Tegucigalpa.- La totalidad de los barrios y colonias de los municipios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, han sido incluidos en el estado de excepción que ahora ha sido ampliado por 45 días más y se aplicará en 123 de los 298 municipios de Honduras.
El gobierno de Xiomara Castro amplió el estado de excepción vigente desde diciembre de 2022 por 45 días más, a través del Poder Legislativo, la medida coercitiva fue aprobada a través del decreto ejecutivo número PCM 10-2023.
La medida, que está contemplada en el decreto ejecutivo número PCM 10-2023, se prorrogará hasta el 6 de abril.
La Policía Nacional informó que 123 municipios estarán intervenidos por los entes de seguridad del Estado, y que la decisión se tomó luego de un análisis estadístico y de inteligencia policial que señalan esos municipios como territorios que pueden verse afectados por el fenómeno delictivo y la influencia de estructuras como maras y pandillas y otras agrupaciones criminales.
Ante esta ampliación, Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC) cuestionó “cuál es la intensión de este estado de excepción, la seguridad para quiénes”. De acuerdo con la defensora de derechos humanos no se ve una reducción drástica de la criminalidad.
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AMPLIACIÓN SIN TOMAR EN CUENTA RECOMENDACIONES DE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Desde la implementación de la medida el 6 de diciembre de 2022, con el cual, Xiomara Castro expresó declarar “la guerra a la extorsión”, a través del PCM 29-2022, y que luego fue ampliado en tiempo y territorio por medio del PCM 01-2023, que entró en vigor el 6 de enero de 2023, defensores, defensoras y organizaciones de derechos humanos alzaron la voz, ya que se decretó la suspensión de las garantías establecidas en la Constitución de la República en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99.
“Es una medida muy drástica para la gente más pobre, es una atención muy focalizada y esta medida tiende a estigmatizar los barrios y las colonias”, dijo Sánchez.
Para Sánchez esta estrategia tiene “tintes aporofóbicos” debido a que está dirigida a la población –probablemente con más delincuencia— pero la más pobre”.
Por su parte, Mirna Flores, investigadora en temas de seguridad, del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), señaló que la continuidad de los estados de excepción podrían incrementar las violaciones a derechos humanos y abusos policiales y militares.
Los decretos que contemplan la suspensión de las garantías constitucionales (PCM 29-2022 y PCM 01-2023), fueron ratificados y aprobados por el Congreso Nacional, mediante Decreto Legislativo No. 156-2022 y Decreto Legislativo No. 03-2023, respectivamente.
La ratificación y aprobación del Congreso se efectuó el pasado 16 de febrero, día en que se eligió a los nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE MANERA INTEGRAL
Según datos del Observatorio Nacional de la de Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Honduras registró una tasa de homicidios en el 2022 de 37.4 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Luego de la implementación del PCM 29-2022, la Policía Nacional reportó una disminución de homicidios del 50% en relación a enero de 2022.
Para el defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía, el estado de excepción es una media reactiva que no toca las causas de la violencia. “Es una medida que no va a cortar el grave problema de extorsión que hay en el país y lo único que va a hacer es minimizar el impacto”, señaló.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en su estudio “Impuesto de guerra: El fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras”, destaca que este delito recoge aproximadamente 18 mil 270 millones de lempiras, es decir 737 millones de dólares anuales.
Para Jessica Sánchez, es urgente que las autoridades implementen una estrategia diferenciada e integral de acorde a las necesidades del país.
Por su parte Joaquin Mejía dijo a Criterio.hn “exigimos que se aborde la criminalidad de una manera integral, no solo a través de la intervención policial y militar”.
Además, refirió sentirse preocupado porque no ve el abordaje de parte de Estado desde otros enfoques que permitan ir a las causas que generan este tipo de violencias.
Los analistas y defensores de derechos humanos, coinciden que la prevención de la violencia se debe realizar a través de la implementación de políticas públicas que garanticen a la ciudadanía hondureña, el goce absoluto de sus derechos fundamentales como la salud, la educación, vivienda, empleo, entre otros.
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CIFRAS
Según lo informado por la Policía Nacional en conferencia de prensa, desde la implementación del estado de excepción hasta el 20 de enero se registran 132 homicidios menos.
Además, informaron, la captura 4,233 personas por varios delitos, otras 415 detenciones de integrantes de grupos delictivos en municipios priorizados.
Asimismo, el decomiso de 836 armas de fuego; la eliminación de más de 42,000 arbustos de coca, la incautación de 80 kilos de cocaína y cerca de 3,000 libras de marihuana a nivel nacional.
Por otro lado, destacó el bloqueo de 523 billeteras electrónicas y el decomiso de 237 SiM-Cards, esto en coordinación entre la Secretaría de Seguridad, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) .
