La detención del juez y hasta ahora coordinador de los Juzgados con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, Marco Vallecillo, es la punta del iceberg de jueces y operadores de justicia denunciados por la comisión de diversos delitos
En 2023, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) promovió antejuicio contra los jueces del Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán Irisabel Lucía Miranda Hernández y Reymundo Esaú Grádiz Vilorio, y los magistrados de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, Conan Argueta Bourdeth e Ingrid Evelinda Monzón López
Tegucigalpa, Honduras. -En los últimos cinco años, al menos 299 integrantes del Poder Judicial de Honduras, incluyendo jueces, magistrados y operadores de justicia, han sido denunciados ante el Ministerio Público por diversos delitos. Por otro lado, se han emitido cinco requerimientos fiscales contra empleados de ese poder del Estado.
Criterio.hn realizó una solicitud de información al ente acusador para conocer el número de denuncias y delitos con mayor incidencia entre los operadores de justicia. Entre ellos: abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios y prevaricato. Estas acusaciones señalan a jueces y magistrados que, según las denuncias, han actuado en contra de la ley o han tomado decisiones que favorecen intereses particulares en detrimento de la justicia y la legalidad.
El abuso de autoridad y la violación de los deberes son los cargos más comunes. Estos delitos suelen involucrar el uso indebido de la posición de poder para influir en decisiones judiciales, ignorar procedimientos legales establecidos o favorecer a determinadas partes en conflictos legales. Por su parte, el prevaricato se refiere a cuando un juez o magistrado emite resoluciones sabiendo que son injustas o contrarias a la ley.
El pasado 17 de agosto de 2024, el fiscal general Johel Zelaya, denunció que el juez y coordinador de los Juzgados con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, Marco Vallecillo, por solicitar dinero a cambio de cierre de expedientes y sobreseimientos definitivos contra personas investigadas por corrupción.
Ante lo acontecido, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizette Ráquel Obando, dio una conferencia de prensa en la que informó que en lo que va del año se han enviado 11 denuncias al Ministerio Público.
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2021 Y 2022, LOS AÑOS CON MAYOR NÚMERO DE DENUNCIAS
Criterio.hn realizó un análisis en el que se concluyó que los años con mayor ingreso de denuncias contra jueces, escribientes y demás empleados judiciales han sido interpuestas entre los años 2021, 2022, 2019 y 2023.
En 2021 se interpusieron 58 denuncias: 38 contra jueces, 16 contra jueces de letras y cuatro contra jueces de paz del Poder Judicial. Los delitos con mayor número de denuncias son: abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, prevaricato, prevaricato judicial y administrativo.
Mientras que, en 2022, fueron denunciados 31 contra jueces, 15 contra jueces de letras, cuatro contra jueces de paz, dos contra magistradas y otras dos contra otros operadores de justicia. Además, los delitos de mayor comisión en ese año fueron: prevaricato judicial, abuso de autoridad y fraude.
En 2019, el ente acusador del Estado recibió 50 denuncias contra operadores de justicia en su mayoría contra jueces (18), jueces de Letras (15), jueces de Paz (dos), magistradas y magistrados (15).
Por otro lado, en el 2023 se recibieron 43 denuncias, en 2024 y 2018 se recibieron 35 –cada uno– y en 2020 se interpusieron 24 acusaciones.
Criterio.hn dedujo que los delitos de mayor comisión por parte de jueces son: el abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, prevaricato judicial y administrativo.
En los últimos cinco años se han interpuesto 150 denuncias contra jueces, 91 denuncias contra jueces de Letras, 10 contra jueces de Paz, 26 contra magistrados y magistradas, y 22 contra otros operadores de justicia.
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JUECES QUE HAN SIDO PROCESADOS Y REQUERIDOS
El sábado 17 de agosto de 2024, el fiscal general Johel Zelaya ordenó la captura del juez con Jurisdicción Nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción, Marco Vallecillo, por extorsionar a personas que están siendo investigadas por delitos de corrupción.
Desde su cuenta de X –antes Twitter— el titular del Ministerio Público denunció que el imputado ofrecía, a nombre suyo y de fiscales de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco), cierres administrativos y sobreseimientos definitivos a los involucrados.
“Vamos a evidenciar lo que siempre hemos dicho: que hay jueces corruptos indignos de llamarse jueces. Vamos a desenmarañar a más servidores del Poder Judicial, a quienes los exhibiremos frente al pueblo y los pondremos ante la justicia hondureña”, declaró el fiscal general.
Horas más tarde el juez Marco Vallecillo fue capturado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para ser presentado ante la justicia hondureña. El Ministerio Público detalló que la investigación comenzó tras la denuncia de un testigo protegido, quien reveló un esquema de extorsión en el que los imputados lo presionaban con amenazas que la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (Uferco) le presentaría un requerimiento fiscal.
Al finalizar la audiencia de declaración de imputado el imputado fue enviado a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional.
Mientras que en 2023, la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (Uferco) promovió un antejuicio en contra de la juez de letras de lo civil de Francisco Morazán, Irisabel Lucía Miranda Hernández, por suponerla responsable del delito de prevaricato judicial continuado en perjuicio de la administración de justicia al considerar que falló de manera dolosa en contra del Estado hondureño.
Según las investigaciones de la Uferco, el caso que involucra a la jueza está relacionado a una resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) celebrada el 7 de septiembre de 2009, entre la empresa DRS INC y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), mediante el cual se condenó al Estado a pagar más de 51 millones de dólares, es decir, 1,258,489,770.00 millones de lempiras.
La fiscalía detalló que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) denegó el reconocimiento a la resolución de la jueza mediante una sentencia emitida el 7 de agosto de 2013, al considerar que era contraria al orden público y porque había violentado los procedimientos de arbitraje establecidos en el ordenamiento jurídico interno.
Sin embargo, el 3 de diciembre de 2019, la jueza reconoció y ordenó la ejecución de la resolución arbitral internacional que derivó en el embargo de las cuentas del Estado de Honduras y que, hasta ahora, ha dejado un perjuicio de 381 millones de lempiras en concepto de pago de demanda.
Bajo el argumento que el Estado de Honduras había actuado de forma dolosa al pago de la deuda, la jueza condenó al Estado a pagar un monto adicional de 42 millones de lempiras por concepto de costas procesales, ya cancelados a la fecha.
Por lo anterior, la Uferco en el presente antejuicio promovido ante la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción, solicitó se le autorice a proceder con el requerimiento fiscal en contra de la jueza Irisabel Lucía Miranda Hernández.
Otros jueces y magistrados han sido requeridos por este caso. La Procuraduría General de la República (PGR) y la Uferco informaron que el juez del Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, Raymundo Esaú Grádiz Vilorio, y los magistrados de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, Conan Argueta Bourdeth e Ingrid Evelinda Monzón López, también fueron requeridos.
Hasta noviembre de 2023, únicamente habían sido admitidos los antejuicios contra Miranda Hernández y Grádiz Vilorio, mientras que Conan Argueta e Ingrid Monzón, están pendientes y se espera que la Uferco promueva acciones contra ambos funcionarios judiciales.
