Tegucigalpa. – Más de cinco años tardó la justicia hondureña en emitir un fallo en la causa Fraude sobre el Río Gualcarque, declarando culpables a tres de los seis imputados, entre ellos Roberto David Castillo.
Castillo, condenado como coautor en el asesinato de la ambientalista Lenca, Berta Cáceres, fue encontrado culpable por el delito de fraude. Además, se le responsabilizó penalmente del delito de uso de documentos falsos, pero no fue condenado al haber prescrito.
Junto a él, también fueron condenados Carolina Lizeth Castillo Argueta por el delito de Fraude y el exalcalde de San Francisco de Ojuera, Raúl Pineda Pineda, por los delitos de usurpación de funciones y falsificación de documentos públicos.
Durante la lectura del fallo, el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción señaló que era claro que David Castillo y Carolina Castillo se pusieron de acuerdo para obtener un beneficio propio. Mientras que Raúl Pineda Pineda no tenía la función de emitir certificaciones de la corporación municipal.
Fueron absueltos por la acusación de fraude: Roberto Aníbal Martínez Lozano, titular de la ENEE al momento que se suscribió el contrato del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ); Luis Eduardo Espinoza Mejía, exdirector general de Recursos Hídricos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna); y José Mario Carbajal Flores, exjefe de Hidrología y Climatología de Serna.
Noticia relacionada: Fraude sobre Gualcarque evidenció corrupción en concesionamiento de proyectos de generación eléctrica
Mediante un comunicado, el Ministerio Público señaló que, entre las anomalías, se estableció que Roberto David Castillo, ejercía al mismo tiempo un cargo en Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y la ENEE, lo que le permitió asistir a las diversas sesiones de la junta directiva de la estatal eléctrica en calidad de invitado.
“En las reuniones se discutieron y aprobaron los contratos con su empresa, eminentemente había un conflicto de intereses, lo que permitió y dejó pasar el exgerente de la ENEE, Roberto Aníbal Martínez Lozano”, publicó el MP.
FALLO REINVINDICA QUE VIDA DE BERTA CÁCERES FUE ARREBATADA POR UN CONTRATO FRAUDULENTO
Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), declaró a Criterio que el fallo “comprueba que el proyecto hidroeléctrico nació de acciones ilegales y corruptas, y que urge, en ese sentido, que este proyecto sea anulado, porque sigue representando una amenaza”.
En relación con las personas que fueron exculpadas, Zúniga afirmó que agotarán todas las vías necesarias para que se deduzcan la responsabilidad de estos funcionarios y de todos los que participaron en acciones irregulares e ilegales que dieron vida al “nefasto” proyecto hidroeléctrico.
Zúniga remarcó que se debe seguir exigiendo la persecución penal, el enjuiciamiento y la condena de todas las personas que se vieron involucradas en las acciones que materializaron el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, el cual sigue vigente.
El abogado Pedro Mejía, integrante de la acusación privada, afirmó que, si bien no comparten el criterio de absolución a favor de Roberto Aníbal Martínez Lozano, calificó como una victoria popular y del pueblo Lenca la ratificación de que el contrato del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca fue fraudulento.
“Al margen de las absoluciones y las condenas, reiteramos que esta es una victoria popular porque ratifica la legitimidad de la lucha Lenca, la lucha de la comunidad de Río Blanco, la lucha que abandera el Copinh, y que finalmente termina por reivindicar que la vida de la compañera Berta Cáceres fue arrebatada por un contrato fraudulento”, declaró Mejía a Criterio.
ANTECEDENTES DE LA CAUSA FRAUDE SOBRE EL GUALCARQUE
La causa Fraude sobre el Gualcarque fue presentada el cuatro de marzo de 2019 por la desaparecida Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), con la colaboración de la extinta Misión de apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
El requerimiento fiscal inicial involucró a dieciséis personas: Francisco Rafael Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto Cantor López, Luis Eduardo Espinoza Mejía, Ana Lourdes Martínez Cruz, Aixa Gabriela Zelaya Gómez, Darío Roberto Cardona Valle, Mauricio Fermín Reconco Flores, Óscar Javier Velásquez Rivera, Roberto Aníbal Martínez Lozano, Roberto David Castillo Mejía, Julio Ernesto Eguigure Aguilar, Raúl Pineda Pineda, Carolina Lizeth Castillo Argueta y Saida Odilia Pinel.
Conozca más: Por fraude acusan a ex funcionarios y ejecutivos de DESA por hidroeléctrica Agua Zarca
El caso se construyó a partir de las denuncias y evidencias presentadas ante el Ministerio Público por la lideresa y ambientalista Lenca, Berta Cáceres, previo a su asesinato el 2 de marzo de 2016.
Durante la presentación del requerimiento fiscal del caso, en marzo de 2019, la MACCIH señaló que Cáceres “presentó evidencia probatoria que los acusados habrían cometido diversos delitos contra la administración pública, para lograr que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fuese beneficiada […]”.
Pese a que el requerimiento fiscal inicial señaló a dieciséis personas, diez de estos fueron beneficiados con un amparo y no fueron requeridos nuevamente, pese que este fue anulado por decisión de la Sala de lo Constitucional cuando respaldó la participación e integración del Copinh como víctima durante todo el proceso judicial del caso.
El viernes 24 de mayo de este año, a las 8:30 de la mañana, se celebrará la audiencia de individualización de la pena de las tres personas condenadas.
