Por: Daniel Girón
Tegucigalpa, Honduras. – El tiempo en contra, escoger a los cinco mejores candidatos, con transparencia y sin influencias políticas, es el gran desafío de la Junta Proponente para la elección del próximo fiscal general y adjunto del Ministerio Público (MP) para los próximos siete años (2023 y 2030), de acuerdo con analistas.
“El tiempo como el principal reto, sólo quedan dos meses para hacer el trabajo de selección, eso significa trabajar de manera acelerada, no dándole el análisis necesario a los perfiles de los auto postulantes”, expresó Andrés Pérez Munguía, asesor nacional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
Mencionó que meses atrás la Oacnudh planteó al Congreso Nacional reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público para acortar el tiempo en la escogencia de los delegados de sociedad civil en la Junta Proponente, pero la falta de votos en el parlamento fue el impedimento.
“Nos estaban dando largas, esperábamos una respuesta antes de que iniciara todo el proceso de selección de los entes que conformarán la Junta Proponente, pero al final la respuesta fue que no contaban con la mayoría calificada (65 votos) en el Congreso para hacer la reformas que sugerimos”, detalló.
Según Pérez, las influencias o convenios políticos podrían desacreditar el trabajo de la Junta Proponente en el proceso de transparencia que entregaría el puesto de fiscal general y adjunto a personas ligadas a los partidos mayoritarios del país.
“El otro problema son los pactos políticos que se mencionan y no voy a entrar en detalles, pero se habló de la firma de un pacto entre partidos políticos al momento de elegir los magistrados de la Corte que lamentablemente también podrían tener incidencia en la elección del fiscal general y adjunto”, advirtió.
“A veces uno se pregunta si a nivel político se debería de hacer un pacto para este tipo de elecciones, y sí, pero ese pacto debería ser por despolitizar las instituciones del sector justicia porque lo único que traen es injusticia y una pelea de intereses políticos”, añadió.
El 8 de mayo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, pidió a las organizaciones que conforman la Junta Proponente elegir a sus representantes para iniciar con el proceso de elección de candidatos a fiscal general y adjunto.
Las acreditaciones de los representantes ante la Junta Proponente tenían que ser enviadas hasta la medianoche del 22 de mayo a la secretaría general de la CSJ, con la excepción de los representantes de sociedad civil a quienes se les extendió el plazo para elegir su representante.
A las organizaciones que conforman sociedad civil se les otorgó una extensión porque no hay un procedimiento específico para la elección de sus representantes ante la Junta Proponente, por lo que la acreditación debe apegarse a los lineamientos del artículo 6 de la Ley Especial de la Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora.
Para elegir a los 15 magistrados y magistradas de la CSJ, los tres partidos mayoritarios (Partido Liberal, Nacional y Libertad y Refundación) firmaron un acuerdo en el que se estableció hacer una reforma a la Ley Orgánica del MP.
Aunque el acuerdo no especifica qué reformas se pretenden ejecutar, se rumora que se prevé llevar a elección la dirección de la Fiscalía, para elegir tres cargos y adecuarlos a los tres partidos con mayor número de diputados en el Congreso Nacional.
Como actualmente está la Ley Orgánica del Ministerio Público, el encargado de elegir al director de fiscales es única y exclusivamente el fiscal general de la república, contrario a las supuestas intenciones mezquinas de la clase política.
Dentro de este nombramiento siempre ha estado presente la línea política-partidaria a la que obedece el fiscal general adjunto, por ejemplo, Óscar Chinchilla antes de la llegada del actual director de fiscales que es José Mario Salgado, nombrado en 2018, había puesto a los abogados nacionalistas: uno Rolando Argueta (2013-2016) y José Arturo Duarte (2016-2018).
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PROCESO PARA ESCOGER A LOS MEJORES CANDIDATOS
Para la abogada Julissa Aguilar, otro de los retos que tendrá la Junta Proponente será el proceso de tachas y denuncias, donde los postulantes deben demostrar que no han tenido actos reñidos con la ley y tampoco han sido señalados por violentar los derechos humanos que, de lo contrario, no serían tomados en cuenta.
“¿Qué cosas no podemos tolerar?, un discurso discriminatorio, un discurso de violación de los derechos humanos, eso debería ser suficiente para que los excluyamos del proceso, pero todavía carecemos de herramientas para llegar a esa información y eso es uno de los primeros problemas”, opinó.
Agregó que “en el proceso de tachas y denuncias podemos decir que una falta de tránsito no es grave, o peor si ha sido denunciado por violencia doméstica, pero eso es algo que tampoco debemos tolerar si queremos mostrar a la población que será un proceso estricto y totalmente transparente”.
Aguilar, quien representó a la Universidad Nacional Autónoma (UNAH) ante la Junta Nominadora, enfatizó que es importante fomentar la cultura de denuncias y tachas a la población hondureña para desenmascarar a postulantes que aspiren a los cargos siendo conscientes que han sido señalados por varios delitos.
Los hondureños y hondureñas tenemos una memoria muy corta, hay que recordar el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia donde se separaron a postulantes que estaban denunciados por varios delitos y, aun así querían ser magistrados.
De acuerdo con la ley del MP, este proceso de elección del fiscal general y adjunto se divide en cinco etapas: la primera que ya está por cerrar que es la integración de la Junta Proponente.
La Junta Proponente está conformada por la presidenta de la CSJ y un magistrado designado por el pleno; el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) a través de su titular; un representante de la UNAH y un representante de las universidades privadas; un representante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y uno de la sociedad civil.
El segundo paso es la convocatoria de los aspirantes y, el tercero, es la revisión e investigación de los perfiles de los postulantes, en el que la ciudadanía también jugará un papel importante al denunciar o tachar si él o la aspirante ha cometido delitos o vertido discursos en contra de los derechos humanos o violentado los mismos.
Después de llevar el proceso de tachas y denuncias, los aspirantes serán evaluados con base a su experiencia como operadores de justicia, principalmente en materia penal y procesal, y dependiendo de los resultados se les dará una calificación de 1 a 100 para así seleccionar a los mejores cinco.
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¿QUÉ NO DEBERÍA HEREDAR LA ELECCIÓN DE LA CSJ A LA DEL MP?
Jimena García, fundadora de Honduras Resurge, explicó que el proceso de elección de los magistrados para la CSJ que hizo la Junta Nominadora fue totalmente transparente, pero el inconveniente fue cuando este órgano presentó la lista de sus elegidos ante el Congreso Nacional para que los seleccionara.
“No se debería heredar ni repetir todas las malas prácticas que conlleva a un detrimento al estado de derecho y el fortalecimiento de la democracia. Reconocemos que el Congreso es un ente político, pero eso no significa que se debe actuar política-partidista (…) repudiamos las cuotas de poder que se trazan bajo la mesa”, reprochó.
Para elegir a los nuevos magistrados se estuvieron 17 días sesionando y eso es algo que no se puede permitir, como pueblo soberano no lo podemos permitir porque ellos son nuestros empleados. Si estás malas prácticas continúan, lamentablemente ya sabemos por qué camino va la elección del fiscal.
La Junta Proponente del MP debería heredar la transparencia con la que la Junta Nominadora desarrolló el proceso de elección de los magistrados de la CSJ, en donde salieron muchos aspirantes vinculados a partidos políticos y señalados por cometer delitos, valoró.
El actual fiscal general, Óscar Chinchilla y el adjunto Daniel Sibrián terminan su periodo el primero de septiembre de 2023 y durante su gestión fueron muy cuestionados por actuar de manera política en algunos casos como en el del expresidente Juan Orlando Hernández, privado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, por lo que los especialistas esperan que los nuevos fiscales no respondan también a intereses particulares.
