Tegucigalpa. -Tras días de espera, Honduras al fin tiene una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ). El nuevo pleno de magistrados y magistradas tiene muchos retos y un largo camino por recorrer para recuperar la confianza de los hondureños en el sistema de justicia.
La estela de impunidad y beneficios que se otorgaron desde el Poder Judicial a funcionarios y personas allegadas al poder político y económico dejaron un mal sabor de boca en la ciudadanía que, en diferentes ocasiones, mostró su descontento con el actuar de los exmagistrados, principalmente con quien fungió como presidente del Supremo hondureño desde el 11 de febrero del 2016 hasta el 11 de febrero del 2023, Rolando Argueta.
Para varios conocedores del derecho, los principales retos de las nuevas autoridades del Poder Judicial son, la reducción de la mora judicial, contratación de más jueces y la reactivación de Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
A consideración del abogado constitucionalista Oliver Erazo, en este momento, los nuevos magistrados y magistradas no tienen la capacidad de reducir la mora judicial y no es porque no sean capaces, sino porque para lograrlo se ocupa suficiente presupuesto y contratación de personal.
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Erazo dice que la falta de personal en las diferentes sedes del Poder Judicial ha contribuido a que la mora judicial sea mayor cada año, pues no hay suficiente personal para abordar todos los casos que llegan a la Corte Suprema de Justicia.
Entre el personal que se requiere citó, además de los jueces, a secretarios, receptores, escribiente, archiveros y magistrados de la Corte de Apelaciones.
MORA JUDICIAL
Previo a vacar en sus funciones, la Corte anterior aseguró que la mora judicial actual era de 19%, luego de la implementación, a partir de 2016, del Plan Nacional de Erradicación de la Mora Judicial. En aquel entonces se estimó que los expedientes jurisdiccionales pendientes de una decisión final oscilaban entre 156,401 y 186,987.
Los datos anteriores han sido puestos en tela de juicio por parte de las nuevas magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Para la exintegrante de la Junta Nominadora, Julissa Aguilar, el principal reto es la organización del Poder Judicial a través de procesos de selección, pero no descarta la reducción de la mora judicial.
Según Aguilar la reducción de la mora judicial es indispensable para que el pueblo hondureño pueda sentir que la justicia está avanzando.
Asimismo, externó que la mora judicial es un problema histórico en el Poder Judicial, pero que se acrecentó durante la administración de Rolando Argueta, porque únicamente se dedicó a la construcción de sedes del Poder Judicial.
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“La anterior Corte Suprema de Justicia hizo varias luchas para reducirla [mora judicial], pero hubo bastante construcción de edificios, pero los edificios no imparten justicia, quienes hacemos la impartición de la justicia somos los seres humanos”, declaró Aguilar en un programa de televisión.
Para la togada la falta de personal no permite disminuir la histórica mora judicial.
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Julissa Aguilar sostiene además que una de las deudas pendientes es la reactivación del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, una lucha librada por algunas organizaciones para cambiar la estructura de una ley obsoleta que data de 1906 y que sigue organizando el Poder Judicial, dijo en alusión Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.
El Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial fue instituido en 2011 como el órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, con autonomía e independencia funcional y administrativa con la puesta en vigor, el 25 de noviembre de 2011, de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
La referida ley fue cuestionada desde su aprobación en el Legislativo, hasta que el 15 de abril de 2016 la Sala de lo Constitucional la declaró inconstitucional. De esa forma, todas las funciones administrativas recayeron en Rolando Argueta, una herencia que a partir del 16 de febrero recayó en la nueva presidenta de la Corte, Rebeca Lizette Ráquel Obando.
El ente, que fue desarticulado en 2016 luego que sus integrantes fueron envueltos en escándalos de corrupción, tenía entre otras funciones, nombrar y remover a magistrados de Corte de Apelaciones y jueces, así como a los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico,
Por su parte, el también abogado, Rodil Rivera Rodil, dijo a Criterio.hn que los principales retos que tienen los magistrados y magistradas es la de restaurar el Consejo de la Judicatura para que se defina y delimite las funciones judiciales y las funciones administrativas.
Por otro lado, mencionó que es tiempo de crear el Tribunal Constitucional que hasta ahora ha correspondido a la Sala de lo Constitucional.
Rivera Rodil coincide con otras opiniones en cuanto a que la reducción de la mora judicial es un reto enorme para las nuevas autoridades del Poder Judicial.
