Especialistas en informática, entrevistados por Criterio.hn, coinciden en que la atribución de daños al sistema de audio y votación a los diputados nacionalistas es un hecho que se aleja de la verdad
Tegucigalpa, Honduras. – La Junta Directiva del Congreso Nacional podría estar iniciando lo que sería una maniobra tecnológica, argumentando daños ocasionados por los diputados del Partido Nacional al equipo de audio y votación, para entorpecer la aprobación de importantes leyes e incluso la elección de las próximas autoridades del Ministerio Público (MP).
El martes 9 de agosto, mientras se discutía y aprobaba la Ley del Sistema Nacional de Bases de Datos de ADN, los diputados del Partido Nacional, al exigir la derogación de la “ley de amnistía”, protagonizaron un desorden que ocasionó, además de contaminación sónica, daños al mobiliario y al sistema de audio y al equipo de votación utilizado por los diputados, estos dos últimos daños atribuidos y cuantificados por el oficialismo en el Congreso Nacional en 46 millones de lempiras.
Los supuestos daños al equipo de votación han causado sospecha ante una estela de incongruencias que ha venido esgrimiendo el Congreso Nacional presidido por el diputado del Partido Salvador Nasralla, Luis Redondo, quien siendo especialista en sistemas informáticos ha emitido varias opiniones desde que asumió el cargo.
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INCONGRUENCIAS
El 15 de marzo de 2023, el gubernamental canal 8 anunció que el gobierno de China Taiwán, había donado al Congreso Nacional un equipo de votación valorado en un poco más de 17 millones de lempiras. La donación habría sido agradecida por Luis Redondo, según la publicación del medio oficial.
“El sistema de alta tecnología para las votaciones en el hemiciclo legislativo vendrá a fortalecer la transparencia al momento de aprobar los proyectos de ley”, dijo Redondo, según la publicación estatal.
Sin embargo, el lunes 14 de agosto el Congreso Nacional estableció en un comunicado de prensa que el sistema de audio y votación debe ser “reemplazado a la brevedad posible en vista que el actual es una donación que recibió este Poder del Estado desde el año 2011, misma que tuvo un costo de 46 millones de lempiras, cuyos equipos y software se encuentran ya desfasados”.
Pese a la millonaria donación de Taiwán, un mes después, el Poder Legislativo respondió una solicitud de información a Criterio.hn en la que detalló que todavía no contaban con nuevas tecnologías de votación, con el fin de establecer más transparencias en las sesiones, ya que a la hora de tomar decisiones cada diputado tenía que levantar su mano, para evidenciar si estaba en desacuerdo o de acuerdo con la aprobación o derogación de una ley.
Después, el 11 de julio de 2022, Luis Redondo aseguró que implementarían un nuevo método de votación para que en las pantallas del canal y redes sociales del Congreso se evidenciara el voto de cada diputado precisamente en la pasada elección de los magistrados de la CSJ.
Sin embargo, en la práctica fue distinto, ya que un año después Criterio.hn corroboró en la página web del Congreso Nacional y el recuento de las votaciones sobre la elección de los magistrados de la CSJ ni la derogación de los decretos de impunidad han sido publicados.
“En este tema claramente hay incongruencias, pero lo que más resalta es que después de anunciarlo, el Congreso todavía no tiene en la página web el histórico de votación de los diputados, no entiendo, ¿a qué tipo de transparencia se refieren?”, cuestionó el exdiputado del Partido Anticorrupción (PAC) Aníbal Cálix.
De igual manera, para Cálix, el costo de equipo dañado está sobrevalorado y, además, en el caso del sistema de votación no hay forma que los nacionalistas lo pudieran dañar.
“Ese es el equipo de votación y audio más caro que he visto, por ejemplo, en el de votación no lo pudieron dañar los nacionalistas, ese es un sistema completo que no se maneja de la mesa de la Junta Directiva; es imposible creer en los argumentos de la Junta Directiva”, analizó.
Opinión que compartió el ingeniero en sistemas David Valladares, quien explicó que, por el forcejeo entre los diputados se pudo dañar el cableado que conecta los 128 micrófonos en el Poder Legislativo, conocidos coloquialmente como “cuellos de ganso”, pero eso no interfiere en el sistema de votación.
“El sistema de audio es una cosa y el de votación es otra. Lo más probable es que el sistema de audio sí sufrió daños; se arruinaron algunos cables, pero esos se pueden cambiar fácilmente y se van cambiando de manera periódica porque en la mayoría de los casos pueden dejar de funcionar”, explicó.
“El sistema de votación no sé cómo pudo ser dañado durante ese problema en el Congreso, porque es manipulado por ingenieros desde una cabina que manipula, tanto el tema de audio y de votación en el Congreso”, añadió.
PROCESO DE ELECCIÓN
A raíz del incidente de la semana pasada las reuniones en el hemiciclo legislativo fueron suspendidas. Pero, hoy martes se desarrolló un encuentro entre los miembros de la Junta Directiva en la que se determinó programar para mañana martes, a las 3:00 de la tarde, una sesión del pleno de diputados, previo a un encuentro entre los jefes de bancada, informó el diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y uno de los vicepresidentes del Congreso, Rasel Tomé.
Sin determinar los supuestos daños y la forma en la que se votará este miércoles, Tomé se limitó a decir que en la sesión se seguirá votando por algunas leyes que están en discusión y se nombrará la comisión multipartidaria que revisará las hojas de vida de los cinco candidatos a fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público.
Con respecto a los daños al sistema de audio y votación, dijo que será el presidente Luis Redondo, quien presente un informe ante el pleno. Asimismo, aseguró que las votaciones no se harán “levantando la mano”.
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ESTRATEGIA PARA SUSPENDER LAS SESIONES
Para Jimena García, integrante de Articulación Ciudadana, las posturas del oficialismo en el Congreso podrían ser una estrategia que buscaría suspender la sesión que se programó para este 15 de agosto y las siguientes que se deberían celebrar el miércoles 16 y jueves 17 del mismo mes, con el objetivo de no establecer diálogos referentes al tema de la elección del nuevo fiscal general y fiscal general adjunto y, de esa manera, darle paso a cumplir con los pactos políticos.
“¿Para qué buscan dilatar el proceso con estas estrategias?, para llegar a acuerdos, los partidos más grandes están buscando llegar a acuerdos para repartirse cuotas de poder en la fiscalía y otras instituciones que también irán a proceso de elección y, muy probablemente, también toquen el tema de impunidad con relación a la llegada de la CICIH”, valoró García.
Agregó que “los daños ocasionados al sistema de votación y audio que están valorados en 46 millones de lempiras, según el Congreso, es la excusa perfecta para dilatar el proceso de elección del próximo fiscal general y fiscal adjunto, para así cumplir con uno de los pactos que tienen establecidos”.
El análisis de García es compartido por varios sectores de la sociedad hondureña, aunque para el diputado de Libre y uno de los vicepresidentes del Congreso, Rasel Tomé, son posturas erradas, porque para la elección del fiscal general y fiscal general adjunto ya hay avances, pues todos los partidos políticos ya acordaron que los fiscales serán electos de la nómina de cinco presentada por la Junta Proponente, lo pendiente, dijo, es que se determine quiénes serán los dos ungidos.
Tomé aseguró que la postura de su partido y del Poder Ejecutivo es que se cumpla con la Constitución y la elección se efectué el 31 de agosto para que el 1 de septiembre ya haya nuevas autoridades electas en la Fiscalía.
Desde el uno de agosto que el Congreso Nacional tiene la nómina de los cinco mejores evaluados por la Junta Proponente y, hasta la fecha, no han iniciado debates para llevar a cabo el proceso de elección, lo que para Jimena García representa una clara falta de voluntad política y desacuerdo con el listado entregado por los proponentes.
Los congresistas estarían buscando dilatar el proceso de elección para cumplir con el acuerdo tripartito que se pactó en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a inicios de 2023, en el que también contemplan hacer una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Dicha reforma se haría para crear un segundo fiscal adjunto y, de igual manera, que el cargo director de fiscales, que actualmente ostenta José Mario Salgado, entre en proceso de elección, contrario a lo que establece la actual Ley Orgánica del Ministerio Público.
El objetivo de esa reforma es para que los partidos políticos que integran el acuerdo tripartito [Partidos Libre, Nacional y Liberal] queden con cuotas de poder en el Ministerio Público. En palabras sencillas, que la titularidad le quede al oficialismo y las figuras de los fiscales adjuntos sean entregadas a los liberales y nacionalistas.
Aunque desde el Poder Legislativo dilaten la elección del séptimo fiscal general y fiscal adjunto, la ley manda que el primero de septiembre deben estar electas las autoridades del Ministerio Público, que actualmente ostentan Óscar Fernando Chinchilla y Daniel Sabrián, respectivamente.
