Dirigentes del transporte urbano han denunciado en reiteradas ocasiones que las maras y pandillas, a través de llamadas extorsivas que salen desde diferentes cárceles, advierten que el próximo mes incrementarán el cobro de extorsión, porque se vienen las fiestas de navidad y fin de año
Tegucigalpa, Honduras. – Por no tener el control de la señal satelital, de las redes de compañías telefónicas que proveen servicios a Honduras, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), encargada de la intervención penitenciaria desde julio del corriente año, asegura no tener el control de las llamadas extorsivas que salen desde los distintos recintos carcelarios del país.
El coronel de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA), Ramiro Fernando Muñoz, aseguró que están trabajando para contrarrestar este delito que se orquesta desde las cárceles, pero que al final los encargados de interrumpir la señal satelital a la que tienen acceso los privados de libertad de manera ilegal, son las compañías telefónicas que venden sus servicios en el país.
“Yo creo que no les interesa (bloquear la señal telefónica a las compañías), en Conatel hacen lo que se puede, pero estas empresas, ¿por qué no están haciendo nada?”, dijo a medios de comunicación Muñoz, que ha estado envuelto en una serie de irregularidades desde que tomó el control de las cárceles por abusar de su poder para intimidar a sus subordinados.
Ante la ineficiencia que está experimentado la fuerza castrense, sus autoridades advierten a los privados de libertad pertenecientes a maras y pandillas que mantienen el gobierno de la anarquía en los centros penales que, de continuar extorsionando a los diferentes comercios del país, optarán por implementar medidas drásticas.
“Centro penal del que salga llamada extorsiva, centro penal que no tendrá visitas. Todos los privados están claros (con esa nueva medida)”, advirtió en medios de comunicación el coronel Ramiro Fernando Muñoz, que se perfila como uno de los candidatos para ocupar uno de los altos cargos de las Fuerzas Armadas, en este nuevo proceso de elección que se hará el próximo mes.
De acuerdo con el coronel Muñoz, la medida de no permitir visitas, se compone por varias aristas relacionadas directamente con la comisión del delito de extorsión, pues contó que, desde los centros penales, están saliendo notas extorsivas, en las que precisan negocios, víctimas y cómo se distribuirá el dinero robado a los comerciantes, que vendrían siendo uno de los más golpeados por la comisión de este delito.
“Ayer presentaba una nota extorsiva de las que hemos decomisado, en la que ponen el nombre de los negocios, cuánto le van a cobrar a cada uno y, en la parte de abajo (de la misma nota) está el nombre de las personas en las que se va a repartir ese dinero, como si se tratara de una empresa extorsiva”, contó el coronel.
Muñoz externó su descontento con las instituciones nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos de los privados de libertad, los mismos que serían los encargados de mantener el gobierno de la anarquía en las penitenciarías del país.
“A nadie se defiende más en este país que a esas organizaciones criminales. Ellos tienen (el respaldo) de más de mil personas”, opinó el coronel.
Precisamente el viernes 24 de noviembre, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), pidió al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, desmilitarizar los centros penales, bajo el argumento que uniformados no están preparados para lidiar directamente con privados de libertad.
“Hemos recomendado en numerosas ocasiones que se debe dar el traspaso gradual al liderazgo civil, es decir, a los policías penitenciarios, porque las Fuerzas Armadas no son la institución competente para ejercer el control y administración de los centros penales”, mencionó Isabel Albaladejo en medios de comunicación.
“La militarización del sistema penitenciario, entendemos que es una medida excepcional y puntual, debido a las situaciones que provocaron reyertas en los centros penitenciarios”, agregó.
A la Policía Militar del Orden Público se le entregó, por sexta vez en la historia, la administración y el manejo de las cárceles de Honduras, debido a la peor masacre que se registró en junio de este año, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en la que murieron 46 privadas de libertad.
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BLANCO DE LAS LLAMADAS EXTORSIVAS DE LAS CARCELES
El empresario del transporte urbano, Jorge Lanza, contó a Criterio.hn que la mayor cantidad de llamadas extorsivas que le hacen a sus colaboradores, provienen desde los centros penitenciarios, lo que han logrado identificar tras interponer denuncias ante las autoridades de Seguridad.
“A través de esas llamadas provenientes de las cárceles, los criminales, pertenecientes a distintas agrupaciones criminales, nos están informando que incrementarán el cobro del pago de extorsión en los próximos meses, porque vienen las fiestas navideñas y de fin de año”, contó el dirigente del rubro del transporte.
El dirigente contó que, la manera de identificar que las llamadas provienen desde centros penales, como el de Támara, ubicado en Francisco Morazán, a unos 10 kilómetros de Tegucigalpa, capital hondureña, es después de denunciar el hecho ante las autoridades.
“Cuando pasamos los números (celulares) y las coordenadas, las autoridades identifican que las llamadas vienen desde los centros penales (…) las mismas autoridades nos cuentan que no han podido erradicar la salida de llamadas porque los integrantes de las maras y pandillas tienen aparatos para comunicarse de manera satelital”, precisó Lanza.
En lo que va del año, el crimen organizado se ha encargado de cobrar la vida de más de 55 transportistas (entre choferes y ayudantes) por rehusarse a hacer el pago de extorsión.
Además, el transporte urbano en Distrito Central, paga de manera mensual unos 20 millones de lempiras a las diferentes agrupaciones criminales que conforman el crimen organizado.
