artículo 5 de la Ley del Ministerio Público que elimina su libertad de criterio, les resta autonomía para firmar los requerimientos y les obliga a contar con el visto bueno del Fiscal General para realizar cualquier acción. Esperamos que este obstáculo pueda ser sorteado por la Misión.
sexto: Resaltamos que con la firma del convenio el Estado de Honduras se obliga a garantizar que la MACCIH tenga pleno acceso a la información y material documental. Sin embargo, el primer gran obstáculo para cumplir efectivamente con esta obligación es la Ley de Secretos Oficiales, mediante la cual se faculta a clasificar la información, y se limita gravemente las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, en franca violación al marco jurídico constitucional e internacional en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y derechos humanos, en particular a las disposiciones de la Convención Interamericana Contra la Corrupción ratificada por Honduras el 25 de mayo de 1998.
En el marco de las circunstancias planteadas consideramos de suma importancia que la MACCIH tenga en cuenta lo siguiente:
- La MACCIH debe tener presente que llega a Honduras con un alto porcentaje de desconfianza por parte de la población, por lo que la única manera de generar algún nivel de credibilidad y sentar las bases de su legitimidad, es brindando resultados inmediatos en relación con los casos de corrupción que más impacto han tenido en la ciudadanía, como el del desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social en el que se encuentra involucrado el partido del gobierno.
- En estos momentos la débil institucionalidad en que se sostiene el Estado de Honduras, ha sido estremecida con el escándalo de la Policía Nacional, por los señalamientos de participación de altos oficiales y de la cúpula policial en el asesinato del general Arístides González, ex jefe de la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, y del analista en temas de seguridad Alfredo Landaverde; a nuestro criterio estos casos constituyen un escenario propicio para que la MACCIH investigue las redes de corrupción policial y sus vínculos con los estamentos de los partidos políticos.
- En relación a la búsqueda de justicia en el caso de la dirigente indígena y popular Berta Cáceres, somos del criterio que la MACCIH no tiene competencias para intervenir en las investigaciones relacionadas con la persecución de los responsables de este asesinato, en consecuencia, se debe atender la oposición de los familiares y del COPIN para que la MACCIH no intervenga en estas diligencias, pues con ello se obstaculiza la petición de que sea una comisión internacional bajo el auspicio de la CIDH que contribuya con el esclarecimiento de este caso.
- En este momento, la MACCIH debe tener en cuenta que otro de los casos emblemáticos que debe ser objeto de su atención es la corrupción en el Poder Judicial, en particular, se deben investigar en el corto plazo las actuaciones de los ex consejeros del Consejo de la Judicatura, sobre los cuales hay suficientes indicios de su responsabilidad en actos contrarios a la ley, especialmente en asuntos de malversación de caudales públicos, nombramientos ilegales, destituciones de jueces sin respetar el debido proceso, abuso de autoridad, etc. Estas actuaciones deben conducir a un exhaustivo trabajo de diagnóstico y propuesta para una verdadera carrera judicial en este poder del Estado
En consideración con lo expuesto manifestamos:
- Como Coalición contra la Impunidad nos declaramos vigilantes y reiteramos nuestro compromiso con la sociedad en general para convertirnos en un espacio de veeduría, interpelación y requerimiento, señalando públicamente las acciones u omisiones de la MACCIH que pongan en duda su teórica independencia, imparcialidad y efectividad, así como reconocer sus aciertos cuando los haya, y hacer propuestas concretas y viables que se puedan implementar.
- Exigimos de la MACCIH que sus actuaciones en el caso de Arístides Gonzales y de Alfredo Landaverde, vayan hasta las últimas consecuencias, de tal forma que la ciudadanía pueda conocer la podredumbre de esta institución, su colusión y participación en actos criminales y las redes de corrupción mediante las cuales operaban los altos oficiales vinculados a esas acciones; los resultados que se puedan alcanzar validaran o evidenciaran la voluntad política y el compromiso de la MACCIH.
- Que la MACCIH reafirme sus competencias en la certificación de los jueces y fiscales que trabajaran junto a los expertos internacionales, en este plano es fundamental que estos procesos se realicen al margen de los nombramientos discrecionales de las altas autoridades del MP y de la CSJ. En concreto, la MACCIH debe certificar aquellos profesionales que reúnan condiciones de independencia, capacidad e idoneidad. En particular, se deben tener en cuenta estos requisitos en la designación de los titulares de los juzgados anticorrupción.
- En cuanto a los fiscales del MP consideramos que no basta con la certificación de los fiscales que trabajaran junto a la MACCIH, sino que es de suma importancia que la Misión solicite al Fiscal General la reforma legal de la Ley del Ministerio Publico que, posibilite que estos fiscales puedan presentar la acción penal publica sin interferencias de la subordinación jerárquica que hoy existe, lo cual posibilitaría la autonomía y la independencia de estos funcionarios en la persecución penal junto a la MACCIH de las redes de corrupción.
- Estimamos de urgencia, que la MACCIH solicite la derogatoria de la Ley de Secretos Oficiales y así, no solo ellos puedan cumplir con su trabajo, sino que también la ciudadanía pueda tener un adecuado acceso a la información, como es procedente en una sociedad democrática.
- Exigimos que la MACCIH establezca un preciso mecanismo de rendición de cuentas que permita a la sociedad hondureña conocer los resultados del trabajo desarrollado, de las evaluaciones llevadas a cabo a las distintas instituciones estatales y de las acciones realizadas y a realizar para prevenir y erradicar la corrupción y la impunidad, haciendo público un informe periódico en el que se puedan conocer los alcances, desafíos y logros alcanzados en cada etapa. Esto implica el fortalecimiento de los espacios de interlocución con la ciudadanía de una manera incluyente y sin discriminación de ninguna naturaleza.
