Amenazas, ausencia de participación ciudadana y represión, marcaron el cabildo realizado en Tocoa a petición de la empresa Inversiones Ecotek.
Ciudadanía exige investigar proceder de la Corporación Municipal liderada por Adán Fúnez, debido a que, aseguran, favorece la inversión del megaproyecto minero de Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez.
El titular de la Serna, Lucky Medina, afirmó: “No hay porque desconfiar de la voluntad política del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. No hay porque desconfiar ni un solo instante que la voluntad política es en base a la conservación, y no a la destrucción, no a los proyectos extractivos”.
Tegucigalpa. – Ni protección del ambiente ni democracia participativa tuvieron cabida en el ilegal y arbitrario cabildo realizado por el alcalde Adán Fúnez en Tocoa, Colón, donde se impuso el contaminante proyecto termoeléctrico a base de coque de petróleo a escasos metro del río Guapinol.
Fúnez, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), que en el plan de gobierno prometió garantizar el derecho a un ambiente sano, celebró su propia interpretación de cabildo abierto y permitió únicamente la participación de personas afines a los intereses del megaproyecto minero de Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, ambas del Grupo EMCO, presidido por el empresario Lenir Pérez.
Al finalizar el evento, que inició con más de tres horas de retraso y que tuvo una duración menor a media hora, la Policía Nacional procedió a reprimir a la población que reclamaba a Fúnez la ausencia de participación real por parte de las comunidades en una decisión que tiene alcances más allá del municipio de Tocoa.
El doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, dijo a Criterio.hn que lo presenciado en Tocoa es el reflejo del abismo entre el discurso que tiene el partido de gobierno y la práctica.
“Mientras el plan de gobierno de Xiomara Castro habla de participación de las comunidades, de protección del medio ambiente, de democracia participativa, uno de sus alcaldes importantes impone a la fuerza un cabildo arbitrario en donde solo deja participar a los patronatos afines a él que fueron designados por él, impide la participación de la comunidad que ya habló en otras ocasiones y rechazó el proyecto de termoeléctrica porque es altamente contaminante”, expresó.
Mejía declaró que, si bien las alcaldías tienen autonomía, también es cierto que las municipalidades en las que sus ediles son parte del oficialismo, deben responder al plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
PERSONAS DEFENSORAS DENUNCIAN AMENAZAS POR SU OPOSICIÓN
Raúl Ramírez, secretario de la Plataforma Agraria e integrante de la empresa asociativa campesina La Lempira, afirmó a Radio Progreso que Fúnez no les permitió intervenir para expresar un no rotundo al proyecto. Remarcó que la termoeléctrica que utilizará coque de petróleo como combustible, no solamente afectará al municipio de Tocoa, sino a todo el departamento de Colón y departamentos vecinos.
“Se dieron hechos en este cabildo abierto de mucha discriminación, de amenazas a muerte. Es un cabildo ilegal, un cabildo donde no hubo quorum […]. Personal que trabaja con la minera amenazó de muerte a compañeras y compañeros de las organizaciones campesinas de la Plataforma Agraria y luego amenazaron que les esperarían a la salida”, contó Elsy Banegas, integrante del Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Adilia Castro exigió a la Corte Suprema de Justicia pronunciarse inmediatamente en relación con el recurso de amparo interpuesto el martes 11 de junio por el Comité en Defensa de los Bienes Públicos de Tocoa en contra de la tercera convocatoria municipal a cabildo abierto.
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“Exigimos que se investigue todo el proceder de la Corporación Municipal liderada por Adán Fúnez Martínez, donde incumpliendo todos los procedimientos legales para la realización de un cabildo, este se llevó a cabo. También la exclusión total de la participación de comunidades y barrios de Tocoa que serán afectados con este proyecto termoeléctrico. No fuimos considerados y solo siete comunidades fueron convocadas para que decidieran en nombre de más de 100 mil habitantes de este municipio”, afirmó.
La planta termoeléctrica a base de coque de petróleo es uno de los siete componentes del controvertido megaproyecto minero de Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, instalado en el Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras Mejía. Su propósito original era proporcionar electricidad a la planta peletizadora de óxido de hierro, mineral extraído de la reserva natural, pero ahora es justificada por el oficialismo como la respuesta a la problemática energética que vive Tocoa.
DECISIÓN MUNICIPAL CARECE DE LEGALIDAD
Edy Tabora, abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, afirmó a Criterio.hn que la decisión del alcalde Adán Fúnez fue ilegal y arbitraria, y que la socialización y consulta fue inexistente.
“Ya es grave que no se de la información, pero, además, que no se someta a la votación, y además no hay quórum, ni siquiera se verificó el quórum para la instalación de la municipalidad. Sumado a esto, se convocó a un cabildo a una sola comunidad, no actuan comunidades que van a ser afectadas. Ya con eso es suficiente para decir que es ilegal completamente la decisión que se haya tomado por parte de la municipalidad en estos puntos”, ahondó el abogado.
Agregó “la municipalidad no tiene facultades directas para aprobar este proyecto, porque este debe ser autorizado tanto por las autoridades relacionadas al tema energético, en este caso la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, la autorización ambiental por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna)”.
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Tabora señaló que la función de la alcaldía es extender un permiso de operación local, vinculado a la implementación y pago de impuestos. Mientras que es la Serna, la indicada en realizar la consulta ambiental.
Aunado a esto, subrayó que existe responsabilidad compartida por parte del Ministerio Público y la Serna. El primero por no dar continuidad a las investigaciones ligadas a las denuncias de delitos de corrupción y la segunda por no dar respuesta a la oposición al proyecto presentada por la comunidad hace dos años.
“El señor Lucky Medina [titular de la Serna] no ha respondido hasta la fecha. [La población de Tocoa] hace la oposición desde un enfoque ambiental, pero también desde un enfoque de corrupción a causa de la falsificación de una asamblea y hasta la fecha no ha respondido”, apuntó Tabora.
El integrante del Bufete Justicia para los Pueblos declaró que era responsabilidad de la Serna, por ser un tema ambiental, realizar la socialización. “Lucky Medina es responsable porque omite las responsabilidades que tiene la Secretaría de Ambiente para realizar una debida consulta comunitaria”, concluyó.
SERNA SOLO APRUEBA PROYECTOS CON CONSULTAS COMUNITARIAS VÁLIDAS: LUCKY MEDINA
Sin embargo, Lucky Medina, no lo ve de la misma forma. A Radio Progreso afirmó que ellos se dan por enterados de la decisión del cabildo, oficialmente, una vez lleguen los documentos a la Serna.
“Entendemos este es un cabildo que es un requisito establecido en el Sistema Nacional de Impacto Ambiental, donde las consultas son parte del proceso y que son procesos constantes y rutinarios para cualquier proyecto categoría cuatro. Ahí pues los pueblos deciden si están a favor o si están en contra y en base a eso proceder a aprobar o a la no aprobación del expediente”, declaró.
Sobre la ausencia de participación en el cabildo por parte de las comunidades, Medina dijo que no cuentan con los listados de asistencia. Agregando que cuando los cabildos abiertos no son realizados en base a ley se ha declinado la aprobación de los proyectos.
“Nosotros hemos aprobado en estos dos años y algunos meses poco más de 41 millones de lempiras de inversión pública y privada. Ninguno de los proyectos que ha aprobado esta administración ha generado conflicto social, ni uno solo”, recalcó.
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El pasado martes 11 de junio, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa interpuso una acción de amparo ante la Sala de lo Constitucional contra la tercera convocatoria municipal a cabildo abierto, invocando la protección del derecho a un ambiente sano, al agua, a la salud y a la vida.
El escrito señaló que el cabildo fue convocado por “instrucciones del titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina, con el objetivo de acreditar en el expediente SLAS-0000076-2020/Planta Eléctrica Ecotek una socialización y aprobación comunitaria de un proyecto de generación de energía eléctrica a base de coque de petróleo”.
Al respecto, Medina dijo desconocer cualquier mención que se realizará de su nombre y que de eso se encargan los abogados. También negó que él haya promocionado el proyecto termoeléctrico.
“No hay porque desconfiar de la voluntad política del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. No hay porque desconfiar ni un solo instante que la voluntad política es en base a la conservación, y no a la destrucción, no a los proyectos extractivos”, prometió.
