Tegucigalpa.- Comunidades del sur de Honduras y organizaciones de derechos humanos solicitaron al Congreso Nacional, a través de la comisión de asuntos constitucionales, derogar parcialmente el decreto 93-2021, que criminaliza a través de la figura de “usurpación de espacios públicos” a poblaciones que defienden la tierra y territorio.
La demanda es encabezada por las comunidades de la península de Zacate Grande en Valle y Los Prados en Namasigüe, Choluteca, con el acompañamiento de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, coordinada por la profesional del derecho Denia Castillo, que acompaña los litigios de ambos casos en el sur de Honduras.
La Red de Abogadas apuntó que a través de las reformas al Código Penal en relación al delito de usurpación “se sostiene la criminalización de los comunitarios de la península de Zacate Grande, propiciando violaciones a los DD HH de las poblaciones en resistencia”.
Así como, la relevancia de esta reforma en el derecho a la libertad de expresión y participación ciudadana en el caso del megaproyecto fotovoltaico Los Prados en Namasigüe, Choluteca.
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Desde el Bufete Justicia para los Pueblos, la abogada Kenia Oliva acompañó la exigencia señalando desde redes que el uso de “usurpación de espacios públicos” da lugar a “restricciones ilegítimas del derecho a participar en asuntos públicos, la libertad de asociación, la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión”.
La profesional del derecho de este equipo legal manifestó a Criterio.hn que la solicitud de derogación parcial esta sustentada en que no se siguió el proceso legislativo en la aprobación del decreto 93-2021. Es decir que no hubo socialización ni propuesta, tampoco comisión de dictamen y fue aprobado de prisa en una única sesión, mientras la población hondureña disfrutaba del asueto de la semana morazánica.
DEFENSORES DE LA TIERRA PERSEGUIDOS Y AMENAZADOS A TRAVÉS DE DECRETO 93-2021
En los casos de la península de Zacate Grande y Los Prados, la abogada Kenia Oliva compartió que ambas comunidades en el sur de Honduras “han sido perseguidas y amenazadas”, especialmente la primera por no contar con títulos de propiedad.
En Zacate Grande es “una resistencia de veinte años, en que [las y los pobladores] han sido acusados por el delito de usurpación” por parte de poderosas familias como la Facussé, entre otras, que aseguran ser las propietarias de las tierras de la península.
“La reforma al 93-2021 autoriza al Ministerio Público para desalojarlos, aun sin que exista un requerimiento fiscal. [En Zacate Grande], ellos han tenido 150 personas que han sido acusadas por el delito de usurpación”, explicó la abogada.
A menos de un año en que entró en vigor el nuevo Código Penal en 2020 —en el que inicialmente había una excepción para el delito de usurpación cuando las personas estuviesen resolviendo por la vía civil o administrativa la titulación de tierras— se eliminó la excepción a través de la reforma 93-2021 y se agravó el delito de usurpación, explicó.
Es a través de esta reforma a la figura de “usurpación de espacios públicos”, señaló Oliva, que se abre camino para que ocurran casos como el de Punta Gorda, en el que se desalojó y criminalizó el año pasado a los defensores de esta comunidad garífuna en el municipio de José Santos Guardiola, departamento insular de Islas de la Bahía, en el norte de Honduras.
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El diputado por Cortés del Partido Libertad y Refundación (Libre) y presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Ramón Barrios, afirmó que la delegación que dirige estará visitando la península de Zacate Grande para “constatar las dificultades” y “sobre todo darles respuesta desde la comisión a la reforma o la anulación y derogación del delito de usurpación”.
En febrero de este año, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, afirmó que la modificación al decreto 93-2021 es parte de la agenda legislativa y justificó que el retraso en la discusión de la misma ante el pleno es causada porque las modificaciones requieren una redacción especial.
