Analistas concluyen que aumentar las penas no es la solución para resolver la criminalidad ni para disuadir a los criminales. La verdadera efectividad radica en garantizar el cumplimiento de las leyes actuales y en abordar los problemas sociales que contribuyen a la delincuencia
Ilustración de portada: Guillermo Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – La idea que el incremento de las penas puede reducir o resolver el problema de la criminalidad y la comisión del delito ha sido puesta en tela de juicio por profesionales del derecho, quienes manifiestan que esto no es un disuasivo para quienes incumplen la ley.
En reiteradas ocasiones se ha hablado de reformas al Código Penal y Código Procesal Penal, para castigar con mayor rudeza a quienes cometen delitos como: homicidio, tráfico de drogas, homicidios, entre otros. Sin embargo, los abogados exponen que endurecer las penas no solo es ineficaz como medida disuasoria para los criminales, sino que además desvía la atención de la verdadera problemática: la falta de cumplimiento de las penas existentes.
En América Latina, la preocupación por la seguridad pública ha llevado a muchos gobiernos a considerar el aumento de las penas como una solución rápida y visible. Pero, esta estrategia ha mostrado ser insuficiente para combatir la delincuencia.
A juicio del analista político y abogado constitucionalista, Raúl Pineda Alvarado, Honduras debe tomar en cuenta la experiencia en otros países, la cual ha demostrado que el aumento de las penas no sirve como un disuasivo para los perpetradores de delitos.
En una entrevista brindada a Criterio.hn el jurista señaló que el endurecimiento de las penas como medida de solución, podría generar nuevos problemas tales como el hacinamiento en las cárceles.
“El problema principal no es la severidad de las penas, sino la certeza de que estas se cumplan. Si las penas actuales no se aplican de manera efectiva, endurecerlas no hará ninguna diferencia”, sostuvo el entrevistado.
Añadió que “está probado desde hace muchísimos años que aumentar las penas no resuelve el problema de la criminalidad. El problema es que las penas que tenemos no se cumplen, que es lo que nos sucede si las penas actuales no son objeto de cumplimiento con mayor razón no van a ser cumplidas aquellas penas de 20 años o más”.
En ese sentido, manifestó que, si los “delincuentes” saben que las probabilidades de ser capturados, juzgados y condenados son bajas, el aumento de las penas a 20 años o más no tendrá un efecto disuasorio real.
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En esa misma línea de pensamiento opinó el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, al mencionar que ese tipo de medidas no han funcionado en el país.
Los profesionales del derecho concluyen que la clave para reducir la criminalidad está en mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal. Esto implica fortalecer las capacidades de investigación de la policía, asegurar procesos judiciales justos y rápidos, y garantizar que las sentencias se cumplan.
SE DEBE BUSCAR ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA CRIMINALIDAD
Raúl Pineda Alvarado, analista político, explicó que la solución a la criminalidad debe ser integral, es decir, que “no podemos seguir creyendo que los problemas sociales se resuelven con respuestas legales y aumentos de penas”.
En ese sentido, recomendó que se debe trabajar desde una óptica científica, es decir, que se necesitan cientistas sociales, antropólogos, criminólogos, penalistas psicólogos y psiquiatras que hagan diagnósticos y propongan soluciones, y dejar los policías y los militares para la parte puramente operativa.
Del mismo modo, se debe procurar combatir causas criminógenas y los efectos, hasta este momento todos hemos visto el problema de la criminalidad, no como un problema social, sino que lo vemos con un problema policial y esta es la óptica equivocada.
Además, se debe definir el perfil del problema “aquí manejamos el tema de la inseguridad con base en los homicidios”, pero lo que realmente genera en este momento la inseguridad y favorece un clima de angustia es la extorsión.
Agregó que, “consecuentemente deben hacerse estudios sensatos, no limitarse a la criminología actuarial, que básicamente es contar muertos y medir por el número de muertos el nivel de temor”.
Por último, mencionó que, se necesitan políticas que aborden las causas subyacentes del crimen, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.
El llamado de los profesionales del derecho es claro, en lugar de enfocarse en incrementar las penas, los gobiernos deben asegurarse de que las penas existentes se apliquen de manera justa y consistente. Además, es fundamental invertir en políticas sociales y programas que prevengan el delito desde sus raíces.
