Empresarios del transporte urbano en la capital mencionan que de nada sirve que invirtieran millones de lempiras en comprar unidades dotadas de sistemas de seguridad, si la Policía Nacional no está dispuesta a colaborar, llevando el control del sistema de cámaras de seguridad
Tegucigalpa, Honduras.- La omisión de la Policía Nacional en el monitoreo de las cámaras de seguridad de algunas de las unidades de transporte urbano en la capital, es una acción que impulsa la criminalidad y propicia la perpetración de delitos comunes dentro de los autobuses, según lo señalado por empresarios del sector.
“Nos encontramos completamente desprotegidos por las autoridades de seguridad. En este momento crítico, cuando la criminalidad está en aumento, no encontramos respuestas positivas. La presencia de cámaras de seguridad en más de 50 unidades de transporte se vuelve inútil si las autoridades de seguridad no las están monitoreando. Esta inversión se convierte en pérdida, ya que no obtenemos ninguna respuesta por parte de las autoridades”, precisó Jorge Lanza, empresario del transporte urbano en la capital.
Lanza, propietario de las unidades de transporte urbano con estación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, explicó que, a pesar de que en el sector de la capital hay varios autobuses equipados con cámaras de seguridad en su interior, la Policía Nacional aún no ha solicitado ni aceptado monitorearlas para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como de los empleados.
“Queremos la respuesta de la Policía, sobre todo para garantizar la seguridad de los usuarios y de nuestro personal, que arriesga su vida a diario. Sin embargo, no recibimos respuestas ni siquiera un pronunciamiento. Se habla de que el combate contra el crimen organizado debe ser integral, pero ¿dónde está su contribución en este sector, uno de los más afectados por la extorsión y la delincuencia común?”, cuestionó el ejecutivo del transporte urbano.
El empresario aseguró que esta negativa por parte de la institución dirigida por Gustavo Sánchez se produce en un momento en que el sector del transporte urbano enfrenta una crisis desencadenada por las maras y pandillas, a las cuales se les entregan millones de lempiras mensuales e incluso el control de algunas unidades de transporte para evitar que sus empleados sean asesinados.
“Este problema o negativa de las autoridades se está dando en un entorno en el que han asesinado cobradores, conductores y despachadores, además de incendiar nuestras unidades. Seguimos entregando el dinero al que esta gente se ha acostumbrado, lo cual nos preocupa enormemente. Sin embargo, lo que más nos alarma es la falta de una respuesta positiva por parte de las autoridades de seguridad”, lamentó Lanza.
Lo expuesto por Lanza tiene sentido. La indiferencia de la institución armada se está manifestando mientras la funcionalidad del rubro está agonizando debido a la infiltración del crimen organizado. Solo en 2023, más de 50 transportistas fueron asesinados, mientras que en el primer trimestre de 2024 casi alcanzó la veintena. Esto se suma a la millonaria suma de dinero que este comercio entrega a las maras y pandillas.
Todo lo anterior sucede con el pleno conocimiento de las autoridades policiales que, en lugar de crear estrategias efectivas para proteger el rubro, continúan presumiendo que el índice de criminalidad ha disminuido gracias al estado de excepción. Sin embargo, la realidad que enfrentan día a día los hondureños demuestra lo contrario.
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SOLICITUD A LA POLICÍA NACIONAL QUEDA SIN RESPUESTA
De igual manera, el empresario de transporte Wilmer Cálix, que hace pocos días compró nuevas unidades con un sistema moderno de seguridad, explicó que ya han hecho la solicitud a la Policía Nacional para que monitoree las cámaras de vigilancia, pero hasta el momento no han recibido respuesta por parte de las autoridades que integran la cúpula policial.
“Como empresarios del sector del transporte, hemos implementado un sistema de monitoreo que debería ser operado por la Policía Nacional. Sin embargo, hasta el momento, no hemos recibido una respuesta oportuna por parte de las autoridades. Hacemos un llamado a las autoridades para que refuercen la Fuerza de Seguridad del Transporte, de modo que sean ellos quienes se encarguen de esta nueva estrategia. Lamentablemente, aún no hemos recibido ninguna respuesta”, explicó Cálix.
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¿CÓMO FUNCIONARÍA ESTE SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD?
En pocas palabras, Cálix explicó que la totalidad de las cámaras de seguridad que están instaladas en las unidades de transporte urbano, estén conectadas directamente con la Policía Nacional, institución que, cuando se registre un hecho violento en el interior de la unidad, reaccionaría de inmediato para aprehender al malhechor.
“Nosotros ya hemos realizado la inversión en cámaras y un centro de monitoreo. Ahora corresponde a la Policía Nacional reaccionar, capturar y llevar a cabo las investigaciones necesarias. Sin estas medidas, los incidentes seguirán ocurriendo, como ha sido el caso, lo que solo contribuye a una mayor impunidad. Como empresarios responsables, hemos realizado nuestra parte invirtiendo en seguridad, pero sin una investigación oportuna y una reacción adecuada, los actos violentos seguirán quedando impunes”, mencionó el empresario.
La reacción de los empresarios se debe a que en los últimos días han asesinado a dos personas por asaltarlos: un usuario y un ayudante, en el interior de unidades de transporte urbano en la capital. Cálix y Lanza exponen que estas muertes se hubieran podido evitar si la Policía ya tuviera control del centro de monitoreo de vigilancia.
Criterio.hn trató de comunicarse con el departamento de prensa de la Policía Nacional para conocer, por ejemplo, el motivo por el cual no han respondido a la solicitud del grupo empresarial y, de igual manera, qué medidas están ejecutando para disminuir la violencia que está afectando al rubro. Sin embargo, hasta la publicación de este artículo, no se recibieron respuestas a los mensajes ni a las llamadas.
