Tegucigalpa. – “Gozar de nuestros derechos territoriales sigue siendo un gran desafío en nuestro país, puesto que el marco jurídico estatal es desfavorable a los intereses de los pueblos, y contrario a esto, el Estado facilita la persecución penal de las personas indígenas, negras y campesinas que reivindican este derecho”.
Con estas palabras, la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Bertha Zúniga Cáceres, presentó el informe “Pueblos indígenas en Honduras: Derechos, Territorios y Leyes” ante las y los liderazgos Lencas de los departamentos de La Paz, Comayagua, Intibucá y Lempira, así como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El documento es calificado por la organización como una respuesta a la necesidad de abordar la violencia y falta de reconocimiento por parte del Estado hacia las comunidades indígenas y negras en Honduras.
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“Este informe es nuestra voz, nuestra denuncia y nuestra contribución a la discusión sobre cómo avanzar en el reconocimiento y protección de nuestros derechos”, lee la publicación del informe.
“Llegará el día en que los pueblos tengan asegurado su territorio y que las empresas que entren sin permiso a las comunidades sean acusadas y sentenciadas por el delito de usurpación de las tierras ancestrales”, afirmó la coordinadora del Copinh, quien recalcó cómo bajo la legislación actual se persigue y criminaliza a pueblos indígenas, negros y campesinos por defender su territorio.
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Zúniga apuntó que los pueblos exigen títulos que garanticen tranquilidad en los territorios de sus ancestras y ancestros para construir un proyecto alternativo basado en sus cosmovisiones.
“Los derechos de los pueblos indígenas y negros siguen siendo desconocidos por algunos funcionarios del Estado que tratan de conciliar, inútilmente, las políticas capitalistas con los derechos de las comunidades”, abordó la lideresa Lenca.
Ejemplificó esta situación, con la venta de bonos de carbono de los bosques de los pueblos indígenas a los “grandes contaminantes del planeta”, empresas y países, que no reducen sus emisiones de carbono y continúan “matando a nuestro planeta, condenando a la humanidad”.
REFORMAS A NORMATIVAS NACIONALES, ENTRE RECOMENDACIONES
El informe es un análisis técnico jurídico sobre el marco normativo y herramientas jurídicas nacionales e internacionales para la protección de los derechos territoriales de las comunidades indígenas en Honduras, incluyendo legislación que presenta desafíos y límites respecto a las tierras, territorios y bienes naturales de los pueblos indígenas.
El integrante del Copinh y miembro del equipo técnico de litigio, Camilo Bermúdez, apuntó que el informe surge como un esfuerzo en la construcción de alternativas y emancipación ante la vulneración y violación de los territorios de los pueblos originarios por parte de intereses económico-empresariales.
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Incluye tres casos de estudio sobre la problemática de tierras, territorio y bienes naturales y las deficiencias en el marco normativo nacional, así como la respuesta estatal a estos. Además, engloba ocho recomendaciones sobre modificaciones en el marco normativo e institucional.
Entre las recomendaciones se incluyen: reformar la Ley Agraria; reformar disposiciones de la Ley de Propiedad; creación de una legislación específica sobre derechos de los pueblos indígenas y negros enfocada en los derechos colectivos de estos pueblos sobre sus tierras, territorios y bienes naturales; reformas al régimen normativo ligado al licenciamiento ambiental, recursos hídricos, minería y otras actividades, energéticas y similares.
Se incluyen en estos consejos, además, la implementación de la consulta previa, especialmente en el contexto de proyectos de infraestructura, empresariales o de inversión; reformas y derogaciones de las normas del Código Penal que permiten el desalojo y criminalización de pueblos indígenas y negros que reclaman sus derechos territoriales a través de figuras como la usurpación, roturación de tierras y similares.
Se sugiere, también, la capacitación sobre derechos humanos de los pueblos indígenas a operadores de justicia, incluyendo fuerzas de seguridad, Ministerio Público y Poder Judicial; y la adopción por parte del Estado de medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones de derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas.
