Tegucigalpa.- A la vez que se conmemoraba el 226 aniversario del arribo del pueblo garífuna a Honduras, en la comunidad de Sambo Creek, La Ceiba, Atlántida, terceros en compañía de agentes de la Policía Nacional procedieron a remedir un terreno comunitario alegando que este es propiedad privada.
La denuncia fue realizada por la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) a través de un video en donde se ven a los agentes policiales, miembros de la comunidad, a los terceros, y en el fondo injertos de plantas.
«Hoy 12 de abril cuando nos quieren venir a quitar nuestra tierra a la comunidad de Sambo Creek, mientras otros estaban celebrando, nosotros estamos aquí en la lucha, que cada día nos quieren despojar de nuestras tierras», se escucha en el audio que acompaña el video.
En la descripción de la pieza audiovisual se explica que «Sambo Creek es la comunidad garífuna donde existe mayor hacinamiento ante los múltiples despojos perpetrados desde la Municipalidad [de La Ceiba] y el Instituto de la Propiedad».
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Los territorios comunitarios de los pueblos garífunas han sido cooptados, en su gran mayoría, por proyectos turísticos y urbanísticos, así como empresarios e incluso políticos de las principales corrientes partidarias, que a través de la institucionalidad se han repartido ilegalmente las posesiones territoriales, codiciadas en gran medida por su cercanía a las paradisíacas costas del Caribe hondureño.
HONDURAS ANTE LA CORTE-IDH POR VIOLENTAR TERRITORIO COMUNITARIO DEL PUEBLO GARÍFUNA
Por estas acciones ilegales al amparo de la institucionalidad, el 8 de octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) declaró responsable al Estado de Honduras por la violación del derecho a la propiedad colectiva de las poblaciones garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, dictando una serie de reparaciones que a más de siete años siguen sin cumplirse.
El incumplimiento de las sentencias de la Corte-IDH por el Estado de Honduras ha permitido que los atropellos contra comunidades garífunas continúen y la violencia en su contra escale. Entre estos actos está la desaparición forzada del presidente del Patronato de la comunidad de Triunfo de la Cruz, Tela, Alberth Sneider Centeno y los jóvenes Suami Aparicio Mejía, Gerardo Mizael Róchez Cálix y Milton Joel Martínez, quienes fueron sustraídos de sus viviendas de forma violenta en un operativo dirigido, según testigos y vecinos de la comunidad, por elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la madrugada del 18 de julio de 2020.
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En el Foro Centroamericano de Donantes (CADF, por sus siglas en inglés) de 2022, en el panel referente al ‘Incumplimiento de las sentencias de la Corte IDH: el caso garífuna de Honduras’, el abogado del Bufete Justicia Para los Pueblos, Edy Tábora, refirió que se requieren de decisiones radicales por parte del Estado de Honduras para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte-IDH, especialmente en lo que respecta a los puntos resolutivos que refieren al saneamiento de la tierra y la investigación de la violencia ejercida contra el pueblo Garífuna.
Tábora explicó que para que ocurra el proceso de saneamiento, es necesario enfrentarse al modelo de negocios extractivos en Honduras. El abogado advirtió que el mismo implica la revisión, derogación o modificación de algunas leyes en el país, “y eso no es poca cosa, porque todas las leyes que han afectado al pueblo Garífuna, han sido inconsultas”. Agregó que además de impunidad, la falta de cumplimiento genera nuevos hechos de violencia.
El patrón de apropiación del territorio comunitario por parte de terceros, se replica en todas las comunidades garífunas de Honduras. El 4 y 5 de abril de 2022, se realizaron las audiencias públicas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso comunidad garífuna San Juan y sus miembros, en la cual se alega la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la “presunta falta de protección de las tierras ancestrales de las comunidades garífuna de San Juan y Tornabé, así como las presuntas amenazas contra varios de sus líderes y lideresas”.
