Tegucigalpa, Honduras.- El abogado Mario Roberto Urquía Fajardo presentó este jueves un recurso de amparo con suspensión de acto reclamado por ser inhabilitado, de acuerdo a su criterio, de manera arbitraria e ilegal del proceso que está haciendo la Junta Proponente para escoger al próximo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP).
“Pido que mi recurso sea prioridad sobre cualquier otra cosa que esté conociendo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en estos momentos, puesto a la urgencia del caso, pidiendo así que se resuelva en las próximas 24 horas”, precisó Urquía en medios de comunicación.
Agregó que “estoy solicitando la tutela de mi derecho constitucional de optar a cargos públicos y estoy pidiendo la suspensión del acto reclamado, puesto que, de no ser así, se consumará la violación y vulneración a mis derechos que por ley se me confieren como participar en proceso de elección”.
Si la Sala de lo Constitucional conoce en caso de Urquía se suspendería el proceso de selección que está haciendo la Junta Proponente, mismo que se encuentra en la recta final, en la fase de entrevistas públicas y reanudaría una vez se emita una resolución del caso.
Con lo anterior se podría dar paso para que se consume el pacto tripartito que se fraguó entre el Partido Libertad y Refundación, Liberal y Nacional, creado con la finalidad de entregar cuotas de poder a los nuevos magistrados de la CSJ y, de igual manera, en la fiscalía colocar abogados que respondan a intereses corruptos de la clase política y económica.
A Urquía Fajardo, abogado afín al oficialismo y actual asesor de la Alcaldía de San Pedro Sula, 4 integrantes de la Junta Proponente, tras interpretar el artículo 42 del reglamento que rige esa instancia, determinaron inhabilitar porque presidió la Junta Nominadora encargada de elegir a los nuevos magistrados de la CSJ.
El inciso G de dicho artículo, en síntesis, explica que ningún integrante de la Junta Nominadora podrá optar a un cargo administrativo y jurisdiccional durante los dos años siguientes en los tres poderes del Estado, es decir, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero el Ministerio Público no forma parte de ningún poder.
Para inhabilitar a Urquía, tres de los 7 proponentes, pidieron a los magistrados Rebeca Ráquel Obando y Wagner Vallecillo excusarse de conocer el caso porque ellos fueron calificados por la Junta Nominadora que presidió Urquía y, por ese motivo, se pudo jugar un conflicto de intereses.
“Creo que los miembros que se han empecinado en esta ilegalidad (inhabilitación) pone en evidente detrimento el proceso que se está llevado, lo empañaron y probablemente por eso (recurso interpuesto) se vaya a atrasar, pero es porque se me violentaron mis derechos”, valoró Urquía.
Urquía para interponer el recurso de amparo se apagó en lo que manifiesta el artículo 17 del Código Civil que, en palabras sencillas, precisa que no puede haber una interpretación más allá de los términos que están establecidos en la propia disposición.
“Si no pasa nada; si la sala no resuelve sería una vulneración más a mis derechos. La Sala de lo Constitucional sabrá cómo resolver, no me quiero adelantar a los actos. Asumo que me asiste la razón y el derecho”, concluyó.
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POSIBILIDAD PARA EL FISCAL DE LA UFERCO
Lo hecho por Urquía abrió la brecha para que, por ejemplo, el actual titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, interponga un recurso ante la Sala de la Constitucional tras su inhabilitación del proceso.
A Luis Javier Santos, cinco de los 7 proponentes, determinaron inhabilitarlo porque está demandado por el Estado desde el 2013, por ser uno de los fiscales que conoció el caso de la ambientalista asesinada en Tela, Atlántida, Jannette Kawas que, en consecuencia, provocó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sentenciara a Honduras.
Sólo 13 abogados, de los 26 que se postularon, lograron llegar a la recta final del proceso de selección que está haciendo la Junta Proponente y de estos saldrá la nómina de cinco (dos mujeres y tres hombres) para el 1 de agosto ser enviada al Congreso Nacional.
El Congreso tiene la función de selección al abogado que sustituirá a Óscar Fernando Chinchilla (actual fiscal general) y Daniel Sibrián (fiscal general adjunto) en una elección de segundo grado, para que ostenten los altos cargos durante el periodo 2023- 2028.
