Desde 2021, después de la reforma al decreto 93-2021, los narcotraficantes y políticos vinculados con corrupción quedaron blindados para mantener bajo la opacidad sus riquezas amasadas de manera ilícita.
Por: Daniel Girón
Tegucigalpa. – La llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) pasaría una vez que el Congreso Nacional derogue, entre otros, el decreto 93-2021, que amplía el secreto bancario a delitos de lavado de activos.
“Hay decretos que se deben derogar para que realmente se investiguen las redes de corrupción que operan, pero todavía no se puede por estos pactos de impunidad. Por ejemplo: en el decreto 93-2021 pone cualquier cantidad de trabas para no permitir la judicialización en el caso de lavado de activos”, dijo a Criterio.hn Fátima Mena, vicepresidenta del Congreso.
Según la congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), aunque en el Congreso las líneas políticas están de acuerdo con la llegada de la CICIH a Honduras, la falta de consenso es el obstáculo que ha impedido la derogación del decreto 93-2023 perteneciente a la Ley Especial Contra Lavado de Activos.
“No hemos visto el compromiso de los diputados. Todavía hay una deuda enorme en la lucha anticorrupción para poder generar un ambiente habilitante para permitir que venga la CICIH y recuperar la institucionalidad en Honduras”, valoró.
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“El PSH se ha manifestado a favor de la derogación de los pactos de impunidad; se ha manifestado a favor de la venida de la CICIH, estamos a favor de las reformas al Código Penal, pero los debates no se han logrado porque no hay compromiso de todas las bancadas”; Fátima Mena, diputada del PSH y VI Vicepresidenta del Congreso Nacional.
El miércoles 11 de mayo estuvo en agenda legislativa la derogación del decreto en mención con la finalidad de acelerar la llegada de la CICIH al país, pero una vez más la falta de acuerdos entre los institutos políticos impidió la abolición.
Ese decreto ha sido cuestionado por el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, y su derogación fue pedida por la ONU, ya que enmascara una serie de reformas a varias leyes que representan una contribución directa al blanqueo de dinero y ocultamiento de bienes, han advertido en diversos espacios.
Antes de la reforma al decreto 93-2021, la persona acusada de lavado de activos tenía el deber de justificar el origen de sus capitales inscritos a su nombre en el Instituto de la Propiedad (IP) y en los bancos.
Desde 2021, después de la reforma al decreto 93-2021, los narcotraficantes y políticos vinculados con corrupción quedaron blindados para mantener bajo la opacidad sus riquezas amasadas de manera ilícita y, para que la justicia los procese, el Ministerio Público (MP) debe demostrar que los recursos provienen de actos delictivos.
Para que la CICIH pueda llegar a Honduras con plenas facultades de investigación, el gobierno hondureño y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron el 15 de abril de 2022 un memorándum de entendimiento con los términos de referencia y procedimientos previos.
El memorándum se desarrolla en dos fases: la primera establece la necesidad de hacer reformas constitucionales legales y administrativas que actualmente favorecen la corrupción, como lo es el decreto 93-2021, que fue aprobado en el Legislativo presidido por el nacionalista Mauricio Oliva (2014-2022).
Si se logra concretar la primera fase, en la segunda se generaría la ratificación de un convenio entre el gobierno y las Naciones Unidas, que daría vida a la comisión anticorrupción en Honduras.
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INTERESES MEZQUINOS IMPIDE DEROGACIÓN DE LEYES CORRUPTAS
El analista político Raúl Pineda Alvarado considera que el Poder Ejecutivo no ha tenido la voluntad para la operatividad de la CICIH por obedecer intereses mezquinos, aunque en la campaña fue una de sus promesas.
“Hay una actitud negativa en el Ejecutivo. Lo que yo veo es que hay un rosario de argumentos para retardar y entorpecer el funcionamiento de la comisión Contra la Corrupción que estoy seguro llegará a Honduras tarde o temprano”, enfatizó el analista.
Mencionó también que otra opción es que el presidente del Congreso, Luis Redondo, promueva los acuerdos entre las bancadas para que los decretos del llamado pacto de impunidad no sean una piedra en el zapato para la llegada de la CICIH.
“Pero aquí me encuentro con el problema de que tenemos un presidente del Congreso que carece de la más elemental capacidad para generar acuerdos y que más bien es un elemento de confrontación que se mantiene en fricción con sus correligionarios”, expresó.
Que la CICIH no llegue a Honduras, según Pineda Alvarado, representaría dos escenarios: el primero, que al menos una veintena de políticos lograrían no ser investigados dejando en impunidad sus delitos y, el segundo, que en el país no se recupere el estado de derecho ni la institucionalidad.
El exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), aseveró que los políticos ligados a corrupción tienen temor de ser desenmascarados como lo fueron algunos con la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
Entre los casos más sonados que presentó la Maccih, que pusieron en evidencia cómo congresistas robaron millonarias cantidades de dinero, figuraron el Caso Pandora, Red de Diputados, Arca Abierta, entre otros.
Sin embargo, el Congreso presidido por Mauricio Oliva, en 2019, se las ingenió para aprobar el decreto 116-2019, que consiste en un pacto de impunidad que blinda a los diputados de persecución penal del Ministerio Público. Esta normativa es parte de las condiciones que ha puesto Naciones Unidas para la instalación del ente anticorrupción.
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UN PROCESO RELENTIZADO
Como parte de un avance, el pasado 21 de abril, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, envió los términos de referencia para la llegada de una delegación de expertos que asesorarán al país en la Comisión Anticorrupción.
En respuesta, la ONU anunció que la llegada del grupo de expertos ayudará al gobierno a sentar las bases necesarias para el posible establecimiento de un mecanismo internacional anticorrupción imparcial, independiente y autónomo, como lo exigen los diferentes sectores de la sociedad.
Este grupo de expertos brindarán asistencia técnica sobre reformas legales y hará un diagnóstico de la situación del país, y si es viable la instalación de la CICIH.
De igual manera, la ONU ha instado a Honduras para que se establezca un principio autónomo, independiente e imparcial como principios básicos del memorándum de entendimiento que asegura que, sin independencia para investigar, es imposible que la Comisión de Corrupción llegue a Honduras.
