Tegucigalpa, Honduras.- El apoyo financiero y humano en fiscalías que atienden casos de delitos vinculados a la corrupción y crímenes contra defensores y periodistas es clave para que Honduras pueda mostrar una nueva cara al mundo e incluso, instalar la Comisión Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), y acceder a los fondos de la Cuenta del Milenio.
Sin embargo, estos temas fueron relegados en la gestión de Óscar Chinchilla, lo anterior se evidencia ya que las fiscalías que han llevado dicho temas son las que presentaron la productividad más baja. El hecho es inadmisible, opinan analistas, ya que los delitos de los temas referidos son una constante en Honduras, que como consecuencia originan entre otras, la migración de los hondureños.
La Fiscalía Especial para el enjuiciamiento de los servidores del sector Justicia (FEES-SJ), la Fiscalía para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operaciones de Justicia (FEPRODDHH) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) del Ministerio Público (MP), son las que menos casos presentaron en la gestión de Chinchilla.
Cada una de estas no sobrepasa ni siquiera los 100 casos en los que se ha emitido un auto de formal procesamiento, del mismo modo, no superan las 50 sentencias condenatorias, lo anterior contabilizado desde el año 2018 a 2022.
Para el caso, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia solo presentó 44 Auto de formal procesamiento y 8 sentencias condenatorias. Caso similar es la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública con 64 Auto de formal procesamiento y 42 sentencias condenatorias, cifras bajas si se compara con los resueltos por las otras fiscalías.
IMPUNIDAD EN DELITOS DE CORRUPCIÓN GENERA MIGRACIÓN
La falta de combate a la corrupción va de la mano con la impunidad, ya que cuando no se investiga, no hay delito que juzgar, opinó la Coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Elsy Reyes.
Refirió que la impunidad se muestra cuando no hay resolución de casos, ante ello mencionó la importancia de fortalecer el sistema de justicia, mismo que solo se puede hacer si se destina mayor recurso humano y materiales para que se puedan avanzar en los procesos.
“No es posible que tengamos una mora judicial de más de cuatro mil casos, el acceso a la justicia debe ser real y efectivo, pero no se puede hablar de justicia si las personas no tienen el recurso humano para dar respuestas a las demandas”, expresó Reyes en entrevista con Criterio.hn
Del mismo modo, enfatizó que el tema no solo pasa por tener más recursos humanos dentro de las fiscalías, sino de otorgar los puestos de trabajo por capacidades e idoneidad y no por liderazgos políticos ya que esa acción está dentro de la corrupción.
En su análisis, se refiere al panorama común en Honduras, en el que los jóvenes hondureños culminan sus estudios y no pueden acceder a un puesto de trabajo, porque las plazas existentes están ocupadas por afinidad política y ante ello optan por la alternativa de migrar.
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LIMITACIÓN DE RECURSOS
En tanto, la Fiscalía para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operaciones de Justicia, es la que presenta los números más negativos, ya que solamente se contabiliza un caso.
Para analizar los bajos resultados en dicha fiscalía Criterio.hn se contactó con el director ejecutivo de la REDH, Geovanny Argueta quien manifestó que desde su punto de vista, se puede deber a dos grandes factores: El primero es el temor de muchos comunicadores y defensores en realizar las respectivas denuncias y el segundo son las falencias en recursos humano y financiero de la fiscalía en cuestión.
Desglosó que los periodistas y defensores de derechos humanos muchas veces no denuncian por el contexto de la realidad hondureña, inciden factores como: temor a futuras represalias, desconfianza en los procesos, falta de conocimiento de los recursos legales a los cuales pueden acceder -al verse amenazados-, y temor a ser estigmatizados.
De su lado, la fiscalía también juega su rol clave en el atraso, debido a la falta de recursos institucionales. Ya que para atender un delito se tiene que contar el suficiente recursos financieros, con representación en más lugares del país.
Así como mecanismos de protección y sobre todo un recurso especializado, porque a la hora de atender una denuncia se debe tener en cuenta el contexto del denunciante.
“Son muchos factores que vive el periodista y el defensor de derechos humanos, para poder animarse a hacer una denuncia, y para que se atienda pasa por fortalecer el sistema de justicia y por mejorar los mecanismos de protección, porque si no se mejoran nadie se va sentir con la suficiente seguridad para denunciar”, manifestó el también periodista.
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SIN CICIH NI CUENTA DEL MILENIO, NO SE COMBATE LA CORRUPCIÓN
En tanto, la integrante de la Articulación Ciudadana Transparencia y Justicia (ACTJ) Jimena García Merino, analizó que la baja de los casos en fiscalías de corrupción, se podría deber a que los de delitos de alto impacto del tema, los asume la Unidad Especializada contra las Redes de Corrupción en Honduras (Uferco). No obstante, aclara que no se podría justificar que los casos que atiende las otras dos fiscalías no se les dé celeridad.
En cuanto los casos de defensores y periodistas, analizó que estos deben ser prioridad del Estado, porque más tarde pueden terminar en asesinatos. Consciente que la cantidad de denuncias no es la misma que otros delitos como violencia intrafamiliar, apuntó que no se puede decir que son escasos, ya que la problemática es evidente.
“Se debe analizar la cantidad de recursos en cada unidad fiscal, acorde con la cantidad de denuncias que se reciben, es muy importante el de corrupción y protección a defensores y periodistas ya que esto influye en tema claves como acceder a la cuenta del Milenio y requisitos para que se pueda dar la instalación de la CICIH”, expresó García en diálogo con Criterio.hn
La baja condena -analizó la entrevistada- se puede deber a colusión, mala presentación de casos, entre otros, antes ello recomendó, que se debe apostar a formación continua de los fiscales y asignación de recurso para investigar los hechos.
Es importante recordar que un informe de monitoreo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) presentado en el en octubre, reveló que desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2023 se ha reportado 372 víctimas de agresiones a personas vulnerables, de las cuales 267 son defensores y 105 periodistas.
