El Congreso Nacional continúa con las mismas prácticas del pasado al otorgar subvenciones, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
Tegucigalpa, Honduras. – Aunque el decreto 116-2019, conocido como “fondos departamentales”, fue derogado con el objetivo de eliminar la entrega de recursos a los diputados para obras y proyectos sociales, esta cuestionada práctica persiste bajo una nueva denominación.
Actualmente, los legisladores continúan recibiendo dinero público en forma de subvenciones, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia y rendición de cuentas en el uso de estos fondos, avivando las preocupaciones sobre posibles irregularidades y el retorno de viejas prácticas.
La Frase
“La Constitución de la República, en el artículo 205 numeral 37, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo le otorga o asigna la facultad y la responsabilidad al presidente del Congreso Nacional a través de sus facultades financieras, administrativas y organizativas, el poder determinar y decidir los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios y subvenciones”: Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional.
“Este Congreso del pueblo, seguirá ayudando con las subvenciones y subsidios al pueblo hondureño en lo que pueda, y no va a ser un par de ONG’S con intereses económicos y políticos, un (a) precandidato(a) presidencial o un grupo económico los que van a impedir que este Congreso Nacional pueda continuar ayudando al pueblo a través de las subvenciones y subsidios, ya que es una facultad constitucional y también legal que tiene el Congreso Nacional de Honduras”: Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional.
Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, en reiteradas ocasiones ha afirmado que las subvenciones se manejan con transparencia, sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado un registro claro sobre cómo se han invertido estos recursos.
A pesar de la promesa de que para junio de 2023 se compraría un software para detallar la inversión de estos fondos entregados a diputados, la realidad es que la opacidad persiste en el Congreso Nacional. Hasta la fecha, no se ha dado cuenta de la referida compra ni se tienen detalles sobre los fondos entregados.
Además, los diputados y diputadas, constitucionalmente no están autorizados para administrar dinero público.
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¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL CN?
El presidente de Congreso Nacional, Luis Redondo –quien llegó a ese poder del Estado representando al Partido Salvador de Honduras (PSH) y que ahora milita en las filas del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre)— argumenta que el artículo 205 numeral 37 y artículo 22 numeral 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo lo facultan para la entrega de subvenciones y subsidios
Pero ¿qué dice la Constitución? El artículo 205 señala en su numeral 1 que corresponde al Congreso Nacional, las atribuciones siguientes: crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
Sin embargo, Redondo argumenta que el numeral 37 del artículo 205 de la Constitución faculta a los diputados para el manejo de subvenciones porque este contempla que el Congreso Nacional tiene la atribución de “establecer mediante una ley los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios y subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo económico social”.
Sin embargo, lo que manda dicho numeral es que el Congreso Nacional, mediante una normativa, debe determinar en qué casos procede el otorgamiento de subsidios o subvenciones, según lo ha señalado en reiteradas ocasiones la diputada y actual precandidata del partido Liberal, Maribel Espinoza.
De hecho, se puede citar como ejemplos los subsidios aprobados en el Congreso Nacional, en febrero de 2022, para beneficiar a los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con un consumo mensual menor a 150 kilovatios hora y una rebaja de 10 lempiras el galón de los combustibles.
Para aprobar dichos subsidios, los legisladores reformaron la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, control de las exoneraciones y medidas antievasión, aprobada en diciembre de 2013.
En declaraciones brindadas a Criterio.hn, hace unas semanas, el abogado constitucionalista, Joaquín Mejía, señaló que lo que ha ocurrido es una interpretación de lo dictado por el numeral 37 del artículo 205. “[Lo que] están interpretando que ellos lo pueden hacer, pero lo que está hablando este artículo es que, a través de una ley, el Congreso Nacional puede otorgar este tipo de subsidio y subvenciones, pero no a los propios diputados”, explicó Mejía.
Mejía sostiene que el Congreso Nacional debe restringir su labor exclusivamente a la función legislativa, dejando el manejo de subsidios y subvenciones a otras instituciones. De acuerdo con él, dicha separación es crucial para evitar que las subvenciones y subsidios se conviertan en herramientas de clientelismo y corrupción, como ha ocurrido en el pasado reciente.
El jurista sostiene que los diputados han interpretado este marco legal para beneficiarse directamente a sí mismos, desviando así su función principal de legislar. “El Congreso debería limitarse a su función legislativa y dejar la gestión de subsidios a instituciones adecuadas”, afirma Mejía
Recomienda que, en lugar de que los legisladores gestionen subvenciones y subsidios, deberían establecerse leyes que regulen el otorgamiento de estos recursos a organizaciones no gubernamentales y fundaciones que trabajen en pro del desarrollo social y económico del país.
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¿EL PRESIDENTE DEL CN ESTÁ FACULTADO PARA ENTREGAR SUBVENCIONES?
La Ley orgánica del Congreso Nacional en su artículo 22 numeral 8 expresa que una de las funciones del presidente del Poder Legislativo es ejercer la administración del Congreso Nacional. Otro de los argumentos de Luis Redondo para otorgar las subvenciones.
Para la diputada del PSH, la administración del Congreso no tiene nada que ver con la ejecución de recursos para para temas sociales.
De acuerdo con la también abogada, la función principal de los legisladores es elaborar leyes y presupuestos que realmente respondan a las necesidades del pueblo hondureño, como dotar de recursos a instituciones clave. “El trabajo del legislador es asegurar que los contratos sean transparentes y que los fondos se utilicen adecuadamente”, sostiene, subrayando que la entrega de fondos financieros a los diputados desvirtúa su rol y fomenta el clientelismo político.
Edmundo Orellana, reconoce que, aunque la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le dé superpoderes al presidente del Congreso Nacional, no justifica que Redondo utilice a discrecionalidad esa facultad para distribuir fondos entre los diputados. “El que manda en el Congreso Nacional es el presidente del Congreso”, señala Edmundo Orellana, quien catalogó la referida ley como una “dictadura de la presidencia del Congreso”, señalando que esta situación no es exclusiva del actual mandato, sino que se ha perpetuado a lo largo de los años.
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CONGRESO NACIONAL HISTÓRICAMENTE CUESTIONADO
La falta de transparencia en la gestión de estos fondos es otro punto crítico. Fátima Mena, apunta que el Congreso ha sido históricamente cuestionado por su opacidad en el uso de recursos destinados a programas sociales. Lamenta que a pesar de las solicitudes reiteradas de la sociedad civil y algunos medios de comunicación como Criterio.hn, para obtener información sobre las liquidaciones de las subvenciones, el Congreso sólo publica montos globales sin detallar en qué proyectos se están utilizando estos fondos.
Mena enfatiza que la transparencia es fundamental en una democracia y que el Congreso tiene la obligación constitucional de rendir cuentas sobre el uso de fondos públicos. La falta de información, advierte la diputada, genera un ambiente propicio para la corrupción, lo que socava la confianza pública en las instituciones.
Además, menciona que el actual presidente del Congreso ha sido inconsistente en su postura sobre la entrega de fondos a los diputados, ya que anteriormente criticaba esta práctica y la calificaba como un pacto de impunidad que permitió a diputados en las administraciones anteriores utilizar los fondos para campañas electorales y oenegés de fachada como lo evidenció, en 2018, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), al presentar el caso “Red de Diputados”.
“Es incongruente que ahora se justifique lo que antes se criticaba”, afirmó Mena, refiriéndose a las contradicciones en las acciones del actual presidente del Congreso. Además, señaló que “la falta de coherencia en la clase política hondureña es lo que ha llevado a una crisis de confianza”.
Edmundo Orella también critica las afirmaciones del presidente del Congreso, respecto a quienes cuestionan las subvenciones. Redondo sugiere que quienes piden transparencia de los procesos “pretenden implantar la idea equivocada de que las subvenciones y subsidios actuales son lo mismo o la continuidad de los derogados e inexistentes fondos departamentales”. En ese sentido, Orellana expresó que “la falta de voluntad para rendir cuentas y la opacidad en el manejo de los recursos son prácticas que han caracterizado a este y a anteriores congresos”.
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RENDICIÓN DE CUENTAS ES CRUCIAL
Sobre la rendición de cuentas, Fátima Mena, enfatiza que “la responsabilidad que emana del manejo de recursos públicos es alta” y critica la falta de un portal efectivo para la transparencia en el uso de subvenciones. “No existe un portal donde el pueblo hondureño pueda conocer cómo se utilizan estos fondos”, señala.
Luis Redondo afirma que en el CN se ha entregado subvenciones de manera “honrada”, y además asegura que los diputados y diputadas presentan informes y existen auditorías, sin embargo, hasta la fecha la ciudadanía no tiene acceso a ese tipo de información.
Para el presidente del Congreso Nacional, una fotografía o una publicación en redes sociales es más que suficiente para conocer el destino de las subvenciones. “Pero, saben con qué me quedo, con esa fotografía que yo he visto, que no están siendo utilizadas políticamente, sino que son las personas a las que se ponen en los informes”.
A pesar de las promesas de Luis Redondo, de proporcionar informes sobre las liquidaciones de subvenciones, el Congreso no ha publicado nada al respecto, ni siquiera los listados de las y los diputados a los que se ha entregado los fondos. En conclusión, no se encuentra información ni en redes sociales ni en la página web o en el Portal Único de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Criterio.hn le ha dado seguimiento a la entrega de fondos, y encontró que desde 2022 hasta agosto de 2024, se habían erogado 386,678,029.42 millones de lempiras (USD 15,548,462.77) en subvenciones a diputados, con una entrega de 176 millones de lempiras solo en 2024.
El debate sobre las subvenciones pone en evidencia que la institucionalidad de Honduras requiere de urgentes controles que eviten malas prácticas y abusos en la gestión pública.
El análisis jurídico es claro: los diputados no deben manejar fondos públicos. Pero en virtud de que la entrega de los dineros del Estado por parte de los diputados, es un hecho insoslayable, los entrevistados, coinciden en que se debe establecer un marco jurídico claro que regule la asignación de subvenciones y subsidios que promueva la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
En conclusión, la aseveración del presidente del Congreso Nacional Luis Redondo sobre que las subvenciones y subsidios, son una facultad constitucional y también legal que tiene el Congreso Nacional de Honduras, es FALSA. La Constitución es clara y establece las funciones de los diputados y en ninguna de ellas se establece la ejecución de fondos. Asimismo, porque lo que establece el numeral 37 del artículo 205 de la Constitución es que el Congreso debe establecer una ley para determinar los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios y subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo económico social.
En cuanto a la facultad que le otorga la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al presidente de este poder del Estado, para ejercer la administración del Congreso Nacional, se refiere a la administración interna de esta institución, pero no para otros menesteres.
