A pesar de los esfuerzos de organizaciones feministas, la propuesta de ley que busca combatir las violencias de género en Honduras sigue sin avanzar en el Congreso Nacional, enfrentando una campaña de desinformación y obstáculos políticos
Foto portada: Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – Históricamente las mujeres en Honduras se han enfrentado a la violencia estructural, producto de sociedades machistas y patriarcales, lo que conllevó a que organizaciones de mujeres y feministas trabajaran en una propuesta de ley para la prevención de las múltiples violencias.
Pese a que la propuesta de la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres (LEI-VCM), fue presentada a la presidenta Xiomara Castro el 08 de marzo de 2022, en el marco del Día Internacional de Mujer, esta no ha sido discutida en el Congreso Nacional (CN) para su aprobación.
En las últimas semanas, la propuesta de la normativa ha sido objeto de una campaña de desinformación por parte de sectores conservadores que han evitado a toda costa su aprobación en el Congreso. Dicha campaña es similar a la que grupos fundamentalistas religiosos y políticos, emprendieron con la Ley de Prevención de Embarazos en adolescentes, aprobada en marzo de 2023, pero vetada por la presidenta Xiomara Castro, meses después.
En ese sentido, las organizaciones de mujeres denunciaron que han recibido ataques directos contra la propuesta de ley que se destaca por promover y garantizar el derecho a una vida libre de violencias, tanto en el ámbito público como en el privado.
“Han construido una serie de narrativas falsas que son enfermizas, retorcidas y perversas para generar miedo en la sociedad y anticuerpos en el Congreso Nacional, (…) aclaramos por qué estos grupos MIENTEN”, refirió a través de un comunicado la Comisión de Seguimiento a la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres.
Cifras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), indican que entre el año 2002 y el 2023, más de 8,100 mujeres perdieron la vida en circunstancias violentas. Una de las razones por la que se vuelve urgente el fortalecimiento de políticas públicas enfocadas en la prevención de la violencia en el país más violento para las mujeres a nivel de América Latina.
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¡ES NUESTRO PARTO, ES NUESTRA HIJA!
Las mujeres, a través de al menos 129 redes y organizaciones trabajaron la propuesta de ley desde el 2015 con el acompañamiento de grupos expertos y expertas de diferentes disciplinas para convertir el proyecto en una estrategia integral.
“Se trata de un parto de las mujeres hondureñas comprometidas en la lucha contra las violencias hacia las mujeres, que no tiene que ver con Ecuador ni con ningún otro país”, refirieron en conferencia de prensa en la que estaban presente redes de mujeres de varias zonas del país.
Lorena Alfaro, una de las fundadoras de la Red de mujeres contra la violencia en Choluteca, al sur del país, enfatizó la urgente necesidad de la aprobación de la referida ley. “Realmente es para nuestro beneficio (…), esta ley no sólo me va a proteger a mi como mujer pobre, ni como sociedad civil, va a proteger a todas las mujeres que necesitamos tanto, porque estamos cansadas de tanta violencia y violación a nuestros derechos”.
Por su parte, Regina Fonseca, del Centro de Derechos de Mujeres, lamentó que pasaron el 2022 y 2023 esperando la aprobación de la ley, que hasta la fecha ya lleva 31 borradores y que ha recibido una serie de modificaciones de varias instituciones estatales, sin ser presentada al Congreso Nacional.
De igual manera, la defensora de derechos, lamentó que pese a ser las autoras de la Ley de prevención de violencia contra las mujeres, no han recibido mayor información sobre el proceso que sigue.
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En este momento, de acuerdo con las organizaciones de mujeres y feministas, la propuesta está en manos de la Corte Suprema de Justicia, una acción cuestionada puesto que la referida ley debía pasar primero al Congreso Nacional.
Gilda Rivera, directora del centro de Derechos de Mujeres, señaló:“no sabemos lo que va a pasar luego que la Corte Suprema de Justicia, remita su opinión”. Además, dijo que la preocupación se incrementa debido a los conflictos internos del Congreso Nacional que afectan directamente la agenda de las mujeres.
“La correlación de fuerzas al interior del Congreso Nacional no es favorable para propuestas de derechos en general porque sigue prevaleciendo los intereses de grupos de poder conservadores en este país”, expuso Rivera.
La oposición al interior del Legislativo fue confirmada por la diputada del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quien forma parte de la Comisión de Género del CN y en el marco del Día Internacional de la Mujer, señaló: “hemos tenido que lidiar con sectores fuertes del Congreso que nos dicen que no se puede incluir o mencionar la palabra género en ninguna ley”, confirmando así la negativa a la agenda de las mujeres en el Poder Legislativo.
Las organizaciones de mujeres responsabilizan al grupo Por Nuestro Hijos, un movimiento que tuvo su auge durante la discusión de la Ley de Prevención de Embarazos en Adolescentes, y que tiene un fuerte respaldo de los sectores más conservadores de iglesias evangélicas y católica y de los medios de comunicación tradicionales.
